SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de todos los diputados presentes (107), el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, una reforma cuya aprobación definitiva quedó pendiente en la anterior legislatura al disolverse la Cámara andaluza con motivo de las elecciones autonómicas que se celebraron el 19 de junio del año pasado.
El objetivo de esta reforma, según explicó ante el Pleno del Parlamento la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, cuando se sustanció su debate de totalidad, el pasado mes de marzo, es garantizar al colectivo de personas con discapacidad la accesibilidad en las estaciones de servicio de combustibles y carburantes, y con ella también se amplía a terceros el régimen sancionador por el mal uso de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
Así, la nueva ley establece que las instalaciones en las que se pongan a la venta, a través de máquinas expendedoras o suministradoras automáticas, o en la modalidad de autoservicio, combustibles y carburantes, deberán contar, en todo caso, con personal debidamente cualificado que asista a las personas con discapacidad.
De este modo, con la modificación efectuada, se determina que este tipo de instalaciones deberán cumplir, en todos los casos, los parámetros de accesibilidad previstos en la normativa UNE 170001-1 y 170001-2 (accesibilidad universal) o normativa de accesibilidad europea equivalente, así como los criterios de la norma UNE 139801:2003. En caso contrario, deberán contar, en el horario diurno comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, con una persona responsable que atienda las necesidades de las personas que presenten dificultades para acceder al servicio.
En la exposición de motivos de esta reforma legislativa se explica que, en 2017, la Comisión Europea había objetado a las autoridades españolas sobre las normativas autonómicas que exigen la presencia de personal en estas instalaciones por la posibilidad de vulnerar la libertad de establecimiento de empresas en otros Estados miembros que utilicen la estación de servicio automática como modelo de negocio y, por consiguiente, constituir una restricción incompatible con el Derecho de la Unión que dispone la eliminación de “los requisitos que obliguen a tener un número mínimo de empleados”.
“Procurando que se respete lo establecido en el ordenamiento jurídico español, y sin vulnerar los derechos de las personas con discapacidad que este otorga, se requiere que se respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación por razón de nacionalidad”, justifica el Gobierno andaluz en la exposición de motivos para explicar que se modifica el artículo 50.3 con una redacción que justifica la necesidad de personal si no se cumple con los requisitos de accesibilidad en la prestación del servicio.
USO INDEBIDO DE TARJETAS DE APARCAMIENTO
Por otra parte, se ha establecido en la nueva ley la modificación del régimen sancionador en materia de infracciones por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, con el objetivo de “evitar que todo el peso de las sanciones recaiga sobre las personas titulares, dejando impune la conducta de terceras personas que, en la mayoría de los casos, acaban siendo las responsables”.
La tarjeta es personal e intransferible, solo se puede usar para el transporte del titular y está “totalmente prohibida su cesión a terceras personas o su uso si el titular no es transportado”, según abunda el nuevo texto legal, donde se advierte de que, después de varios años de aplicación de dicho régimen sancionador, se ha detectado, “con bastante precisión, cuál es la tipología básica en el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida”.
Así, es “muy frecuente que las infracciones por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento consistan en el uso de la tarjeta por parte de terceros”, ya sea la tarjeta original sin transportar al titular, o directamente, una fotocopia, según detalla la exposición de motivos del nuevo proyecto de ley.
Por ello, según defiende el Gobierno andaluz, resulta necesario modificar este régimen sancionador para evitar que todo el peso de las sanciones recaiga sobre las personas titulares de las mismas, dejando impune la conducta de terceros que, en la mayoría de los casos, acaban siendo los responsables del uso indebido de la tarjeta, por lo que se contempla expresamente como sujeto infractor, no sólo al titular, sino al tercero.
Tras el debate de este proyecto de ley, y antes de la votación del mismo, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha tomado la palabra ante el Pleno para “dar las gracias a los grupos políticos por su trabajo para la modificación de esta ley y sus aportaciones”, y ha defendido que todos los parlamentarios tenían “el objetivo común de mejorar la vida de las personas con discapacidad”, y para ello, “paso que demos, paso que cuenta”, según ha valorado.
VALORACIONES DE LOS GRUPOS
En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Remedios Olmedo ha defendido las modificaciones introducidas en esta reforma legislativa, que, según ha valorado, pretenden “garantizar los derechos de las personas con discapacidad”, algo para lo que, no obstante, “queda mucho por hacer”, según ha admitido la parlamentaria, que ha puesto de relieve que los ‘populares’ han aceptado “dos de las tres enmiendas que ha admitido la Mesa” para este proyecto de ley.
En cambio, la parlamentaria del PSOE-A Pilar Navarro ha considerado que se ha perdido “una oportunidad para haber traído una modificación mucho más amplia y en tiempo y forma” de esta ley, y ha remarcado que “esta modificación normativa viene de la legislatura anterior”, cuando “ya se estaba tramitando en el Parlamento” andaluz, pero que, según ha criticado, “la calculadora electoral” del presidente de la Junta, Juanma Moreno, “la dejó en el tintero” al convocar elecciones autonómicas para el 19 de junio de 2022, alrededor de seis meses antes de lo previsto.
La diputada de Vox Mercedes Rodríguez también ha lamentado que no se haya abordado una modificación “más ambiciosa” como demandaban las personas con discapacidad y los agentes del sector, para garantizar sus derechos fundamentales. “Se debería haber hecho una modificación más decidida y valiente”, según ha incidido Rodríguez, quien ha apuntado que hay mucho por hacer por estas personas y “no podemos quedarnos solo en los gestos de gratitud, debemos actuar y hacer frente a las necesidades reales” de estos colectivos para “garantizar” que puedan llevar “una vida plena y sin barreras”.
Por último, la diputada de Por Andalucía Alejandra Durán ha valorado que las reformas que introduce esta iniciativa “han sido demandadas por los agentes sociales” y son “importantes” para el colectivo de personas con discapacidad, si bien ha advertido de que “queda mucho por hacer” y “esto no acaba ni debe acabar aquí”, por lo que “desde el Gobierno de la Junta se deben aumentar los esfuerzos y desarrollar políticas e iniciativas encaminadas a esta parte de la sociedad andaluza con la urgencia que requiere” dada la “vulnerabilidad” a la que se enfrentan estas personas, según ha subrayado.
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