SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)
La presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo, ha realizado este jueves un llamamiento a favor de emprender en la comunidad autónoma “un proceso de simplificación desde la evaluación normativa” que permita aplicar una “poda” en el ordenamiento jurídico.
Así lo ha trasladado la presidenta del Consejo Consultivo en el transcurso de una intervención en la I Jornada de Simplificación Administrativa ‘El necesario avance en el proceso simplificador en Andalucía’, que se desarrolla este jueves en Sevilla, organizada por la Dirección General de Administración Periférica y Simplificación Administrativa, y el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) con la colaboración del Consejo Consultivo de Andalucía y el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y en la que también ha participado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
En ese marco, María Jesús Gallardo ha advertido del “error de concebir la simplificación como postulado superficial, adoptando posiciones simples que difícilmente llegarán a la raíz real de la complejidad, o que lo harán sólo de forma temporal con un balance que, a la larga, estará abocado al fracaso”.
María Jesús Gallardo ha remarcado que el Consejo Consultivo se encuentra “fuertemente comprometido con el proceso de simplificación, parámetro necesario para lograr la ansiada eficacia de nuestras administraciones públicas que tan reiteradamente reivindicamos en nuestros dictámenes”, según ha abundado para valorar la celebración de jornadas como la de este jueves en las que “se descienda de la discusión teórica al terreno de juego”.
POR UN “CAMBIO NORMATIVO”
“Para evitar quedarnos en la mera declaración de intenciones, hay que llevar a cabo un cambio normativo que vaya hasta el impacto en la generación del valor público”, ha sostenido la presidenta del Consejo Consultivo, que ha apostillado que para ello “no existen fórmulas mágicas ni soluciones simples”.
Tras subrayar que “simplificar es hacer los procesos más sencillos, fáciles y menos complicados”, María Jesús Gallardo ha aludido a la “compleja tarea de pergeñar un plan reflexionado y adecuado a su objetivo”, y a la necesidad, a su juicio, de “emprender un proceso de simplificación desde la evaluación normativa”.
Al respecto, ha comentado que, “con frecuencia, operadores jurídicos comprobamos con inquietud cómo los códigos y los compendios legislativos se van convirtiendo en un enorme cementerio de leyes muertas, bien por su obsolescencia, o porque el exceso de Derecho, un ordenamiento que nadie evalúa, termina provocando su inoperatividad, su inefectividad real”.
En esa línea, se ha declarado “convencida” de que “una de las medidas más eficaces de simplificación es la necesaria poda a la que se ha de someter el ordenamiento jurídico, y hacerlo depurando los productos normativos mediante un adecuado sistema de evaluación, derogando a continuación lo que ha devenido inútil y clarificando lo que deba mantenerse”.
Al hilo, ha reivindicado el “apoyo institucional del Consejo Consultivo orientado a ese fin”, y ha defendido que el organismo “tiene mucho que aportar en este proceso simplificador, bien sea a través de la constitución de ponencias especiales sobre simplificación que cristalice en propuestas concretas, o bien a través de algo más complejo pero perfectamente factible, como es, siguiendo el modelo impulsado por el Consejo de Estado, con la creación de una comisión de estudios e impacto normativo dirigida a tal fin, aunque para ello deba abordarse la reforma de su ley regular”, según ha abundado.
Ha agregado que, con ello, se conseguiría, por un lado, “cumplir el designio de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que “decidió procedimentalizar los principios de buena regulación, entre los que se halla la evaluación ‘ex post’ de las normas”, una tarea, según ha continuado, que “no puede asumir el Estado respecto de las normas autonómicas”.
“NO HAY MEJOR MOMENTO QUE EL AHORA” PARA LA SIMPLIFICACIÓN
Además, se podría así “atender al requerimiento que hace la OCDE y actuar en consonancia a como lo están haciendo países de nuestro entorno”, según ha puesto de relieve la presidenta del Consejo Consultivo, que ha concluido que “no hay mejor momento que el ahora para emprender este cometido”, un objetivo al que Andalucía “puede y debe contribuir de modo decisivo”.
De igual modo, a lo largo de su ponencia ‘La simplificación del procedimiento: entre la eficacia y la garantía’, Gallardo ha apostado, entre otras medidas, por generar normas solo si son necesarias, elaborar un catálogo de trámites actualizado y que sea útil con solicitudes estandarizadas con criterios de sencillez, o posibilitar renovaciones automáticas cuando se mantengan las mismas condiciones y requisitos iniciales.
En cuanto a las “luces y sombras” del proceso simplificador llevado a cabo por la Ley 11/2007, de acceso electrónico, Gallardo ha defendido que “no habrá procedimiento administrativo simplificado sin una estrategia organizativa y tecnológica clara de todo el sector público en su conjunto”, y ha apuntado que, aunque el formato electrónico acumula “grandes virtudes, se da por supuesto que la conversión electrónica, sin necesidad de ningún tipo de ajuste, redundará en la mejora de la agilidad y sencillez de cualquier procedimiento, lo que no es así”, según ha puntualizado.
Además de la presidenta del Consejo Consultivo, también han participado en una mesa redonda en el inicio de esta jornada la jefa del gabinete jurídico de la Junta, María Dolores Pérez Pino, que ha departido sobre ‘La simplificación administrativa ante las coyunturas económicas problemáticas’, y Beatriz Idígoras Molina, jefa del área de asuntos consultivos del Gabinete Jurídico, quien ha hablado de la Ley ómnibus y simplificación administrativa.
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