SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha sostenido este martes sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que registró el lunes en el Congreso de los Diputados el Grupo Socialista, que “supone un claro retroceso en la lucha contra la corrupción y una grave vulneración de los derechos fundamentales”.
El director de la Oficina Andaluza contra el Fraude, Ricardo Puyol, ha afirmado que la propuesta de Ley Orgánica quiebra el principio de igualdad jurídica recogido en el artículo 14 de la Constitución española, según una nota de este organismo.
“Estamos ante la vulneración del principio de igualdad, en tanto que este nuevo marco jurídico diferencial provoca una flagrante desigualdad entre ciudadanos que, habiendo cometido graves delitos de corrupción pública en Cataluña, van a verse favorecidos de un trato diferenciado respecto a otras personas condenadas por delitos análogos en Andalucía”, ha argumentado Puyol.
“La misión, naturaleza y competencias de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción nos lleva a la obligación de denunciar públicamente que la amnistía supone un ataque frontal y manifiesto al Estado social y democrático de Derecho, a la división de poderes, a la independencia judicial y a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”, prosigue argumentando el texto de este organismo, antes de precisar que “en lo que concierne específicamente a la labor de esta Oficina, a la respuesta igualitaria de las instituciones del Estado en su lucha integral contra la corrupción”.
Este organismo ha sostenido que “no es objetivo ni razonable” dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales sobre “el gravísimo entramado delictivo que será finalmente objeto de la amnistía”.
La Oficina antifraude andaluza ha remarcado que se posiciona en la línea expresada en diferentes comunicados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), así como por numerosas asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, de la Abogacía, y por otros agentes del ámbito económico, político, jurídico y social en Andalucía.
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