SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha desgranado el anteproyecto de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), cuyo inicio de tramitación ha sido aprobado este martes por el Consejo de Gobierno. Entre los detalles que recoge el texto, que ahora será sometido a información pública y a los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consultivo, éste reconoce “por primera vez” que los alumnos “tendrán derecho por Ley a un sistema de bonificación de los precios de la matrícula, lo que permitirá blindar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior”.
En su exposición en rueda de prensa, Gómez Villamandos ha explicado también que la nueva Ley prevé la obligación para las universidades privadas de reservar un 3% de sus ingresos anuales para destinarlos a becas y ayudas al estudio y que un 5% de sus presupuestos sirvan para financiar planes propios de investigación. Habrá más requisitos para poder abrir una institución académica privada en Andalucía, como que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria “contrastada” en el servicio público de educación superior.
En el apartado de proyección internacional, se fija como obligación disponer del B2 en un idioma extranjero tanto para la obtención del título universitario como para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor. Esta condición será obligatoria a partir de octubre de 2029, ha puntualizado el consejero, que ha asegurado fondos para que las universidades puedan ayudar a los estudiantes y profesores que así lo necesiten. Estos fondos ya se reservan para la acreditación del B1.
En materia de financiación, “con el fin de dar mayor seguridad y garantía al sistema, la Ley recoge la posibilidad de que las universidades incorporen a su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) la figura de un interventor. Gómez Villamandos se ha detenido también en las medidas que quiere impulsar el Gobierno andaluz a través de la LUPA para la retención del talento, de forma que los profesores universitarios logren su estabilización en torno a los 35 años frente a los 45 de la actualidad.
Para dar estabilidad a la carrera académica del profesorado, el anteproyecto introduce una serie de medidas entre las que destacan la posibilidad de que el Personal Docente e Investigador (PDI) colabore con otros agentes del sistema del conocimiento, “mejorando así la competitividad de las universidades andaluzas”; o que se adscriba a cualquier otra administración durante seis meses para adquirir nuevos conocimientos o reciclarlos.
De igual modo, introduce figuras profesionales en el profesorado para dar estabilidad y adelantar el inicio de la carrera académica, como es el caso del ayudante doctor, que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) había eliminado previamente, y el del ayudante doctor vinculado al sistema sanitario. Estos perfiles, junto a los programas posdoctorales de excelencia, “garantizarán” un relevo generacional de calidad que refuerce el sistema universitario.
La norma también aboga por limitar los contratos de profesores sustitutos y por transformar esos cuerpos en figuras estructurales, con el fin de eliminar la precarización laboral de la plantilla universitaria. En política de personal, el texto legal plantea que Andalucía no aplicará a los programas dedicados a la captación y retención del talento la limitación de 120 horas lectivas que impuso la LOSU a la dedicación del profesorado.
En el articulado también se determina la disposición de un “modelo de financiación común” para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, que tendrá que contar con una estructura ya definida en tres grandes bloques. El primero alude a la financiación básica armonizada, destinada a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento.
El segundo hace referencia a la financiación según resultados, articulada a través de los contratos programas; y el tercero, a la de nivelación, que, atendiendo a las singularidades de cada una de las instituciones académicas, permitirá corregir posibles desviaciones producidas por la aplicación de otros modelos anteriores. Este reconocimiento por Ley también se hace extensible a los remanentes –transferencias de la Junta de Andalucía realizadas a las universidades públicas que no se han ejecutado–.
Otro de los aspectos en los que “profundiza” el anteproyecto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales, con los que los estudiantes podrán mejorar sus competencias de manera “flexible y más ajustada” al mercado laboral. En cuanto a los consejos sociales –en los que se reducirá el número de miembros–, se “refuerzan” sus funciones en la captación de fondos, se introduce una partida finalista en los presupuestos de la Junta y se establecen “mayores exigencias de transparencia y objetividad” en sus actividades.
En materia de coordinación, se crea el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria para ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades. También se fija la puesta en marcha de un Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía y de un observatorio de satos. La LUPA, junto a la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), “constituyen uno de los principales pilares en los que se sustenta la mayor reforma del sistema universitario andaluz de los últimos treinta años que está acometiendo la Junta de Andalucía y que culminará este nuevo curso”, ha asegurado el consejero Gómez Villamandos.
Además de esa renovación normativa, también se han puesto en marcha otros cambios estructurales como el nuevo modelo de financiación para el sistema público, la aprobación del decreto de ordenación de enseñanzas, que ha desembocado en la programación universitaria a implantar a partir del curso 2025/2026 o la mejora salarial y laboral de docentes e investigadores y del personal técnico, de administración y servicios.
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