SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha mostrado su preocupación este viernes por que el Gobierno central pueda utilizar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que rechaza el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Junta contra el impuesto estatal a las grandes fortunas para seguir “vaciando” a Andalucía de competencias en materia fiscal.
En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz ha querido dejar claro que respetan la sentencia del TC, que aún no ha sido notificada oficialmente a la Junta, y ha añadido que no cabe duda de que el impuesto a las grandes fortunas que estableció el Gobierno central fue “contra Andalucía”.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional, según ha explicado Sanz, el Gobierno andaluz dará la opción a los grandes contribuyentes de que decidan si quieren pagar su impuesto en la comunidad o que lo recaude el Estado. Ha apuntado que los contribuyentes con menos de 3,7 millones de euros seguirán bonificados al cien por cien en el impuesto de patrimonio en Andalucía, mientras que los que declaren más de 3,7 millones de euros de patrimonio podrán decidir si tributan en la comunidad o a nivel nacional.
En este sentido, según ha apuntado, se tendrá que desarrollar por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la iniciativa normativa correspondiente, y ha señalado que, en todo caso, todos los contribuyentes que declaran actualmente el impuesto de patrimonio por importe de menos de 3,7 millones de euros, que están bonificados ya por la normativa andaluz, van a poder seguir haciéndolo.
Andalucía quiere “competir con los mejores y eso significa que tenemos que tener menos impuestos y una simplificación administrativa fundamental que estamos también desarrollando”, según ha indicado Sanz, apuntando que se está construyendo una Andalucía “que sea el mejor sitio para invertir”.
Para Sanz, con ese impuesto a las grandes fortunas, lo que ha hecho el Gobierno central es un “atentado a la autonomía financiera” de las comunidades y todo lo que se traslada desde el TC es una jurisprudencia que pone en “peligro nuestra capacidad fiscal y poder intervenir sobre otras capacidades que tenemos desde el punto de vista de los impuestos”.
Ha recalcado que llama mucho la atención “el ataque” que el Gobierno de la nación ha hecho contra Andalucía, porque el porcentaje de personas que declaren un patrimonio superior a 3,7 millones “es mínimo”, pero la repercusión “sí es máxima, porque una inversión perdida, como consecuencia de no ser atractivo desde el punto de vista fiscal, significa una pérdida de empleo”.
“Lamentablemente, esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez lo que provoca es que perdamos oportunidades de inversión”, ha apuntado.
Ha insistido en que es evidente que la decisión del TC “cuestiona” la autonomía financiera y fiscal de las comunidades. “Vemos peligrosa que la jurisprudencia que genera esta sentencia pueda ser utilizada por las maldades de Sánchez, que es evidente que las tiene, para seguir vaciando de competencias a Andalucía en materia fiscal”, ha dicho.
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