Sale a información pública la orden que regula el nuevo modelo de concurso abierto y permanente con tres procesos anuales
SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha publicado el borrador de orden por el que se va a regular el nuevo modelo por el que los funcionarios andaluces podrán promocionar, el concurso abierto y permanente, que, según ha defendido este miércoles el titular de este departamento, José Antonio Nieto, permitirá la promoción de los empleados públicos de forma “más ágil”.
El consejero de Función Pública ha abordado esta cuestión en el transcurso de una comparecencia en comisión parlamentaria sobre el nuevo decreto que regula la selección y el acceso al empleo público, que recoge este nuevo sistema.
Se trata, según ha subrayado Nieto, de un modelo de concurso que permitirá la promoción de los empleados públicos de forma más ágil, mientras que la administración pública podrá cubrir más puestos con carácter definitivo y, con ello, “mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía”.
Ha detallado que el proyecto de orden que regulará este concurso abierto está desde este miércoles expuesto a información pública para recoger aportaciones, por un plazo de 20 días, y ha subrayado que el texto ha sido “acordado” en la Mesa Sectorial de Administración General y cuenta con un “amplio respaldo” de las organizaciones sindicales representadas en la misma.
El consejero ha agregado que “la lentitud y los problemas de los procesos para la movilidad de los funcionarios era una demanda histórica de los sindicados que atajará este concurso abierto y permanente que va a ser una realidad dentro de nada”.
Ha detallado que habrá una convocatoria única anual y garantizará al menos una oferta de puestos y una resolución de adjudicación cada cuatro meses. Serán puestos que no estén incluidos en procedimientos selectivos, en litigios o en modificaciones de Relaciones de Puestos de Trabajo.
Podrán concursar los funcionarios que lleven al menos dos años en un mismo puesto y, tras obtener un nuevo destino, también deberán permanecer un mínimo de dos años antes de concursar de nuevo. Para “agilizar la baremación”, se trabaja en automatizar el proceso a través del sistema ‘Sirhus’.
El consejero ha defendido que este modelo supone un “cambio estructural” en la provisión de puestos garantizando “mayor estabilidad, transparencia y rapidez en la cobertura de vacantes”.
Además, ha reivindicado que el decreto que “moderniza la regulación de los procesos de acceso y selección al empleo público en la administración autonómica que desarrolla la Ley de Función Pública aprobada en 2023 y sustituye a una regulación que databa de 2002, facilita la promoción de los funcionarios tanto vertical como horizontal, la movilidad de las víctimas de violencia de género y la adaptación de los puestos de trabajo a las personas con discapacidad que acceden a la Junta, porque está muy bien incorporarlas a la administración pública, pero sirve de muy poco si no les adaptamos su puesto de trabajo”.
No obstante, Nieto ha subrayado que la importancia de este decreto, que también ha destacado que cuenta con un “amplio consenso” con los sindicatos, es que “regula toda la vida profesional del funcionario, desde que comienza como opositor, la forma de acceder a la Función Pública, el desarrollo de su carrera profesional, hasta su jubilación”.
Además, ha indicado que es uno de los “eslabones clave” de la plena transformación del “ecosistema de trabajo” que la Junta está llevando a cabo en su administración para “adecuarla a las necesidades del siglo XXI y de la sociedad a la que presta servicio”, y ha subrayado que estos cambios llegan en un momento en el que “se afronta como reto la jubilación del 40% de la plantilla de aquí a 2030”.
“CAPTAR TALENTO”
El consejero ha comentado también que, “ante esta necesaria renovación”, la Junta aspira a competir con la empresa privada a la hora de “captar talento” y nuevos perfiles profesionales, “agilizando y actualizando los procesos de selección, respetando siempre los principios de publicidad, mérito y capacidad”, ha precisado.
En este sentido, ha señalado que “los procesos selectivos se adecuarán a las funciones y necesidades de cada puesto”. Para ello, “la memoria dejará de ser el único elemento para valorar”, por lo que se introducirá el periodo de prácticas como parte del proceso selectivo, que será necesario superar para acceder definitivamente a una plaza, ha explicado.
Asimismo, ha detallado que “se eliminará burocracia y estos se digitalizarán para acortar el tiempo entre la convocatoria de la oferta de empleo y la toma de posesión de las plazas, incluyendo el currículum digital, que va a ayudar a ser más ágiles en la baremación de los méritos”.
El decreto permite también “planificar las necesidades con previsión, para ordenar las ofertas de empleo, hacerlas más transparentes, accesibles y cumplir con la normativa europea de reducir al mínimo la temporalidad”.
Para ello, se convocarán un 20% de plazas adicionales para constituir una bolsa de personas que, habiendo aprobado sin plaza, en el orden correspondiente, accedan a nuevas vacantes que –“por jubilación u otras circunstancias sobrevenidas”– se produzcan antes de que se convoque una nueva oferta, “evitando así tener que cubrirlas con interinos”.
Nieto ha concluido incidiendo en que se trata de adecuar la Administración de la Junta “al siglo XXI” y “humanizar el trabajo porque es una administración constituida por personas y nacida para prestar servicio a otras personas”.
CRÍTICAS DEL PSOE-A y VOX
En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PSOE-A Víctor Torres ha calificado de “muy técnico, largo y complejo” el decreto que ha detallado el consejero, y ha subrayado que ha contado en las mesas de negociación con el voto en contra del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que es “mayoritario”, por lo que su rechazo “no es algo menor”, según ha remarcado.
Ha replicado además al consejero que no escuchará decir a “ningún sindicato” que este “es su decreto”, aunque lo hayan validado en la mesa de negociación, y “no todo el mundo está de acuerdo con todo lo que se regula” en él, así como ha denunciado que la Consejería ha trabajado en su elaboración “con una total opacidad, sin transparencia y sin información ninguna”. Tras ello, ha espetado a Nieto que el Grupo Socialista “se siente engañado” por la Junta tras el proceso de negociación de la Ley de Función Pública que el PSOE-A apoyó en el Parlamento, según ha recordado.
Por su parte, el parlamentario de Vox Benito Morillo ha reprochado al Gobierno del PP-A que mantiene “el modelo de una Administración hipertrofiada, ineficaz y costosa” que su grupo lleva “años denunciando”, y que está “secuestrada por esas élites sindicales que están sometidas a los dogmas ideológicos de la izquierda y diseñada para perpetuar privilegios y estructuras innecesarias”, ha añadido.
En esa línea, ha tachado de “parche” el decreto que ha defendido el consejero, y ha opinado que “no resuelve los problemas fundamentales de nuestra función pública, el exceso de estructura administrativa, la duplicidad de organismos, el derroche en asesores y en altos cargos que, a menudo, son innecesarios”, tras lo que ha concluido denunciando que el PP-A mantiene desde la Junta “una administración sobredimensionada, repleta de agencias, chiringuitos y puestos innecesarios que drenan todos los recursos de los andaluces”, dando continuidad así a “los mismos vicios del socialismo”, según ha concluido.
Frente a estas críticas, el diputado del PP-A Juan Manuel Marchal ha defendido que este decreto deriva de “un amplio proceso participativo” como “acostumbra” a hacer el Gobierno de Juanma Moreno para “conseguir que Andalucía esté a la vanguardia y sea esa comunidad líder que queremos ser”.
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