La consejera Rocío Díaz confirma que se han presentado 35 alegaciones al anteproyecto de la Ley de Vivienda que está ya tramitando el Gobierno andaluz
SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha anunciado este jueves que pedirá al Gobierno de España una “rectificación” por amenazar con la retirada de fondos en materia de vivienda a las comunidades autónomas que no apliquen la Ley de Vivienda y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “chantajear” en un “intento desesperado por disimular su fracaso” en esta materia.
En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, la consejera andaluza ha afeado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que “intentara culparnos a las comunidades” del “fracaso” de la Ley de Vivienda, que “no ha surtido el efecto” que se buscaba –bajar el precio tanto de compra como de alquiler– y que, por tanto, “debe ser corregida”. “La Ley se gestó de espalda a las comunidades, no se nos escuchó y ahora urge retomar el tema” y realizar un “análisis riguroso” tras cumplirse un año de su aplicación.
Así lo ha avanzado Rocío Díaz minutos antes de participar en Madrid en la conferencia sectorial de vivienda y agenda urbana convocada por el Ministerio de Vivienda. Una conferencia en la que todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, harán valer el comunicado conjunto que han firmado para expresar su “rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda”.
La consejera andaluza ha sostenido que la Ley de Vivienda ha tenido “efectos nocivos” en el mercado, al fomentar la “retirada de vivienda”, provocar “inseguridad jurídica” y “facilitar la ocupación”. La responsable autonómica ha asegurado que en Andalucía la Ley “se aplica” pero que hay “preceptos” que “son potestativos de cada comunidad”, en alusión a la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los precios.
“Son los ayuntamientos los que solicitan a la comunidad autónoma que quieren declarar una zona tensionada. En el caso de Andalucía, ningún ayuntamiento ha solicitado esta cuestión y, a partir de ahí, nosotros no hemos tenido que decir sí o no a las zonas tensionadas”, ha defendido Díaz, que ha dejado claro que desde Andalucía no se es partidario de intervenir en el mercado de la vivienda.
En contraposición a la Ley estatal, la consejera ha explicado que Andalucía está tramitando ya su Ley de Vivienda, a la que ha recibido 35 alegaciones. Con ella, la Junta pretende “facilitar más vivienda asequible” mediante la incorporación de suelo dotacional para hacer construir vivienda; crear áreas prioritarias de vivienda y elaborar un “inventario único” del parque público que hay en toda Andalucía.
La Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores) ha instado a las administraciones públicas a “declarar la situación de emergencia para asimilar la construcción de vivienda al procedimiento que se usa para otras situaciones de emergencia”, caso del ámbito sanitario o en la lucha contra la sequía. Es una de las medidas reclamadas por los promotores andaluces en el marco de la tramitación de la Ley de Vivienda de Andalucía, a cuyo anteproyecto han presentado alegaciones, y de la que destacan que permitirá “una oferta y demanda más equilibrada y eficiente en el futuro”.
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