SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
La Junta de Andalucía ha criticado este jueves que el Gobierno de España “persista en el chantaje y la amenaza” a las comunidades autónomas, condicionando los fondos para vivienda a cumplir o no medidas que son potestad exclusiva de cada autonomía. Así lo ha trasladado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la conferencia sectorial de vivienda celebrada en Madrid, en la que ha pedido expresamente a la ministra, Isabel Rodríguez, que “rectifique” y “cese” en esa política de “castigos y premios que lo único que provoca es desigualdades entre unas comunidades y otras”.
En una nota de prensa remitida por la Consejería, Rocío Díaz ha señalado que este “chantaje” responde únicamente a “un intento desesperado de disimular su fracaso en política de vivienda e intentar culpar ahora a las comunidades autónomas de una Ley insostenible”. “La Junta de Andalucía cumple la Ley estatal de Vivienda, pero hay una parte que es potestativa de cada comunidad autónoma, entre las que se encuentran las zonas tensionadas, que deciden las autonomías”, ha enfatizado.
La consejera ha insistido en que el Gobierno andaluz “no está de acuerdo con intervenir el mercado y no vamos a aplicar esas zonas tensionadas” como propone la Ley de Vivienda, ya que “son recetas que se han demostrado en este último año y medio que no solucionan los problemas, sino que los agrava, ya que los precios han subido, hay más inseguridad jurídica y los casos de ocupación ilegal también han aumentado”.
En esta línea, ha revindicado que Andalucía tiene “el derecho y la potestad” de aplicar sus propias políticas “sin interferencias del Estado”. De hecho, ha precisado que el Gobierno de Juanma Moreno ya cuenta con un anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que “tiene como principal propósito poner más viviendas a precio asequible en el mercado, que es la única vía posible para paliar y resolver los problemas actuales”.
Una Ley con “sello andaluz” que se está trabajando “desde el diálogo y el consenso de todas las partes” y que “no tiene nada que ver con una Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez que ni fue consensuada ni dialogada con las comunidades”, pese a que tienen las competencias transferidas y que “siempre hemos estado abierto al diálogo en un tema tan sensible como el que nos ocupa”. “Con ese talante hemos venido y ya lo advertimos en la pasada conferencia sectorial, que había que tomar decisiones, algo que no lo dice el Gobierno andaluz, sino expertos que han analizado la situación en la que se encuentra la vivienda en España”.
Rocío Díaz ha incidido en que “el Gobierno de España no escucha a las comunidades y sólo quiere imponer su criterio”. En ese sentido, ha puesto como ejemplo el Bono Alquiler Joven, donde “ha vuelto a hacer caso omiso a las sugerencias que hemos realizado desde Andalucía para evitar trabas innecesarias desde el origen”. Al respecto, ha incidido en que el Gobierno andaluz ya advirtió durante el diseño de la primera convocatoria del Bono Alquiler Joven, en 2022, de los problemas que acarrearían los criterios impuestos por el Ministerio de Vivienda que “finalmente se han traducido en una pesadilla administrativa para la mayoría de las comunidades y, sobre todo, para sus solicitantes”.
“Si quieren que el dinero llegue pronto a los jóvenes, deben simplificar la tramitación, aunque eso suponga cambiar el decreto actual”, ha añadido. En ese sentido, la propia ministra de Vivienda “ha llegado a poner en duda” el contenido del actual Real Decreto que regula el Bono Alquiler Joven, hasta el punto de plantear “la no realización de esta nueva convocatoria”. Al respecto, Andalucía ha votado a favor de ponerla en marcha, aunque insistiendo en la necesidad de “cambiar el modelo de gestión condicionado por el Ministerio de Vivienda”.
Por otra parte, la responsable andaluza ha solicitado al Ministerio que haya “una mayor flexibilidad” a la hora de la utilización de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda. Rocío Díaz ha insistido en que las comunidades autónomas puedan repartir los fondos en función de las líneas que sí han funcionado y que ya no tiene más crédito. “Nuestro deber, como administraciones, es que se ejecute hasta el último euro procedente de Europa y no se puede perder por escollos burocráticos”, ha señalado.
De igual manera, la titular de Fomento ha solicitado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que el futuro Plan Estatal de Vivienda cuente con un marco regulatorio “favorable” y que “no se limite exclusivamente a la mera aportación de recursos”. En ese sentido, ha hecho algunas consideraciones, como pedir mayor autonomía para definir los programas y que se adecúen a las necesidades de vivienda de cada territorio.
Asimismo, ha planteado que el plan estatal “ahonde” en la simplificación administrativa, que esté dotado con recursos extraordinarios como los Next Generation y que apueste por “medidas extraordinarias” para promover la vivienda nueva y la rehabilitación, no sólo enfocado a la eficiencia energética, sino a otras cuestiones como la conservación, la accesibilidad y la mejora de los barrios en situación de vulnerabilidad.
- Te recomendamos -
