SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha denunciado este lunes el “nuevo agravio” que supone para Andalucía el acuerdo del Gobierno con la Generalitat de Cataluña para la cesión de competencias en la selección y formación de los funcionarios de habilitación nacional.
El consejero ha argumentado que la decisión “ahonda en la desigualdad entre territorios y compromete los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública”.
En un comunicado remitido a Europa Press, Nieto ha expresado el “rotundo rechazo de la Junta” a ese traspaso por cuanto ha calificado de “un privilegio injustificado” hacia Cataluña que entraña “romper la unidad de la función pública local y perjudica a comunidades como Andalucía”.
Nieto ha argumentado que esos funcionarios, entre quienes se encuentran los secretarios, interventores y tesoreros municipales, ejercen “un papel clave” en la gestión y el control de la Administración municipal y por ello su selección debe mantenerse en el ámbito estatal para garantizar la neutralidad e independencia de estos profesionales.
“Una vez más, el Gobierno central cede a las presiones independentistas, otorgando a Cataluña un trato diferenciado que mina la igualdad entre territorios y desprotege a los municipios andaluces”, ha inferido el consejero de ese acuerdo.
“No podemos permitir que Andalucía quede relegada mientras se otorgan competencias estratégicas a una sola comunidad autónoma, afectando al normal funcionamiento de nuestras administraciones locales”, ha añadido.
Ha remarcado que son los propios habilitados nacionales quienes han expresado su “profundo rechazo” a este acuerdo a través del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital).
Para este organismo colegial la decisión afectará gravemente al día a día de ayuntamientos y diputaciones con el argumento de que “fragmentará el actual sistema de selección y provisión único para todo el país, y pone en riesgo su eficacia, debilitando los controles esenciales para la transparencia y el buen gobierno local”.
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