CÓRDOBA, 21 (EUROPA PRESS)
La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha destacado este miércoles “la necesidad de que la administración continúe actuando con contundencia ante las agresiones a los profesionales del sistema sanitario público que lo que hacen es desempeñar su labor profesionalidad”.
Por eso, ha añadido la responsable de Salud y Consumo en la provincia, “desde los centros y desde la Comisión Provincial de Agresiones estamos poniendo todos los mimbres formativos y de coordinación para tratar de reducir las agresiones y para que en el caso de que se produzca ofrecer toda la ayuda y acompañamiento necesarios al profesional que es agredido”.
Así se ha pronunciado Botella en una nota tras presidir la reunión de la Comisión Provincial de Agresiones a Profesionales de la salud de la provincia, que es el órgano constituido para seguir y coordinar las incidencias en este ámbito y en el que están presentes los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, los responsables de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros y EPES y los letrados de la administración sanitaria.
Los centros del sistema sanitario público en el marco del Plan de Prevención y Atención frente a agresiones ponen medidas en marcha –formativas, de planificación e instrumentales– para reducirlas. Además, durante este encuentro se ha informado de que la provincia ha registrado el año pasado 133 agresiones a los profesionales del sistema sanitario público andaluz de las que el 5,26%; es decir, siete de ellas han sido físicas.
El encuentro ha contado como invitados con representantes del Colegio de Médicos y de Enfermería de Córdoba. Botella ha agradecido “el esfuerzo de los profesionales que día a día trabajan para en el marco del Plan de Prevención y Atención frente a agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) implementando medidas formativas, de planificación e instrumentales para tratar de reducirlas”.
En este ámbito, la delegada territorial ha destacado “la importancia de la labor preventiva y también la posterior a una agresión, en las que es determinante la actuación y labor conjuntas de Guardia Civil y Policía Nacional que diariamente trabajan para mantener y garantizar la seguridad en los centros sanitarios”, a la vez que ha reiterado que “es necesario concienciarse de que no se puede justificar bajo ningún concepto que un profesional del sistema sanitario público sufra un acto violento por desarrollar su labor”.
HERRAMIENTAS FORMATIVAS Y DE COORDINACIÓN
Para mejorar la comunicación de los profesionales de las agresiones que sufren en el marco de su desempeño profesional la Comisión ha puesto sobre la mesa una serie de herramientas formativas y de coordinación.
Respecto a las primeras se desarrollan por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Unidades de Prevención de los centros reuniones formativas para explicar el procedimiento de comunicación y los circuitos que deben seguirse para garantizar el apoyo al profesional ante una posible agresión.
Y respecto a la comunicación y el procedimiento, desde la Comisión Provincial han destacado que “es imprescindible la coordinación con la asesoría jurídica para apoyar al profesional que decide denunciar la agresión que sufre en su entorno laboral”.
CANALES “ÁGILES Y RÁPIDOS”
Igualmente, han subrayado “la importancia” dentro del Plan de Agresiones de la figura del profesional guía y el programa especial de acompañamiento al profesional agredido. Este profesional guía cuenta con formación específica y ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas, acompañando, asesorando en los trámites y dando apoyo al trabajador que sufre una agresión.
A los efectos de aplicación de este plan se considera agresión “la violencia física, insultos graves, amenazas, coacciones y todo tipo de hechos, actos o comportamientos que supongan cualquier forma de acoso o persecución de los profesionales del ámbito sanitario, ejercida por pacientes, acompañantes o usuarios, sufrida en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de estas”, ha explicado la delegada.
El plan habilita también canales “ágiles y rápidos” para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y ha venido a reforzar además las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.
Asimismo, el plan mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales que también se reforzarán.
El plan integró las aportaciones de un grupo de trabajo creado por la Consejería de Salud y Consumo y han participado los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración Sanitaria y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también contempla la asesoría jurídica de los profesionales que deciden denunciar.
- Te recomendamos -
