SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha defendido que el nuevo pliego de condiciones para la contratación de intérpretes de la Lengua de signos garantiza los derechos laborales de esta comunidad, destacando que tanto el Consejo Audiovisual de Andalucía como Canal Sur velan por la garantía de los derechos de las personas intérpretes, y ha afirmado que las autoridades sectoriales ejercen su función de supervisión y control. “En Andalucía tenemos un ecosistema audiovisual avanzado con altos estándares comunitarios”, ha añadido.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero del ramo durante el Pleno del Parlamento ante una pregunta oral del parlamentario José Ignacio García Sánchez, perteneciente al grupo Adelante Andalucía, donde ha valorado que la cadena autonómica Canal Sur y la comisión cumplen con “altos niveles de accesibilidad laboral” para personas con discapacidad auditiva.
“Agradezco a los profesionales, les reconozco y estoy convencido de que, como ha ocurrido hasta ahora, cualquier iniciativa empresarial que opte a ese servicio contará con los magníficos profesionales, como ha sido siempre. Y desde luego, porque están a la máxima altura de los niveles que exigimos para que podamos cumplir también con la ley en esa materia”, ha agradecido Sanz durante su intervención.
Asimismo, el consejero de Presidencia ha asegurado que el pliego de condiciones laborales para las personas con discapacidad auditiva no obliga a licitar la subrogación de los trabajadores y que “no se puede pedir al Gobierno que se incumpla la ley”. “Tenemos unos magníficos profesionales y si hoy tenemos sobresalientes es gracias a esos profesionales que apoya el Canal Sur y que apoya al Gobierno, porque es imprescindible contar con ellos.”, ha defendido Sanz, recalcando que “no se puede incumplir la ley”.
En este sentido, Sanz ha aseverado que este asunto de despidos a intérpretes de Lengua de signos preocupa a la Junta de Andalucía, por lo que ha destacado que el catálogo legal en esta materia “es el más amplio y exigente de España”. “En nuestro contrato programa, el servicio de traducción a lengua de signos española tiene un seguimiento que hacemos trimestral de todos los programas, de los espacios y contenidos, como pueden ser los servicios informativos.
Finalmente, el consejero ha concluido su intervención con que el Gobierno trimestralmente constata de primera mano cómo se cumplen e, incluso, se superan legalmente los contratos y las necesidades en esta materia. “Le garantizo que vamos a luchar y defender a los trabajadores”, ha subrayado.
ADELANTE: “HAY QUE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD SORDA”
Por otro lado, el parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García Sánchez, ha expuesto durante su intervención en el Pleno que el nuevo pliego de prescripciones técnicas de las condiciones laborales de esta comunidad “dice textualmente que no se obliga a subrogar al personal, es decir, se les puede echar, que no hay que cumplir el convenio y que no se garantizan los derechos consolidados”.
Asimismo, ha indicado que este pliego afirma que “no hay que cumplir el convenio y que no se garantizan los derechos consolidados, además de que no tienen por qué garantizar el que haya tres intérpretes por turno”. “Dice textualmente que el salario estará entre 750 euros y 1.200 euros. Y dice textualmente que por estabilidad presupuestaria se podría eliminar el servicio. Eso dice su pliego de condiciones”, ha expuesto García Sánchez.
“Esto va contra una proposición no de ley que presentó el Partido Popular y que firmaron ustedes justo antes de entrar en el Gobierno que decía textualmente que había que subrogar a los trabajadores del servicio de interpretación de Lengua de signos de la RTVA, y esto se aprobó en el Parlamento”, ha afirmado el parlamentario de Adelante, tras pedir al consejero de Presidencia que “atienda a razones, que se garanticen los derechos laborales mínimos de estos trabajadores y que se garanticen los derechos de la comunidad sorda, que son 200.000 andaluces, a tener un servicio de calidad como el que tienen hoy día”.
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