SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación licitará a partir de mediados de año los primeros proyectos beneficiarios de la línea de ayudas para fomentar el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía (Orden CITI), una vez que finalice el proceso de actualización de requisitos que se está llevando a cabo con las entidades promotoras. Este nuevo impulso de las iniciativas ha sido posible después de que la Consejería de Universidad haya reactivado la concesión de estas subvenciones, cuya tramitación ha tenido “una gran complejidad administrativa”.
Acogidos a estas subvenciones CITI, se desarrollarán finalmente 20 proyectos que tendrán una incidencia directa sobre un total de 317 municipios andaluces y Entidades Locales Autónomas (ELA), con una inversión global de 9,13 millones de euros. De ellos, 7,30 millones (80%) son sufragados por la Consejería de Universidad a través de Fondos Feder, que también es la responsable de licitar y adjudicar los proyectos técnicos. El 20% restante, es decir 2,78 millones, es asumido por las corporaciones y entidades de carácter municipal, según el desglose ofrecido por la Junta en una nota de prensa.
Estas actuaciones están promovidas por 17 entidades locales, concretadas en ocho ayuntamientos, cuatro agrupaciones de municipios, que suman 25 localidades; y cinco diputaciones provinciales, que aglutinan a 284 municipios y ELA. En concreto, estas iniciativas serán impulsadas por los ayuntamientos de Pozoblanco en Córdoba; Alcaudete, Bailén, Begíjar, Mengíbar y La Carolina en la provincia de Jaén; Huéscar en Granada y Pilas en Sevilla, así como por las diputaciones de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga y por las agrupaciones lideradas por Rus (2) y Villacarrillo (1) (Jáen) y Lora del Río (1) (Sevilla).
En la actualidad, la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, está culminando, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, la adecuación de los objetivos planteados en los proyectos a las exigencias de la convocatoria con el fin de poder cerrar los pliegos técnicos de las licitaciones que se lanzarán. Para acelerar los pasos tras la reactivación del programa, la Consejería de Universidad encargó a Sandetel, empresa instrumental de la Junta experta en el desarrollo de telecomunicaciones, esta labor de gestión técnica para garantizar así la correcta ejecución, seguimiento y verificación posterior de los trabajos.
En las licitaciones se buscarán soluciones testadas de desarrollo inteligente mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, prestando especial atención al vector de innovación social en la posterior adjudicación de las actuaciones. Asimismo, se tendrá en cuenta el grado de valor que aporte la solución propuesta, la disrupción que plantee y otros factores como la generación de nuevos modelos y productos o la innovación tecnológica que implique.
La Consejería de Universidad ha desestimado nueve actuaciones presentadas por cinco entidades locales: los ayuntamientos de Huércal de Almería, Arahal (Sevilla) y las diputaciones de Cádiz, Huelva y Sevilla, debido a que en su día no cumplieron los requisitos establecidos en las bases reguladoras de esa convocatoria de incentivos.
En ese documento normativo se recogía la obligación por parte de los promotores locales de satisfacer el pago íntegro correspondiente al 20% de la cofinanciación a la que tenían que hacer frente para completar el 80% asumido, con carácter general, por la Junta de Andalucía. Ese abono debía realizarse una vez comunicada la selección de las candidaturas presentadas.
Sin embargo, estas cinco entidades o bien no completaron entonces el pago o bien lo hicieron fuera del plazo establecido, que se cerró el pasado 5 de octubre de 2022 tras una ampliación del periodo habilitado inicialmente, por lo que sus solicitudes han decaído por incumplimiento de la normativa. No obstante, una vez comunicada la denegación de la ayuda, se abrirá un periodo de 15 días hábiles para que estos participantes de la convocatoria puedan presentar alegaciones.
Por su parte, la propuesta planteada inicialmente por el municipio de Hornachuelos (Córdoba) tampoco se desarrollará debido a que su ayuntamiento ha renunciado a continuar en el programa. Esta línea de incentivos, en régimen de concurrencia competitiva, ofrecía financiación a las entidades locales andaluzas para ayudarlas a implantar iniciativas tecnológicas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía en todos los ámbitos que conforman los actuales modelos de ciudades inteligentes: economía, movilidad, medio ambiente, sociedad, bienestar y gobernanza. Los fondos se otorgan mediante la modalidad de ayudas en especie.
Gracias a este programa, los ayuntamientos y entidades locales autónomas menores de 20.000 habitantes de Andalucía pueden capitalizar las oportunidades de la economía digital para mejorar la gestión y vertebrar un mayor equilibrio y cohesión entre todas las infraestructuras urbanas inteligentes de la comunidad.
La orden preveía dos modalidades de ayudas. Por un lado, las de carácter individual, dirigidas a entidades locales que hayan presentado sus proyectos en solitario y, por otro lado, las denominadas de agrupación, diseñadas para grupos de dos o más entidades locales de las mismas características que las anteriores. En esta segunda línea, algunas diputaciones provinciales participan representando a proyectos que benefician a varios municipios. En ambos casos, todas las entidades locales se caracterizan por tener menos de 20.000 habitantes.
La orden CITI subvenciona actuaciones como los servicios de plataforma tecnológica de ciudad, infraestructuras de hardware y software, implantación de servicios de transparencia y apertura de datos en formato abierto y el desarrollo software –incluidos la consultoría, análisis y diseño– o el entrenamiento del personal interno. También se incluyen en las ayudas las campañas de difusión entre la ciudadanía y empresas, estudios de evaluación o medidas correctivas durante la fase de implantación.
- Te recomendamos -
