SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento en su reunión de este lunes, 7 de octubre, de la puesta en marcha, por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, de un Plan de Humanización de la Justicia con el objetivo de “facilitar su comprensión, acercar los servicios, garantizar la accesibilidad de los edificios judiciales y ofrecer una atención personalizada a la ciudadanía, especialmente a aquellos usuarios más vulnerables como las personas con discapacidad, los menores o las mujeres víctimas de violencia de género”.
Así se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, en la que se sostiene que “la Justicia humana o de los cuidados es un concepto innovador que apuesta por la igualdad y por una atención empática y personalizada”.
Ante ello, la Junta de Andalucía está “inmersa en la creación de un modelo de Justicia para Andalucía que ponga en el centro al ciudadano y la humanización del servicio que se presta”.
El Plan de Humanización forma parte de la ‘Estrategia Justicia Andalucía’, y su objetivo es “asegurar la equidad e igualdad de acceso a este derecho fundamental de cualquier persona independientemente de su edad, capacidades o lugar de residencia, y proteger especialmente a los más vulnerables”.
En este sentido, el documento contempla actuaciones para “garantizar la accesibilidad de los edificios judiciales tanto para las personas con movilidad reducida como usuarios con discapacidad sensorial”.
Para ello, dentro del Plan de Infraestructuras Judiciales se han incluido obras para eliminar barreras arquitectónicas, se ha aprobado un Protocolo de Evacuación por Emergencias para personas con discapacidad y se están instalando 500 bucles magnéticos en los mostradores de atención al público para facilitar la audición a personas con implantes cocleares.
También persigue “hacer la Justicia comprensible para cualquier persona”, para lo cual “se ultima un decreto para crear la figura del facilitador para acompañar y orientar a personas que, por su edad avanzada o por algún tipo de discapacidad o enfermedad mental, necesiten apoyo para desenvolverse en los diferentes trámites que conlleva un procedimiento judicial”.
Desde la Junta precisan, no obstante, que ya funciona un servicio de traducción a lectura fácil de resoluciones y autos que afectan a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental con el fin de “garantizar la plena comprensión de las decisiones judiciales que les afectan”.
Tras una experiencia piloto, premiada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el servicio ya está disponible para que los jueces soliciten la traducción de sus escritos en los casos que afecten a personas con dificultades de comprensión.
Por su parte, en los Servicios de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) se presta “especial atención” a las víctimas de delitos con discapacidad y, para acercar esta atención integral a quienes viven fuera de las capitales, cuentan ya con equipos itinerantes que se desplazan a los partidos judiciales rurales.
Igualmente, en el caso de la ‘Justicia Juvenil’, Andalucía es “pionera en contar con un Expediente Digital Único que facilita el seguimiento de la evolución de los jóvenes mientras cumplen las medidas judiciales”, según destaca el Gobierno andaluz, desde donde defienden que el sistema de Justicia Gratuita es “una de las principales garantías de la igualdad de acceso al servicio de toda la ciudadanía, con independencia de recursos económicos y situaciones de vulnerabilidad”.
La Junta de Andalucía “apuesta por este sistema mejorando las compensaciones económicas que reciben los profesionales del turno de oficio –incrementadas este año tras estar congeladas desde 2014– e incorporando, de forma pionera, procedimientos que hasta ahora no se incluían como la mediación”.
“APUESTA POR LA CULTURA DEL ACUERDO”
La “apuesta por la cultura del acuerdo y la Justicia restaurativa” es “otro de los ejes en los que se trabaja buscando una Justicia más humana donde prime el diálogo y el consenso frente al exceso de litigiosidad”.
Para ello, se ha puesto en marcha este año un Servicio de Mediación Penal de Andalucía (Sempa), público y gratuito, que desde septiembre funciona en todas las provincias tras una primera fase piloto en cinco de ellas que arrancó en mayo. La iniciativa ha sido reconocida por la Asociación Española de Mediación (Asemed) con el premio al Mejor Programa de Justicia Restaurativa.
Además, fruto de un convenio con la Consejería de Fomento, los Puntos de información para la Mediación en Andalucía (PIMA), que existen en las principales sedes judiciales, en casos de desahucios por parte de grandes tenedores, promueven una sesión informativa entre las partes antes de la demanda judicial para proponerles la posibilidad de iniciar un proceso de mediación.
El Plan de Humanización también apuesta por “impulsar los procedimientos y trámites electrónicos, sin olvidar la atención presencial, mediante la Digitalización del Registro Civil y de los libros de registro”. Con ello, según defienden desde la Junta, “se ahorra tiempo y costes, además de evitar desplazamientos innecesarios haciendo que la Justicia sea también más sostenible”.
En definitiva, concluyen desde el Gobierno andaluz, se trata de “promover una Justicia de los cuidados que trascienda la idea de un sistema centrado exclusivamente en la defensa y restauración de derechos para priorizar el bienestar integral de las personas, con especial énfasis en aquellas en situación de vulnerabilidad”.
- Te recomendamos -
