SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha sido reconocida este viernes por la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos por “por la puesta en marcha en Andalucía de medidas pioneras para promover la mediación frente al pleito”.
Respecto a este reconocimiento, y como ha detallado la Administración andaluza en una nota de prensa, la comunidad cuenta con una Estrategia de Mediación que incluye “iniciativas innovadoras” como un servicio de mediación penal público y gratuito, la colaboración con los colegios de graduados sociales para que sean mediadores en pleitos laborales, o facilitar la solicitud de asistencia de un abogado de oficio para buscar acuerdos.
En este sentido, el director general de Justicia Juvenil y Coordinación, Esteban Rondón, ha sido el encargado de recoger en Madrid la Medalla al Mérito Profesional concedida al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en su nombre.
En un acto celebrado en vísperas del Día Europeo de la Mediación, que se conmemora el 21 de enero, Rondón ha agradecido este reconocimiento que “supone un acicate para seguir apostando por la mediación que ya nos está demostrando sus beneficios”.
Al término de 2023, Andalucía tenía la segunda tasa de litigiosidad más alta del país, en cambio, en septiembre de 2024, último dato publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), era la quinta comunidad.
De este modo, como han detallado desde la Consejería “aunque la Junta comenzó a trabajar en esta materia en 2021, con la creación de Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA) en las principales sedes judiciales de las ocho capitales y grandes, es en la actual legislatura cuando se ha puesto en marcha una Estrategia de Mediación en el marco del Plan Estratégico de Justicia”.
Así, la mediación se incluyó en el sistema de Justicia Gratuita el 1 de enero de 2024 y hasta septiembre, los profesionales de oficio certificaron a la Consejería 127 procedimientos cerrados con acuerdos.
“Los abogados y procuradores son aliados fundamentales para impulsar esta vía y se ha decidido implicarles incluyendo la mediación entre los procedimientos sufragados por la Consejería para compensar económicamente su trabajo en estos procesos, de forma que perciben hasta 400 euros si logran llegar a acuerdos”, ha detallado Rondón.
Otra de las medidas puestas en marcha el año pasado es la creación del Servicio de Mediación Penal en Andalucía (Sempa), que comenzó a funcionar en mayo en cinco provincias y desde septiembre en el resto.
En este tiempo, se han logrado 590 acuerdos, la mayoría en asuntos derivados por los juzgados penales sobre delitos leves de lesiones, amenazas y huertos.
Asimismo, Rondón ha hecho hincapié en que el plazo medio de resolución es inferior a un mes “frente a los dos o tres años que este tipo de causas suelen alargarse en los tribunales”.
El Gobierno andaluz “cree firmemente en la mediación como una vía que ahorra tiempo y costes al ofrecer una solución más ágil y satisfactoria para las partes, ya que se basa en el diálogo y el acuerdo frente a la decisión impuesta por un tercero, el juez, que suele no gustar a una de las partes y a veces a ninguna”.
Por ello, tras comenzar con la mediación penal, el mes pasado el consejero de Justicia firmó un convenio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para extender esta fórmula a los conflictos laborales judicializados de forma que los colegios provinciales crearán bolsas de profesionales voluntarios a los que los Juzgados de lo Social, especialmente sobrecargados, pueden derivar asuntos como despidos, reclamaciones de cantidad o conflictos sobre vacaciones en los que vean posibilidades de acuerdo.
“Igual que los abogados, los graduados sociales son los aliados en esa apuesta por la mediación dados sus conocimientos especializados en este ámbito del Derecho”, ha subrayado Rondón.
En este contexto, la Consejería trabaja también con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio en la promoción de la mediación en el ámbito empresarial, para lo que durante 2024 se han celebrado foros con el sector en Sevilla, Córdoba, Almería y Jerez de la Frontera (Cádiz) que continuarán este año en el que también está previsto crear un servicio de mediación civil y mercantil, que la nueva Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia contempla que sea obligatoria.
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