SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes una declaración institucional de apoyo al sector agrario andaluz, que tiene lugar en la vispera de la movilización de agricultores y ganaderos convocados este miércoles por las organizaciones profesionales en las que se agrupan, además de las que tiene lugar desde la semana pasada y que protagonizan agricultores y ganaderos convocados por plataformas en redes sociales.
La Junta de Andalucía ha esgrimido que su iniciativa, que la semana pasada intentó liderar el Grupo Parlamentario Popular en el Pleno del Parlamento y no fructificó por diferencias entre los grupos parlamentarios, responde a “la complicada situación de rentabilidad” que registran las explotaciones agrarias, que ha considerado “agravada por la entrada en vigor en 2023 de una profunda reforma de la PAC, con una reducción en su presupuesto y mayores exigencias medioambientales”, según una nota de la Junta de Andalucía.
El Gobierno andaluz ha dicho compartir “las preocupaciones de los agricultores y ganaderos” de la comunidad autónoma y ha remarcado “el alto grado de interlocución” de la la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con las organizaciones Asaja, COAG y UPA y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía, que ha considerado plasmado en la presentación de alegaciones conjuntas al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El texto de la Declaración institucional de apoyo al sector agroalimentario señala que “el sector agroalimentario es fundamental en Andalucía” por contribuir “de manera decisiva a su economía y a la creación de empleo, suponiendo el 13% del valor añadido bruto y el 10% del empleo de nuestra comunidad autónoma”.
El Gobierno andaluz ha remarcado que agricultores y ganaderos tienen gran importancia en el equilibrio territorial, contribuyendo a fijar población en las zonas rurales, dinamizando la actividad económica en estos municipios, en la protección del medio ambiente, en sus paisajes y en sus tradiciones y cultura”.
“Desde 2020, el sector agroalimentario ha visto afectada su rentabilidad como consecuencia de una serie de crisis motivadas por la Covid-19, los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo o la grave sequía que padecemos en nuestro territorio desde 2018 que han provocado una subida de los costes de producción en más de un 100% en algunos sectores”, ha argumentado el Gobierno andaluz.
La Junta de Andalucía reivindica en su declaración institucional que “desde el Gobierno de Andalucía se han puesto en marcha un amplio conjunto de medidas para apoyar al sector en estos momentos difíciles”, entre las que ha enumerado “ayudas directas a los sectores más afectados en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía y con financiación autónoma, ayudas a inversiones de infraestructura hídrica y en las explotaciones para afrontar la sequía o instrumentos para facilitar la liquidez en el sector”.
HABILITACIÓN DE LA RESERVA DE CRISIS DE LA PAC
“Asimismo, se ha demandado a las instituciones comunitarias y al Gobierno central actuaciones para afrontar este escenario, como la habilitación de la reserva de crisis de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y otras medidas excepcionales para responder a estas complejas y difíciles circunstancias”, continúa el texto del Gobierno autonómico.
Tras subrayar que “la complicada situación de la rentabilidad de las explotaciones agrarias se ha visto agravada por la entrada en vigor en 2023 de una profunda reforma de la PAC”, por cuanto ha esgrimido la Junta de Andalucía “una reducción en su presupuesto al mismo tiempo que se incrementan las exigencias”, ha defendido la firma de “varios documentos de posicionamiento conjunto sobre la reforma de la PAC y la necesidad de modificar el modelo de aplicación de esta política en España a través del llamado Plan Estratégico de la PAC (PEPAC)”.
La Junta de Andalucía ha reclamado en su declaración institucional que las políticas agrícolas y agrarias comunitarias deben apostar por “la estabilidad” porque “los requisitos, así como los apoyos a la agricultura y la ganadería, no pueden verse sometidos a continuos cambios en el tiempo”, así como que “los mecanismos de apoyo a la renta no pueden sufrir variaciones drásticas que pongan en peligro la viabilidad de las explotaciones”.
Demanda que “las políticas sobre los insumos y las prácticas agrarias deben basarse en evidencias científicas y técnicas”, así como “un análisis del impacto socioeconómico” de las medidas, y que haya “una introducción gradual de los cambios en las políticas”, junto con “los necesarios períodos de transición que permitan la investigación, innovación, transferencia de tecnología, formación y puesta a punto de los servicios de asesoramiento necesarios”.
COMPETENCIA LEAL CON TERCEROS PAÍSES
El Gobierno andaluz pide “la competencia leal con terceros países” con la premisa de que “los requisitos medioambientales, sociales, sanitarios y de bienestar animal exigidos a los productores de la UE también tienen que aplicarse a los de países terceros”, petición a lo que ha sumado “la regulación de la cadena de valor agroalimentaria” por cuanto “el sector agrario se caracteriza por su atomización frente a otros eslabones de la cadena”.
La Junta aboga también por la estabilización de los mercados, la flexibilidad en la aplicación, la simplificación de los procedimientos administrativos y la adaptación al cambio climático.
Con estos principios, la Junta de Andalucía cree necesaria la adaptación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) porque considera que “la última reforma de la PAC no ha abordado adecuadamente los problemas del sector agrario y sus retos de futuro”.
“La parte de la PAC, que, sin duda, muestra más deficiencias en su diseño es la gestión de los mercados”, argumenta la Junta de Andalucía, que cree que “la PAC debe centrarse en la regulación y apoyo al sector agroalimentario” porque “en las últimas reformas se han introducido actuaciones de tipo medioambiental, de sanidad, de bienestar animal o de apoyo global a zonas rurales, que consideramos necesarias pero que deben abordarse con presupuesto de otras políticas, como la regional”.
Reclama también “actualización de los apoyos a los agricultores” porque “las ayudas directas a la renta de los agricultores y ganaderos no se han actualizado con los datos de inflación desde la década de los 90, lo que supone una importante reducción de apoyos en términos reales”.
La Junta de Andalucía apuesta por “la adaptación del Pacto Verde Europeo y de la estrategia de la granja a la mesa, así como de su normativa de desarrollo en progreso” y por “la modificación de la política comercial de la Unión Europea”, punto donde pide introducir “cláusulas espejo en los acuerdos comerciales” para que “los productos agroalimentarios de terceros países cumplan los requisitos medioambientales y sociales exigidos en la UE”.
Demanda también “estrategias orientadas a apoyar a aquellas regiones de la Unión Europea más afectadas por los efectos del cambio climático, como pueden ser los episodios de sequía” y “reforzamiento de los mecanismos de control sanitarios y de contingentes arancelarios y de la transparencia en las fronteras de la Unión Europea”, junto con “la activación de la reserva de crisis de la PAC para atender las explotaciones más afectadas por la situación de sequía agronómica e hidrológica”.
Además de insistir en la modificación del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC).
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