El gasto acumulado es de 3,2 millones desde 2023
SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)
La memoria económica anexa a la aprobación por el Consejo de Gobierno del proyecto de ley de creación del Cuerpo Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta de Andalucía, que abordó el Gobierno andaluz en su reunión de 2 de marzo de 2022, previó un coste estimado de 1,77 millones de euros en este 2025 por la puesta en marcha de ambos cuerpos.
Ese proyecto se convirtió en la Ley 7/2023 y entró en vigor en enero de 2024, a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
“En 2025 se estima que el impacto anual máximo correspondiente a los dos Cuerpos ascendería a cerca de 1.776.859 euros”, decía el informe que rubricaba el director general de Presupuestos, Eduardo León.
Estimó que el coste de 2023 sería de 365.849 euros, de 1.071.353,97 euros en 2024 y esos 1.776.885,69 para 2025. De esta forma, el coste acumulado será de 3,2 millones desde la aprobación de la norma.
“El impacto económico previsto de la norma que se somete a informe comenzará a tener repercusión en el ejercicio 2023 en su primer apartado y en 2024 en su totalidad, sus costes se consolidarán en los ejercicios posteriores, repercutiendo económicamente en todos ellos”, explicaba el responsable de Presupuestos.
La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos contempla en el Presupuesto de este año un gasto de 31,82 millones del programa control interno y contabilidad pública, cuyo responsable es la Intervención General de la Junta, y de los cuales 30,1 millones son gastos de personal. El número de personas integradas en ese departamento es de 439, según la ficha presupuestaria.
El director general de Presupuestos apuntó en su análisis de la incidencia económica de la futura ley “que previsiblemente supondrán mayores costes de personal” por el hecho de que “se contempla la creación de dos nuevos Cuerpos de personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía”.
Precisó que “los efectos económicos de la Ley se producirían en dos momentos diferentes”, el primero de los cuales era la integración del personal con “carácter excepcional y solo por una vez”.
Aludía en este punto a los funcionarios que, “con una experiencia mínima de cinco años continuados, hubiera desempeñando las funciones que en esta Ley se adscriben al mismo”.
Esa integración se descartó para el Cuerpo Técnico de Intervención y Auditoría al indicar el director general de Presupuestos que “en la actualidad no existe personal que venga desarrollando las funciones que se adscriben al nuevo Cuerpo y pueda integrarse en el mismo” y “cuyas funciones están enfocadas hacia tareas novedosas”.
El responsable de Presupuestos de Economía situó como segundo momento de impacto presupuestario la resolución del concurso-oposición, a los tres años de entrada en vigor de la ley, “de forma excepcional y por una sola vez” para acceder a los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría.
IMPACTO PRESUPUESTARIO
Sobre el impacto presupuestario de la integración y acceso por concurso-oposición en el Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, precisaba Eduardo León, que “en la actualidad ascienden a cerca de 140 los puestos cuyas funciones se corresponden con las previstas en el anteproyecto de Ley” y precisaba que el objetivo para los próximos tres años sería “alcanzar un aumento del 10% de los mismos”.
Indicaba que un 64% de esos 140 puestos serían las personas “que reunirán los requisitos para la integración”, así como que el 36% restante sería las plazas que se convocarían en el concurso-oposición.
El responsable de Presupuestos de la Consejería de Economía indicó que, aunque, “no se han tenido en cuenta para el cálculo de las estimaciones las posibles subidas retributivas que pueda contemplar la Ley del Presupuesto de cada ejercicio, el impacto económico, que tendrá lugar de forma escalonada, se estima en 571.593 euros anuales, con un coste promedio ponderado unitario de 4.172 euros, consolidándose en los ejercicios sucesivos”.
En el caso de la integración del personal que desempeñaba tareas de Intervención previas a la aprobación de la ley planteó un coste anual estimado de 365.849 euros, consolidándose esa cifra en los ejercicios sucesivos.
El impacto del concurso-oposición sería de 765.013 euros, de los cuales 205.744 euros eran en concepto del complemento específico de las personas que ya estaban al servicio de la Junta de Andalucía, mientras que los 559.269 euros restantes sería por las retribuciones completas correspondientes al 10% adicional de plazas ofertadas.
En el caso del Cuerpo Técnico de Intervención y Auditoría indicó el director general de Presupuestos que el impacto anual tras el concurso-oposición sería “una cifra máxima aproximada de 645.996 euros, consolidándose estos costes en los ejercicios sucesivos”.
“Los recursos económicos previstos para la ejecución de esta norma deberán considerarse en la elaboración del anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de los próximos años, correspondiendo a la Intervención General realizar los controles necesarios en la tramitación de las actuaciones propuestas y asegurar la cobertura económica de las mismas, lo que supone su priorización sobre otras posibles necesidades que pudieran tener en dicho centro directivo”, indica en ese sentido.
LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE LOS CUERPOS SUPERIOR Y TÉCNICO
En la memoria justificativa que rubricó la entonces interventora general y hoy viceconsejera de Economía, Amelia Martínez, decía que “las funciones ejercidas hasta ahora por la Intervención General de la Junta de Andalucía, plasmadas en el control previo, control financiero y control contable, se han venido desempeñando, en su práctica totalidad, por parte de los cuerpos generales que integran los subgrupos A1.1100 y A1.1200, así como de los A2.1100 y A2.1200, por medio de actuaciones de control y contabilidad del sector público andaluz, prácticamente desde el inicio del régimen autonómico”.
Tras explicar que esas funciones se ejercieron “con total profesionalidad”, advertía de que “en la actualidad, la naturaleza, especificidad y especial relevancia de dichas funciones requieren de una cualificación específica no contemplada en toda su extensión actualmente en los cuerpos generales antes mencionados”.
Siguió argumentando que “resulta oportuno, por tanto, la creación de dos Cuerpos de personal funcionario, cuyas competencias, capacidades y conocimientos comunes faciliten la consecución de los objetivos establecidos para los mismos, a través de la aprobación de los adecuados programas de materias que habrán de regir los futuros procesos selectivos”.
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