SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha reiterado este lunes que la Administración autonómica está “muy tranquila” con los contratos fraccionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que se ha personado en la causa abierta por la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz “en calidad de perjudicado”.
En unas declaraciones a los medios en Sevilla, Hernández ha insistido en que la Junta muestra su “total respeto” a las acciones judiciales, al tiempo que ha asegurado que “seguimos pensando que es una denuncia política y que, al final, se aclarará todo en los tribunales”. En este punto, ha recordado que este tipo de fraccionamientos en la contratación “ya se hacía antes”, en alusión a los gobiernos socialistas.
La consejera hacía estas declaraciones tras conocerse la providencia de la jueza en la que da por personado “en calidad de perjudicado” al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el caso de supuesta malversación en contratos del propio SAS por el que este juzgado ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por Podemos Andalucía, que denuncia la concesión de contratos “a dedo”.
La providencia dictada por la jueza, recogida por Europa Press, está fechada en el 10 de marzo y da respuesta al escrito de la letrada de la Administración sanitaria, con fecha 7 de marzo, que pide la personación en las actuaciones, en nombre y representación del Servicio Andaluz de Salud, “como posible perjudicado por los daños que se deriven de las acciones enjuiciadas, manifestando expresamente la intención de reclamar los daños causados”.
Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha citado a declarar, en calidad de testigos a dos interventores de la Junta y dos jefes de Servicio por el caso de supuesta malversación en la concesión de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a raíz de la denuncia presentada por Podemos Andalucía.
Así, según la providencia dictada por la juez para esta citación, los dos interventores de la Junta deberán comparecer en calidad de testigo en el Juzgado gaditano el 2 de abril, mientras que las dos jefas de Servicio lo harán al día siguiente, el 3 de abril.
Fue el 17 de febrero cuando la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, informó de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz había “abierto diligencias previas por un presunto delito de malversación en la Junta de Andalucía” que derivaría de la concesión de contratos “a dedo” por parte del SAS.
Martínez explicó que esto venía derivado de una denuncia interpuesta por Podemos en octubre ante los juzgados de Instrucción en Sevilla “por un presunto delito de malversación y/o prevaricación administrativa”. Esa denuncia, con fecha del 1 de octubre de 2024, se presentó después de que “la Intervención de la Junta de Andalucía” hubiera “detectado un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén”.
“Estos contratos fueron fraccionados con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación ‘a dedo'”, advertía Podemos en dicha denuncia.
Mes y medio después, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, tras recibir la denuncia de Podemos desde el número 4 de Sevilla, acordó “incoar diligencias previas” a tenor “de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de malversación que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado”, relata la jueza que suscribe dicho auto del 12 de noviembre de 2024.
En la misma resolución, la jueza acordaba librar “oficio a la Intervención de la Junta de Andalucía a fin de que informe sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo”, así como dar “traslado al Fiscal de delitos económicos a fin de que interese diligencias a practicar”.
Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, anunció que la Junta de Andalucía había pedido personarse en los procedimientos iniciados en algunos juzgados de la comunidad autónoma tras denuncias de Podemos y que había remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz “un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública que avala dichas contrataciones”. Además, acusó a Podemos de “utilizar la sanidad pública andaluza para hacer política”.
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