SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha reclamado, junto a otras comunidades autónomas, que “se aumente” la cantidad que aporta el Gobierno de España a la financiación de los servicios de la Dependencia a través del nivel mínimo de protección que es competencia exclusiva del Estado según establece la Ley de Dependencia.
Esta reclamación se ha producido en el marco de la reunión de la Comisión Delegada del Sistema de Dependencia, donde los representantes del Ministerio de Derechos Sociales han afirmado que, tras las dos prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no han considerado que pueda subirse la aportación del Gobierno central al pago de los servicios, como ha detallado la Consejería en una nota.
Así, como ha remarcado la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, la prórroga de los PGE “ha supuesto una merma de 400 millones de euros para el sistema de dependencia andaluz”. Por ello, ha incidido en “la importancia de que el Ejecutivo cumpla con su parte para el sostenimiento del sistema”.
La cantidad del nivel mínimo de protección que aporta el Gobierno a las comunidades se hace en función del número de usuarios que atienden y del grado de dependencia de éstos, independientemente del servicio o servicios que les sean prestados por los gobiernos autonómicos, lo que “está produciendo que aumente el desequilibrio financiero en las arcas autonómicas puesto que los servicios suben cada año”, han asegurado desde la Administración andaluza.
De hecho, en el caso de Andalucía el coste medio de una plaza en residencia para la atención de una persona mayor en situación de dependencia con grado II es de 1.749 euros. La aportación del Estado para la financiación de este tipo de plaza es de 130 euros (un 7%) mientras que la aportación de la Junta es de 1.619 euros (el 93%), según apunta la Consejería.
En palabras del Ejecutivo andaluz, el caso de una plaza de atención residencial para personas con discapacidad con grado II, el coste medio de la plaza es de 2.997 euros, por lo que la aportación del Estado es solo del 4%, 130 euros, mientras la Junta de Andalucía debe financiar el 96% en este tipo de plazas. En el supuesto del Servicio de Ayuda a Domicilio para una persona con grado III el coste es de 1.004 euros. La aportación estatal es de 290 euros (el 29%), mientras que la aportación de la Junta es de 714 euros (el 71%).
Asimismo, en el caso de personas que tienen más de una prestación a la vez, lo que en Andalucía ocurre con casi 150.000 usuarios, el Gobierno de España solo participa en el coste de uno de ellos con lo que la comunidad afronta el 100% del coste del segundo servicio.
“El sistema de la Dependencia necesita certidumbre en su financiación y estabilidad y no estar sujeto a los cambios y vaivenes políticos”, ha remarcado García, que ha defendido la necesidad de que los recursos sean constantes por parte del Gobierno central dado que la Junta sostiene “en solitario” este sistema, el mayor de todo el país y que supera ya las 297.400 personas beneficiarias.
García, ha recordado que dichas cuantías mínimas son fijadas anualmente en la ley de Presupuestos Generales del Estado pero, al estar éstos prorrogados desde 2023, el Gobierno Estatal no ha considerado hacer modificación legislativa alguna para aumentarlas, cuestión que ha sido planteada en la Comisión Delegada del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia celebrada este 4 de marzo.
Los representantes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han reconocido que “no hay intención de modificar esta norma para ayudar a financiar las prestaciones del sistema”, según comunican desde la Junta.
Ante esta situación, la Consejería ha reclamado al Gobierno central que “haga las modificaciones normativas pertinentes para subir las cuantías que aporta a través del nivel mínimo de protección, de manera que la financiación de los servicios sea, al menos, igualitaria para ambas administraciones, tal y como establece la Ley de Dependencia”.
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