SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
Los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Carlos Gómez Villamandos y Loles López, respectivamente, junto a las universidades públicas de Andalucía, han firmado esta semana, en un acto celebrado en Huelva, el convenio para la puesta en marcha de las labores de coordinación de los trabajos de atención a la discapacidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo en las instituciones académicas andaluzas, de lo que se encargará la Universidad Pablo de Olavide (UPO), para garantizar así la igualdad de oportunidades a los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.
Por su parte, Villamandos ha destacado en una nota que es fundamental contar con una universidad pública que potencie la inclusión para caminar hacia la excelencia, por lo que una de las principales apuestas del Ejecutivo autonómico se orienta hacia “el fortalecimiento de las universidades con alma que están pegadas a su territorio y a las necesidades de las personas”. Por ello, “se reforzará la inclusión y la atención a la diversidad funcional” a través de la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), que incluirá un bloque específico para discapacidad.
En este contexto, la consejera de Inclusión Social ha resaltado la importancia de convenios como este, ya que “solo sumando fuerzas lograremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva”. El alumnado con discapacidad cursando los estudios de grado universitario alcanza al 1,4% del total de los alumnos, subiendo esta cifra hasta el 6,3% en el caso de la universidad a distancia, según el estudio realizado por la Dirección General de Personas con Discapacidad de la propia Consejería.
Ante estas cifras, López ha incidido en la necesidad de implementar medidas de accesibilidad de toda índole para favorecer el acceso de las personas con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo al ámbito universitario. En este sentido, ha subrayado que la universidad supone “un instrumento fundamental” para la promoción de su autonomía personal y, a su vez, contribuye a mejorar su empleabilidad. “No vamos a cejar en nuestro empeño para que las personas con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo puedan ejercer sus derechos, reciban la atención que merecen y desarrollen su proyecto de vida sin barreras”, ha remarcado la consejera.
Así, para la consecución de estos objetivos, el convenio, con una vigencia de cuatro años prorrogables, establece una serie de actuaciones como la elaboración de un estudio sobre la situación de los servicios de atención a la diversidad funcional en las universidades públicas o la implementación de líneas de trabajo conjuntas para atender a la comunidad con diversidad funcional que se determinarán en cada curso académico por la Comisión de Seguimiento de este convenio, órgano que presidirá la Consejería de Universidad y que se constituirá dentro del mes siguiente a la firma de este acuerdo.
Asimismo, el convenio recoge la celebración de encuentros estratégicos de los órganos responsables de la atención a la diversidad en las universidades públicas, que se celebrarán cada curso académico para la planificación estratégica y la formulación de políticas de diversidad, así como la creación de un directorio de investigadores y grupos de investigación de las instituciones académicas públicas que centren sus trabajos en este ámbito y su divulgación mediante el uso de nuevas tecnologías. Además, contempla la creación de un repertorio audiovisual sobre integración y diversidad funcional a nivel autonómico con apoyo del tercer sector.
En cuanto a la financiación de estas actividades de coordinación, la Consejería de Universidad aportará 8.000 euros anuales para cada ejercicio durante los cuatro años de vigencia del convenio, a través de una subvención nominativa destinada a la UPO. Esta cantidad será compatible con otro tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de la propia universidad o de cualquier administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe del total de las ayudas no supere el coste de la actividad.
Por su parte, la Consejería de Inclusión Social contribuirá con un estudio detallado sobre la situación de las personas con discapacidad en el sistema universitario andaluz y a dar la información que se le requiera para el adecuado desarrollo de las actividades previstas en este convenio, además de la colaboración técnica que se precise para el desarrollo las líneas de actuación previstas. Mientras, las universidades públicas colaborarán con los recursos humanos y materiales mediante sus unidades competentes en materia de diversidad.
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