SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha solicitado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que “pare” la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y aborde “una reforma integral” de la misma para que las universidades “no sigan en una situación de dificultad económica”, así como la convocatoria de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que “debe ser presencial”.
Así lo ha indicado Gómez Villamandos en declaraciones a Europa Press después de que los rectores españoles, a través de CRUE Universidad Española, hayan pedido al Ministerio que “abone al menos 844 millones de euros que implica la implantación de la LOSU, que se aprobó en el mes de marzo”, algo que “ya hemos venido reclamando por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía desde que se puso en marcha esta ley”.
“Como prueba de ello, el 9 de marzo remitimos una carta al ministro –Joan Subirats– donde le advertíamos de la situación del incremento de costes que suponía la implantación de la LOSU por las nuevas figuras que se creaban y donde le pedíamos esa aportación económica”, ha explicado Villamandos, quien ha añadido que la respuesta “fue cuando menos desalentadora, ya que mantenían la tesis, que habían mantenido inicialmente, de que no había coste adicional”.
Así, ha asegurado que “esa tesis de que no había coste adicional, una respuesta que manifiesta un engaño por parte del Ministerio, iba en la línea de cómo se tramitó la LOSU”, una ley orgánica que “se tramita ante el Congreso, mediante una memoria económica que no es realista y donde no se abordan los costes reales”, como en su momento “denunció CRUE con escaso éxito”.
De hecho, continúa Gómez Villamandos, “la razón de por qué no se hizo esa memoria económica real es muy simple, el Ministerio de Universidades ocultó información al Ministerio de Hacienda y al Congreso porque sabían que con esa información, de que la implantación de esta ley suponía aproximadamente casi mil millones de gasto público adicional, pues hubiera sido muy difícil aprobarla”.
“Y algo que ratifica todo lo que hemos venido diciendo es que el estudio de costes se ha iniciado por parte del Ministerio meses después de aprobada la ley, cuando se ha solicitado a las universidades cuál sería el coste de la implantación de la LOSU”, un coste que, como dice CRUE Universidades Españolas, “ronda cerca de 850 millones por el lado más corto”.
Por todo ello, el consejero de Universidad andaluz ha pedido a la ministra Morant que “con la mayor urgencia posible pare la aplicación de la LOSU, modifique lo que sea necesario modificar y aborde una reforma integral de la misma para hacer realmente una ley que sirva al sistema universitario español” y que haga que “no sigamos en una situación de dificultad económica; y, sobre todo, “de una ley que no sirve para impulsar al sistema universitario a ser mucho más competitivo”.
Asimismo, también ha solicitado a la ministra una convocatoria de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que “debe ser presencial, con los consejeros y consejeras con competencia en el ámbito de universidades, para que abordemos esta financiación necesaria para nuestras universidades del sector público”.
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