SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha elaborado una resolución para modificar la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración General de la Junta de Andalucía y adscribir así al Cuerpo Superior y Técnico de Intervención y Auditoría 38 puestos del nivel A1, que es el máximo existente entre los funcionarios. Este cuerpo se creó mediante la Ley 7/2023.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta disposición cuyo propósito es acabar con una doble adscripción de plazas del subgrupo A1 y del A2 para las competencias de este nuevo cuerpo.
La Ley 7/2023 estableció que los funcionarios del A1 serían los integrantes del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, mientras que el A2 se dedicaba al Cuerpo Técnico.
La resolución que rubrica el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Justicia, Antonio Parralo, explica que “la adscripción en exclusividad al Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía hace necesario, también, modificar la actual doble adscripción a los subgrupos de clasificación profesional A1 y A2 de algunos de ellos”.
El desglose de las 38 plazas de A1 que se asignan al Cuerpo de Interventores revela que 16 de ellas se adscriben a la Intervención General, de los cuales ocho puestos son para la Intervención Adjunta, otro cuatro para Control Financiero, dos para Fiscalización y las dos restantes a Rendición de Cuentas.
Las 22 plazas restantes se distribuyen por las Intervenciones Provinciales de Almería (4), Cádiz (4), Córdoba (2), Granada (2), Huelva (2), Jaén (2) y Sevilla (6).
A este nuevo paso para el impulso de este Cuerpo le precedió el formulario de solicitud para el proceso de integración en el Cuerpo Superior, acordado en febrero de 2024, así como la orden de junio de la Consejería de Justicia, que procedió a la integración de los funcionarios de carrera del A1 en el Cuerpo Superior que “cumple con los requisitos dispuestos para ello por la norma de creación del cuerpo”.
De esa integración participaron 71 funcionarios del subgrupo A1, entre quienes se encontraban, hasta su cese por el Consejo de Gobierno el 7 de enero, la hasta entonces responsable de la Intervención General de la Junta, María Antonia González Pavón, así como sucesor desde esa misma jornada, Miguel Ángel Figueroa Teva.
COSTE ESTIMADO DE 1,77 MILLONES EN ESTE 2025
El Gobierno andaluz estimó en 2022 un coste de 1,77 millones de euros en este 2025 por la creación de estos cuerpos de interventores y auditores, según la documentación anexa a la aprobación de la ley.
“En 2025 se estima que el impacto anual máximo correspondiente a los dos Cuerpos ascendería a cerca de 1.776.859 euros”, decía el informe que rubricó el director general de Presupuestos, Eduardo León.
Estimó que el coste de 2023 sería de 365.849 euros, de 1.071.353,97 euros en 2024 y esos 1.776.885,69 euros para 2025, por lo cual el coste acumulado será de 3,2 millones desde la aprobación de la norma.
“El impacto económico previsto de la norma que se somete a informe comenzará a tener repercusión en el ejercicio 2023 en su primer apartado y en 2024 en su totalidad, sus costes se consolidarán en los ejercicios posteriores, repercutiendo económicamente en todos ellos”, explicaba el responsable de Presupuestos.
La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos contempla en el Presupuesto de este año un gasto de 31,82 millones del programa control interno y contabilidad pública, cuyo responsable es la Intervención General de la Junta, y de los cuales 30,1 millones son gastos de personal. El número de personas integradas en ese departamento es de 439, según la ficha presupuestaria.
El director general de Presupuestos apuntó en su análisis de la incidencia económica de la futura ley “que previsiblemente supondrán mayores costes de personal” por el hecho de que “se contempla la creación de dos nuevos Cuerpos de personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía”.
Precisó que “los efectos económicos de la Ley se producirían en dos momentos diferentes”, el primero de los cuales era la integración del personal con “carácter excepcional y solo por una vez”.
Aludía en este punto a los funcionarios que, “con una experiencia mínima de cinco años continuados, hubiera desempeñando las funciones que en esta Ley se adscriben al mismo”.
Esa integración se descartó para el Cuerpo Técnico de Intervención y Auditoría al indicar el director general de Presupuestos que “en la actualidad no existe personal que venga desarrollando las funciones que se adscriben al nuevo Cuerpo y pueda integrarse en el mismo” y “cuyas funciones están enfocadas hacia tareas novedosas”.
El responsable de Presupuestos de Economía situó como segundo momento de impacto presupuestario la resolución del concurso-oposición, a los tres años de entrada en vigor de la ley, “de forma excepcional y por una sola vez” para acceder a los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría.
IMPACTO PRESUPUESTARIO
Sobre el impacto presupuestario de la integración y acceso por concurso-oposición en el Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, precisaba Eduardo León, que “en la actualidad ascienden a cerca de 140 los puestos cuyas funciones se corresponden con las previstas en el anteproyecto de Ley” y precisaba que el objetivo para los próximos tres años sería “alcanzar un aumento del 10% de los mismos”.
Indicaba que un 64% de esos 140 puestos serían las personas “que reunirán los requisitos para la integración”, así como que el 36% restante sería las plazas que se convocarían en el concurso-oposición.
El responsable de Presupuestos indicó que, aunque, “no se han tenido en cuenta para el cálculo de las estimaciones las posibles subidas retributivas que pueda contemplar la Ley del Presupuesto de cada ejercicio, el impacto económico, que tendrá lugar de forma escalonada, se estima en 571.593 euros anuales, con un coste promedio ponderado unitario de 4.172 euros, consolidándose en los ejercicios sucesivos”.
En el caso de la integración del personal que hacía tareas de Intervención previas a la aprobación de la ley planteó un coste anual estimado de 365.849 euros, cifra que se consolidaría en ejercicios sucesivos.
El impacto del concurso-oposición sería de 765.013 euros: 205.744 euros como complemento específico de las personas ya al servicio de la Junta de Andalucía y los 559.269 euros restantes sería por las retribuciones completas correspondientes al 10% adicional de plazas ofertadas.
En el caso del Cuerpo Técnico de Intervención y Auditoría indicó el director general de Presupuestos que el impacto anual tras el concurso-oposición sería “una cifra máxima aproximada de 645.996 euros, consolidándose estos costes en los ejercicios sucesivos”.
LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE LOS CUERPOS SUPERIOR Y TÉCNICO
En la memoria justificativa que rubricó la entonces interventora general y hoy viceconsejera de Economía, Amelia Martínez, decía que “las funciones ejercidas hasta ahora por la Intervención General de la Junta de Andalucía, plasmadas en el control previo, control financiero y control contable, se han venido desempeñando, en su práctica totalidad, por parte de los cuerpos generales que integran los subgrupos A1.1100 y A1.1200, así como de los A2.1100 y A2.1200, por medio de actuaciones de control y contabilidad del sector público andaluz, prácticamente desde el inicio del régimen autonómico”.
Tras explicar que esas funciones se ejercieron “con total profesionalidad”, advertía de que “en la actualidad, la naturaleza, especificidad y especial relevancia de dichas funciones requieren de una cualificación específica no contemplada en toda su extensión actualmente en los cuerpos generales antes mencionados”.
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