SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta ha tomado conocimiento este martes de la aprobación, por parte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, del nuevo Plan General de Inspección Territorial y Urbanística, que fortalecerá la vigilancia que desde la pasada legislatura se está llevando a cabo para evitar la proliferación de edificaciones irregulares en Andalucía.
Según la Junta, este plan, que tendrá una vigencia de cuatro años, refuerza el camino emprendido desde 2019 con la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y su reglamento, así como el cambio de modelo de la gestión de la inspección, que ha permitido triplicar las actuaciones en materia de disciplina urbanística por parte de la administración andaluza.
El plan tiene como finalidad equilibrar el correcto desempeño de la competencia en materia de disciplina territorial y urbanística y los medios personales del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, así como mejorar la calidad y la eficacia de la inspección.
Partiendo de un análisis sobre las principales infracciones urbanísticas que se cometen en la actualidad, entre las que destaca el fenómeno de las parcelaciones en suelo rústico, y del nuevo marco normativo implementado por la Lista, este plan fija como líneas prioritarias la prevención de la implantación ilegal en suelo rústico de usos residenciales cuando sean nuevas parcelaciones urbanísticas o generen riesgo de formación de asentamientos; o el control de nuevos usos residenciales ilegales en los ámbitos de los planes especiales de adecuación ambiental y territorial.
También prioriza la vigilancia del cumplimiento de la ordenación territorial sobre los suelos rústicos destinados a espacios libres, corredores verdes, vías ciclopeatonales e infraestructuras supralocales. Por último, busca la supervisión del cumplimiento de las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionadoras, así como la alianza con las diputaciones para asistir a los ayuntamientos, con prioridad a los municipios de menos de mil habitantes.
El plan de inspección contempla medidas para mejorar la eficacia de la actuación inspectora, como la mayor utilización de medios digitales, la mejora de la formación del personal o el refuerzo de la colaboración institucional. En este último aspecto, se pretende estrechar lazos con corporaciones locales, órganos judiciales, Ministerio Fiscal o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Autonómica y Local.
También incluye el trabajo con los órganos de la administración autonómica en materia de función pública para poner en marcha el Cuerpo de Subinspección. De la mano de las administraciones estatal, autonómica y provincial, se pretende elaborar normas, instrumentos de ordenación, planes e informes. Por último, otros colectivos profesionales, universidades, colegios e institutos colaborarán en la celebración de jornadas y cursos de formación y en campañas de sensibilización escolar.
TRIPLE DE INSPECCIONES
La Junta subraya que desde 2019 la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha reforzado la labor inspectora para contrarrestar la situación generada durante los anteriores ejecutivos, que provocó la proliferación de edificaciones irregulares originando grandes problemas territoriales y ambientales. De hecho, se han triplicado las actuaciones en materia de disciplina urbanística sobre la base de la prevención frente a la represión: de las 557 actuaciones de 2018 se ha pasado a las 1.847 de 2022. Hasta el 1 de agosto de 2023 se han contabilizado 968 actuaciones.
De acuerdo con los datos facilitados por la Junta, en 2022 se abrieron expedientes para restablecer la legalidad en 462 construcciones y parcelas en suelo rústico, que contrasta con las 38 parcelas en las que se actuó en 2018. Hasta agosto de 2023 se han actuado sobre 310 construcciones. La mayor parte de estas edificaciones, ejecutadas en parcelaciones urbanísticas ilegales y suelos preservados, estaban llevando a cabo captaciones ilegales de agua y energía, así como vertidos sin ningún tipo de control ambiental o sanitario.
Según la Junta, la inspección pone ahora el foco en la prevención con el incremento de los precintos de actuaciones ilegales en curso de ejecución. Durante 2022 se alcanzó la cifra récord de 375 precintos, contrastando con la ausencia de estas actuaciones en 2018. En lo que va de año se han efectuado ya 258 precintos. Con ello, se evita la continuación de las obras y el uso ilegal del suelo, con el daño territorial y ambiental que ello genera.
Este aumento ha sido gracias a los cauces de comunicación abiertos con los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, destacando la colaboración con la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma y la Fiscalía especializada en delitos sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo, con los que la inspección ha trabajado en varias operaciones conjuntas.
En este cambio de dinámica también ha contribuido la nueva normativa. En primer lugar, el decreto ley 3/2019 de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares fijó un refuerzo de la inspección para mitigar los efectos ambientales, territoriales y paisajísticos de estas edificaciones.
Seguidamente, la Lista, aprobada en noviembre de 2021, acabó con las lagunas detectadas en la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía, y regula la competencia autonómica incorporando el concepto de disciplina territorial.
La Junta subraya que, a diferencia de la norma anterior, la Lista otorga a la Junta la competencia directa para intervenir ante las actuaciones que puedan tener incidencia supranacional. Además, ha introducido mejoras en la regulación de las medidas provisionales para garantizar una eficaz respuesta ante infracciones incipientes y establece nuevos mecanismos de control frente a las parcelaciones ilegales en suelo rústico.
Por último, el reglamento de la Lista, aprobado hace casi un año, simplifica la tramitación de los procedimientos, obliga a una mayor coordinación con la jurisdicción penal, y ahonda en la importancia de las medidas cautelares y del acto de precinto.
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