SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el decreto por el que se crean y regulan el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía y el Consejo Asesor de Mediación de Andalucía.
El Registro de Mediadores, de carácter administrativo y de acceso público, se constituye como un sistema de información accesible a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía. Su objetivo es facilitar el acceso de la ciudadanía a profesionales especializados en procesos de mediación, según una nota del Gobierno andaluz.
El decreto regula el procedimiento para la inscripción, actualización y rectificación de datos y baja en el Registro. Coexistirá con los registros públicos específicos propios de otras áreas de mediación como el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.
Ha subrayado la Junta que se trata de una iniciativa que se encuadra en “su apuesta por promover esta vía alternativa de resolución de conflictos”, antes de afirmar que “Andalucía es un referente en esta materia”, por cuanto “se ha adelantado a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia”, norma legal de alcance estatal que incluye los medios alternativos de solución de controversias para los que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ya ha puesto en marcha medidas y servicios que llevan ya tiempo funcionando.
Los profesionales deberán indicar en qué área del Derecho están especializados, específicamente, aquellos mediadores expertos en civil y mercantil, con lo que se da cumplimiento al registro de éstos que exige la Ley de Eficiencia.
La fecha de inicio y puesta en funcionamiento del Registro se determinará con una resolución de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, que será publicada en el BOJA, así como los formularios normalizados de solicitudes, comunicaciones o escritos dirigidos al Registro.
En cuanto al Consejo Asesor de Mediación ha explicado el Gobierno andaluz que se configura como un órgano colegiado asesor y de participación administrativa y social, estando representados todos los profesionales de la Justicia, del mundo académico y del empresarial, bajo la presidencia del consejero de Justicia.
Su finalidad es el asesoramiento, estudio, examen y análisis de la evolución y desarrollo de las medidas implementadas por la Junta de Andalucía en el ámbito de la mediación, a cuyo efecto se podrán constituir grupos de trabajo para el estudio de aquellas cuestiones que, por su importancia o trascendencia, requieran de un especial tratamiento.
Entre sus funciones destaca el hecho de informar, con carácter preceptivo, los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de carácter general en materia de mediación y otros medios adecuados de solución de controversias. También sobre asuntos que someta a su consideración por la Administración de la Junta de Andalucía.
Además, promoverá la colaboración y cooperación en materia de mediación y otros medios de solución de controversias con otras administraciones, colegios profesionales y demás entidades públicas o privadas.
Fomentará y difundirá el uso de éstos e impulsará estudios y actividades de formación y especialización de profesionales en mediación. La sesión constitutiva y la primera reunión del Consejo Asesor de Mediación de Andalucía se realizará en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este decreto.
Se podrán crear grupos de trabajo para el estudio y análisis de cuestiones de especial importancia o trascendencia que se reunirán con la periodicidad que sus actividades requieran y podrán convocar a personas expertas en la materia.
ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN
La creación del Registro de Mediadores y el Consejo Asesor forma parte de la Estrategia de Mediación de la Consejería de Justicia, uno de los ejes de trabajo del Plan Estratégico de Justicia en Andalucía para contribuir a aliviar la sobrecarga de trabajo de los tribunales y promover la cultura del diálogo y el acuerdo frente al exceso de litigiosidad con esta fórmula que ahorra tiempo y costes.
En el marco de esa estrategia, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha medidas pioneras como la inclusión de la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, que permite que los andaluces con escasos recursos económicos puedan solicitar un abogado de oficio para que les asista en procesos de mediación; la firma de un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales para que actúen como mediadores en conflictos laborales; y la creación de un Servicio de Mediación Penal en Andalucía (Sempa), público y gratuito, que desde su puesta en marcha en mayo de 2024 ya ha permitido evitar un millar de juicios penales.
Este año la Junta de Andalucía prevé crear un Servicio de Mediación Civil y Mercantil, si bien en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, el Gobierno andaluz está difundiendo esta fórmula alternativa en el ámbito empresarial mediante foros organizados en las distintas provincias que ya se han celebrado en Sevilla, Córdoba, Andújar (Jaén), Jerez de la Frontera (Cádiz) y, más recientemente, en Huelva.
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