SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno andaluz aprobará el martes 29 de octubre el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2025, que será “realista” y “centrado en las necesidades reales de los andaluces, como el empleo, la vivienda y los servicios públicos fundamentales”.
Así lo ha manifestado este martes la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que el Presupuesto de 2025, que estará aprobado “en tiempo y forma” frente a la “incertidumbre” que hay sobre la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, estará “pegado” a la tierra y la Junta sacará “la máxima eficiencia de los recursos”, que son “limitados” e “insuficientes”, entre otros motivos porque dejan de llegar anualmente a la comunidad más de 1.500 millones con el actual sistema de financiación autonómica.
Además del hecho de que las comunidades autónomas no conozcan la “senda fiscal” con la que contarán en 2025 por la “incertidumbre” sobre los PGE de 2025, la consejera andaluza ha denunciado la “falta de transparencia” del Gobierno central acerca de la ejecución de las inversiones.
“No hay día sin que nos levantemos con un nuevo agravio hacia Andalucía y ayer conocíamos la petición de Junts de que se transfieran a Cataluña los Presupuestos Generales del Estado que no se ejecuten allí en Cataluña”, ha apuntado Carolina España, quien ha agregado que “resulta que, en Andalucía, la ejecución de las inversiones del estado a través de los PGE es cuatro veces inferior a la ejecución de las inversiones” en la comunidad catalana.
Ha agregado que el último dato de liquidación del que dispone la Junta es del primer semestre del año 2022, lo que arroja “la poca transparencia” del Gobierno de España, “que no ha querido publicar en transparencia los restantes informes ni del último semestre del 2022 ni del año 2023”.
Respecto a ese último informe liquidado de los seis primeros meses del año 2022, ha indicado que, en Andalucía, “se ejecutaron, de los PGE, un 15,7%, frente a un 64,2% en Cataluña, es decir, casi 49 puntos por encima la ejecución” de comunidad catalana.
“El Gobierno central no puede seguir cediendo al chantaje del independentismo”, ha indicado España, quien ha agregado que los socios independentistas de Junts y ERC están “en una competición por ver quién esquilma más al estado”.
El relación con los Presupuestos de la comunidad para el año 2025, la consejera ha insistido en que estarán elaborados con “rigor” y contarán con el “aval” de agencias de calificación crediticia o de la Airef.
“Standard & Poor’s nos mantiene la calificación crediticia más alta desde el año 2012 y la Tax Foundation, la semana anterior, premiaba el esfuerzo realizado por el Gobierno andaluz para reducir la presión fiscal”, ha indicado la consejera, quien ha recordado que, después de Madrid, Andalucía es la segunda región “donde menos impuestos se pagan”.
Ha agregado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), “un año más, ha avalado la metodología establecida por la Junta en cuanto a la estimación del crecimiento económico y prevé un crecimiento mayor del que nosotros hemos previsto en los presupuestos para el año 2025: En concreto, nosotros hemos estimado un crecimiento para Andalucía del 2,4% y la Airef ha estimado un crecimiento del 2,5%”.
Una de las prioridades del Presupuesto andaluz para 2025, según ha indicado, será facilitar el acceso a la vivienda y se ha referido a la ampliación de deducciones fiscales en el IRPF, en cuanto a la compra de vivienda, que pasaría de un 5 a un 6 por ciento para los jóvenes y también para la vivienda de VPO o el alquiler de vivienda. En cuanto a las deducciones por alquilar vivienda en el IRPF, que son un 15%, se elevará el límite de 600 a 900 euros, según la consejera, quien ha añadido que estamos “hablando de 40.000 andaluces que se van a poder beneficiar de estas ayudas directas, tanto en la compra como en el alquiler de la vivienda”.
La Junta, según ha añadido, dejará de “recaudar 22 millones de euros como consecuencia de estas medidas de ayuda al alquiler y a la compra de vivienda”.
En todo este escenario de elaboración de los Presupuestos andaluces para 2025, España ha insistido en la “incertidumbre” que tienen las comunidades sobre la “senda fiscal” que tienen que aplicar ya que no se sabe si habrá o no PGE para el próximo año.
En cuanto al hecho de que el Consejo de Ministros haya abordado este martes el plan fiscal estructural que tiene que presentar el Gobierno de España a la Unión Europea, ha expuesto que se hace “con reformas y con ajustes a siete años vista y sin contar con las comunidades autónomas ni los ayuntamientos”.
“Estamos viendo un Gobierno que no gobierna y al que no le importa frenar el presupuesto de las comunidades autónomas”, ha indicado la consejera, quien ha señalado que la Junta está acostumbrada “a cumplir” con su obligación sobre los presupuestos de la comunidad “sin la colaboración” de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que esta situación de “incertidumbre” sobre los PGE ya se ha vivido en otras ocasiones.
MANO TENDIDA A LOS PARTIDOS
De otro lado, España ha querido dejar claro que la Junta está dispuesta a “tender la mano” a los partidos políticos en el Parlamento para dialogar sobre los Presupuestos andaluces para 2025, como ha hecho en los años anteriores. “Nuestra mano está tendida, pero claro, para dialogar y para acordar tienen que querer las dos partes”, ha dicho España, apuntando que la Junta estaría encantada de poder hablar también con los grupos de la oposición sobre los 1.522 millones que faltan en las cuentas de la comunidad por el actual sistema de financiación autonómica.
“Mano tendida a la oposición para decidir en qué mejoramos la vida de los andaluces con los 1.522 millones de euros que nos faltan cada año, pero claro, para decidir eso primero hay que reivindicarlos”, ha indicado España, quien ha reprochado a la oposición que no se sume a la Junta a la hora de reclamar ese dinero al Gobierno central ni de demandar un fondo transitorio de nivelación para compensar la “infrafinanciación” actual.
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