SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
La Intervención General de la Junta de Andalucía someterá a partir de ahora a fiscalización previa los nombramientos de personal funcionario interino, los contratos laborales y el reconocimiento de complementos personales por diferencias retributivas al personal alto cargo.
Así lo establece una resolución dictada con fecha 18 de febrero por la interventora general, María Antonia González Pavón, para actualizar los gastos de personal sujetos a fiscalización previa y que ya ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La resolución, consultada por Europa Press, prevé la fiscalización previa de los nombramientos de personal funcionario interino y sus posibles prórrogas salvo los que se produzcan en los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia para cubrir plazas “por ausencia o fallecimiento de su titular, por vacaciones, por enfermedad, por accidente o análogas”.
Igualmente, la Intervención General de la Junta someterá a fiscalización previa los contratos laborales y sus posibles prórrogas salvo que tengan “carácter fijo” o “duración determinada para sustitución de trabajadores con derecho a reserva de puesto, así como de sustitución para completar la jornada reducida, tanto de administración y servicios de los centros docentes como de los centros asistenciales” dependientes de las consejerías de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
Del mismo modo, la fiscalización previa también será aplicada tanto al “reconocimiento de complementos personales por diferencias retributivas al personal alto cargo” de la Junta de Andalucía como a la “concesión de asignaciones económicas tras el cese”.
La Intervención General también deberá someter a fiscalización la concesión de premios de jubilación, las indemnizaciones por finalización de contratos laborales, las compensaciones económicas por cese del personal interino y el abono de atrasos o vacaciones no disfrutadas cuando no sea posible su tramitación conjunta con el acto de cese.
Por último, la resolución determinar que la fiscalización de las propuestas de concesión de ayudas de acción social y anticipos reintegrables con convocatoria pública al personal al servicio de la Administración de la Junta “se realizará previamente a su adjudicación” por la Intervención “cuya competencia orgánica se corresponda con la del órgano convocante”.
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