CEUTA, 11 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha corregido a la baja sus peticiones iniciales de pena para los expolíticos, empleados públicos y ciudadanos acusados de participar hace ahora diez años en una trama para la adjudicación irregular de viviendas protegidas en Ceuta a cambio de dinero o tráfico de influencias, procedimiento del que ha eliminado el supuesto delito de organización criminal para todos los encausados.
En sus conclusiones definitivas ante la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz tras mes y medio de juicio oral, el Ministerio Público ha dejado en 13 años su solicitud de prisión para el supuesto “cabecilla”, el exdiputado autonómico del PP Antonio López, que comenzó la vista enfrentándose a 26.
La acusación pública considera que el también exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa, que da nombre a la macrocausa) debería ser condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de cohecho, a tres por otro de blanqueo de capitales y a cinco más por falsedad en documento público, así como al pago de una multa de más de seis millones de euros y a inhabilitación para empleo o cargo público durante casi dos décadas.
Los procesados como “intermediarios” de López para conseguir “clientes” que pagasen por acceder a promociones públicas de vivienda irregularmente se han beneficiado por colaboración con la Justicia y dilaciones indebidas de una rebaja de las peticiones de condena a prisión de la Fiscalía hasta 9 meses, como los más de veinte procesados por cohecho que también han asumido el delito.
Para los acusados que no lo han hecho se mantiene la solicitud de tres años y medio de cárcel por cohecho, así como multa de 15 meses con cuota diaria de 12 euros y el pago de las costas procesales.
La Fiscalía ha planteado para cinco empleados públicos de Emvicesa como pena alternativa a la de siete años de prisión por prevaricación y falsedad continuada de documento público una de falsedad imprudente con multa y suspensión de empleo o cargo público durante cinco meses.
Para la exconsejera de Fomento del Gobierno de Ceuta, Susana Román (PP), se ha propuesto una condena alternativa de 10 meses de multa y otros tantos de suspensión para empleo o cargo público por falsedad imprudente en lugar de la de 4 años y 9 meses de prisión por falsedad documental.
A la que fuera consejera de Asuntos Sociales hasta su detención en 2017, Rabea Mohamed (PP), y al entonces líder de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (Caballas), se les ha reducido a 9 meses de multa y otros tantos de suspensión por imprudencia como pena alternativa la principal de 8 años de inhabilitación por prevaricación.
El Tribunal ha acordado suspender hasta este martes la celebración del plenario para permitir a las defensas rehacer sus escritos de conclusiones de acuerdo con la recalificación de la Fiscalía, a la que se ha adherido la acusación particular.
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