CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Córdoba ve “necesario” adoptar medidas de protección y apoyo para Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los menores asesinados por su padre, José Bretón, en octubre de 2011 en la capital cordobesa, con el fin de “salvaguardar la intimidad y el superior interés de los menores fallecidos y su madre”, así como “el seguimiento y supervisión del cumplimiento de las penas impuestas al condenado”, con 40 años de prisión, todo ello a raíz del libro de Luisgé Martín ‘El odio’, que recoge las confesiones sobre el asesinato.
En un escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Córdoba, consultado por Europa Press, la fiscal Lucía Chacón considera “fundamental tener en cuenta la revictimización de la madre de los menores fallecidos que con la información ya proporcionada sobre el contenido del libro se ha visto abocada a revivir como presente los hechos ocurridos en el año 2011”.
Al respecto, apunta que “de conformidad con lo establecido en el artículo 681.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 8.4 de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, el Ministerio Fiscal está facultado para velar por los intereses de los menores víctimas y solicitar la adopción de medidas de protección que estime necesarias”.
Asimismo, subraya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) ha establecido “la necesidad de ponderar adecuadamente los derechos de la personalidad, como el derecho a la intimidad y a la propia imagen, cuando se producen conflictos con el derecho a la libertad de información”.
En este caso, el día 17 de marzo tuvo entrada en la Fiscalía de Córdoba un escrito remitido por el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) con la solicitud de ayuda, auxilio y amparo firmado por Ruth Ortiz, en el que se pone en conocimiento del Ministerio Público la inminente publicación del citado libro por la editorial Anagrama, que, “al parecer, contiene datos, cartas y referencias que afectan a la intimidad de los menores”.
Así, se han incoado las diligencias informativas preprocesales civiles, en las que se da respuesta a la petición formulada. Según remarca la fiscal, “es evidente que no sólo la inminente publicación del libro, sino que las entrevistas y noticias publicadas en prensa y en los medios de comunicación por el autor del mismo Luisgé Martín atentan directamente contra el derecho fundamental a la intimidad, artículo 18.1 de la Constitución, de los menores fallecidos y de la madre de los menores víctima viva”.
Igualmente, “contra el derecho fundamental del superior interés de los menores, protegido no sólo por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, artículos 2 y 3, sino por normas supranacionales ratificadas por España”, como la Convención de Derechos del Niño; el artículo 681.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; el artículo 8.4 de la LO 8/2021 de 4 de junio de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia y la LO 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, artículos articulo 7, 3 y 8, entre otra normativa, por la que también podrá acudirse, cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).
“LA EDITORIAL INCUMPLE”
Mientras, la Fiscalía de Barcelona ha asegurado que la editorial Anagrama ha incumplido “la obligación” de comunicar el contenido del libro, a efectos de examinarlo para considerar si existe una intromisión ilegítima del derecho al honor.
Así lo manifiesta en el recurso de apelación, consultado por Europa Press, contra la decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, que el lunes denegó la medida cautelar solicitada por la Sección de Menores de la Fiscalía de Barcelona, que pedía la suspensión provisional de la publicación y distribución de la obra.
El instructor argumentó en el auto que los documentos aportados por la Fiscalía para justificar la necesidad de adoptar esta medida cautelar “no son adecuados para ello”, pues son artículos periodísticos donde se hace referencia al libro, a lo que la Fiscalía responde que si no se dispone de este contenido es porque la editorial no lo ha entregado.
En concreto, sostiene que la “editorial Anagrama ha incumplido la obligación establecida en el artículo 3 de la Ley 1/1982 de 5 de mayo al no comunicar y dar traslado al Fiscal de su contenido con carácter previo”.
Aun así, considera que “se ha dado traslado al juez de documentación más que suficiente para valorar, prever y concluir con el debido rigor y total seguridad que sí existe el grave e inminente riesgo de intromisión ilegítima en el derecho al honor” y por tanto de lesionar un derecho fundamental.
EL GÉNERO DEL LIBRO
Tampoco comparte con el juez la necesidad de conocer el género al que pertenece el libro, una cuestión que el titular considera de especial trascendencia a la hora de ponderar los límites de la libertad de expresión en relación con el derecho al honor.
El Ministerio Público argumenta que “no deja de sorprender” la afirmación de que la posible lesión al derecho al honor sólo se pude cometer con libros de un determinado género.
Sobre la imposibilidad de considerar si existe una medida cautelar alternativa y menos restrictiva que la de paralizar la publicación y distribución de la obra, lo que supondría una restricción del derecho fundamental a la libertad de expresión, la Fiscalía responde: “También estamos frente a otro derecho fundamental como es el derecho al honor”.
Asegura que, en caso de que el libro se publique, podría verse vulnerado y lesionado este derecho, y que podría provocar un “menoscabo o lesión irreversible”, pues el daño ya estará hecho aunque la madre de los menores inicie acciones legales posteriores.
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