CÓRDOBA, 29 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Córdoba advierte de que en 2023 se ha registrado un incremento de denuncias por fraude en la contratación administrativa, a lo que añade que son numerosas las denuncias formuladas contra administraciones por irregularidades en los procedimientos de contratación, “produciéndose un fraccionamiento indebido del objeto del contrato y prescindiendo de esta forma del procedimiento legalmente establecido a fin de eludir el control de la mesa de contratación, la fiscalización del gasto y los trámites legales establecidos para la adjudicación del contrato”.
Así lo expone el Ministerio Público en su memoria anual referida al ejercicio 2023, en la que apunta que en la memoria de 2022 señalaba el incremento de delitos de contenido económico resultado de “la sofisticación de las conductas que traen las nuevas tecnologías, que facilitan no sólo la comisión de los delitos, sino la impunidad de los mismos por la dificultad de poder seguir el rastro a los autores”, si bien ahora apunta a las denuncias por fraude en la contratación administrativa.
Entretanto, la Fiscalía considera “especialmente dificultoso” el registro de asuntos de la Sección de Delitos Económicos, “teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el Ministerio Público no conoce la naturaleza del delito hasta la remisión física del expediente”. “Es difícil, por tanto, obtener datos exactos sobre la evolución de la delincuencia económica”, señala, para agregar que “el mayor número de asuntos corresponde a posibles delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delitos societarios y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos”.
Además, explica que ha desarrollado una “estimable” labor investigadora en 2023, con 19 diligencias de investigación por delitos de prevaricación, cohecho, malversación, blanqueo de capitales o fraude a la Hacienda Pública, a la vez que destacan los tres procedimientos incoados a lo largo del año 2019 que dieron lugar las denuncias interpuestas contra los directivos del Córdoba Club de Fútbol SAD por delitos de administración desleal, societario, apropiación indebida, falsedad mercantil y blanqueo de capitales.
Al margen de lo anterior, se reseñan otros procedimientos seguidos en la provincia por delitos de administración desleal y corrupción entre particulares en el marco del Consorcio de Transportes de Servicios Sanitarios de Córdoba; por organización criminal, resultante de la investigación de un delito contra la salud pública; por delitos de prevaricación, falsedad y tráfico de influencias supuestamente cometidos por responsables del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, o por fraude a la Seguridad Social con altas ficticias para obtener prestaciones por desempleo, con 150 personas investigadas.
Especial mención merece el procedimiento instruido por la creación de falsas altas a la Seguridad Social, sobre la base de un contrato de trabajo ficticio, para posteriormente obtener prestaciones por desempleo, maternidad e incapacidad temporal o permanente. Con 470 investigados en una instrucción que se dividió en piezas individualizadas conectadas con una pieza principal, instruida esta última respecto a la constitución de cooperativas utilizadas como instrumento de fraude, con un total de 13 investigados con una defraudación aproximada de dos millones de euros.
CRIMINALIDAD INFORMÁTICA, LAS CRIPTOMONEDAS
En cuanto a la criminalidad informática, la Fiscalía indica que en 2023 se han incoado 22 procedimientos judiciales; otros tantos calificados; ocho sentencias condenatorias, y una absolutoria. La primera reflexión que se debe hacer a la luz de los datos reflejados es que “ha existido un déficit en la recopilación”.
Y es que, “si ya la cifra de 53 procedimientos del año anterior era poco fiable a la luz del volumen de trabajo que se gestiona, cuanto más la de 22 de 2023”, asegura el Ministerio Público, “máxime si tenemos en cuenta que desde enero entró en vigor una reforma del Código Penal por la cual todas aquellos delitos que hasta entonces habían estado tramitándose como leves y que eran de un volumen considerable, ahora debían haberse incoado como diligencias previas”.
Al hilo, precisa que “este aumento esperado no se ha reflejado, en parte por lo ya indicado en el sistema de registro y, en parte, por las diferentes posiciones jurídicas en cuanto a la interpretación del nuevo artículo 249 CP cuando las cuantías eran inferiores a 400 euros”.
En cualquier caso, señala que “el mayor volumen de delitos cometidos en esta área se encuadra dentro de los delitos de estafa”, al tiempo que subraya “el aumento de estafas de criptomonedas, que en relación a años anteriores ha aumentado, existiendo varios procedimientos en fase de instrucción”.
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