SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
Representantes de ayuntamientos y diputaciones provinciales de Andalucía, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), se han reunido este miércoles con la secretaria general de Inclusión Social y la Dirección de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), en “un nuevo intento de lograr consensuar una urgente reordenación del Sistema Público de Servicios Sociales” en Andalucía, tanto en desarrollo de las prestaciones que derivan de la Ley de Dependencia, como de las que deriven de la Ley Andaluza de Servicios Sociales.
Los municipalistas han recordado, una vez más, que “la gestión de todas estas prestaciones han de ser financiadas adecuada y suficientemente por la Junta de Andalucía, legalmente competente para ello, sin olvidar que se constituyen como derechos de la ciudadanía de obligada atención por la Administración autonómica”, según una nota de prensa enviada por la federación.
En esta reunión de trabajo, se ha vuelto a poner de manifiesto, que “la situación existente hasta ahora es ya insostenible” para los ayuntamientos y diputaciones, que vienen históricamente asumiendo con recursos propios toda la gestión que precisa la prestación de estos servicios a la ciudadanía, en un ámbito tan relevante para más de 148.000 personas usuarias en nuestro territorio, como es la Ayuda a Domicilio, si bien el coste íntegro de dicha prestación debe ser plenamente asumido por la Administración autonómica competente en la materia, quien, a su vez, cuenta con los 558 millones de euros que le financia la Administración General del Estado en materia de Dependencia.
“Desde la representación local se ha reiterado a la Consejería la urgente necesidad en que la Junta actualice y renueve el sistema de financiación de las corporaciones locales en materia de Servicios Sociales, que se mantiene invariable desde hace más de 20 años, desde el año 2003. No puede seguir esquivando su responsabilidad y hacerla recaer, indebidamente, en los ayuntamientos y diputaciones, que estamos realizando un esfuerzo titánico para atender, con presupuestos propios, una competencia que le corresponde por ley, con los problemas jurídicos que además entraña en nuestros consistorios”, han advertido.
La idea existente en la población, aunque errónea, puede entenderse lógica, pues consideran que son los servicios municipales quienes deben velar por prestar estos servicios en toda su extensión, al ser la administración más cercana y la que siempre da respuesta a sus necesidades. Y es así, ya que la responsabilidad y cercanía ha motivado siempre un compromiso y una repuesta desde “lo local” para evitar que la ayuda a domicilio y otras ayudas sociales no se dejen de prestarse a la población.
En el último ejercicio liquidado, las entidades locales andaluzas han destinado de sus propios presupuestos municipales más de 772 millones a la atención de los Servicios Sociales y Promoción Social de sus vecinos. Si bien reciben de la Administración con competencias exclusivas (Junta de Andalucía) un presupuesto de apenas 41 millones para la cubrir las prestaciones sociales básicas de los 8,4 Millones de andaluces, en todos y cada uno de sus 785 municipios.
Además, según señalan, se ha vuelto a poner de manifiesto los continuos intentos desde la Administración Local, tanto a través de la FAMP como desde los ámbitos reglados de actuación del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) y del Consejo Andaluz de Concertación Local (CACL), de articular la imprescindible colaboración entre las dos administraciones en cogobernanza y gobierno multiactor, en pro del consenso para hacer la revisión a fondo que necesita la reordenación normativa y financiera que nos lleve a un Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, con capacidad para atender de manera universal a toda la población necesitada.
“Aún estamos a la espera de sentarnos a cerrar la revisión de la nueva Orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), a la que desde lo local hemos hecho grandes aportaciones y todas se han desoído; ver el nuevo Decreto de Catálogo de prestaciones sociales, íntimamente conectado a como haya de quedar regulado el SAD, al que igualmente se ha aportado mucho y todo se ha visto a priori rechazado desde la Consejería; y tratar el nuevo Decreto de procedimiento de reconocimiento de la Dependencia, donde hay que revisar el papel de gestión local y su dotación financiera de cara a mejorar la dramática situación en la que viven los 70.666 solicitantes andaluces de dependencia con más de seis meses a la espera de una respuesta por parte de la Junta de Andalucía”, han destacado.
La situación no puede ser más “desalentadora”, han lamentado desde la federación, quienes además han manifestado que “los llamamientos al consenso y diálogo desde lo local, y a todos los niveles desde la Secretaría General y consejera del ramo hasta al mismo presidente de la Junta de Andalucía; hasta el momento han sido en vano”. “Sorprende la poca sensibilidad del Gobierno autonómico ante un problema tan relevante”, han añadido.
No puede olvidarse que el único movimiento realizado hasta el momento fue la reciente subida del precio de la hora del SAD estableciéndolo en 15,45 euros, cuantía que el sector sigue considerando insuficiente para atender los costes totales por la prestación del servicio, y que por las entidades locales se dirige expresamente a intentar cubrir el coste laboral del personal que presta el servicio, en su mayoría mujeres que precisan tener garantizados sus derechos laborales en consonancia con su convenio de aplicación, y que cuanto menos requeriría elevarse de entrada a 18 euros/hora, con previsión de subida escalonada para afrontar la situación económica que vivimos.
“Se puede entender el descontento y malestar del sector con la insuficiente financiación autonómica del servicio, que, además, provoca la necesidad de afrontar una licitación de contratación de unos servicios de antemano infradotados, lo que supone un gran problema para muchas Entidades locales que han de asumir dicha función quedando desiertas muchas veces”, han apuntado.
Asimismo, la FAMP ha señalado que tras más de 20 años “urge alcanzar un acuerdo para la financiación de los Servicios Sociales por parte de las entidades locales andaluzas que les permitan desarrollar las prestaciones y servicios que les atribuye la Ley de Servicios Sociales de Andalucía en términos de universalidad, equidad y suficiencia económica en todos y cada uno de los 785 municipios andaluces”.
El “desorbitante” desequilibrio entre financiación y competencia exclusiva “no puede continuar cayendo sine die sobre las entidades locales andaluzas que han dado en estos 20 años sobrada muestra de responsabilidad y compromiso para con el Sistema Público de Servicios Sociales asumiendo directamente los costes de los recursos técnicos y las prestaciones sociales del mismo, siendo una financiación que ha de asumirse íntegramente por la Junta”.
Es por ello que, “el proyecto de Orden Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio que nos plantea el Gobierno andaluz debe regular el Servicio de Ayuda a Domicilio en los términos previstos en la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Parlamento de Andalucía en 2016, como un derecho subjetivo garantizado al que tienen derecho todas las personas andaluzas en términos de igualdad y equidad en todo el territorio”.
“Lo que estamos demandando a la Junta de Andalucía no es más que su obligación competencial en la financiación adecuada del servicio y de las estructuras que lo soportan para poder seguir llevándolo a cabo a las más de 148.000 personas que atendemos diariamente en términos de calidad, eficiencia y equidad”, han concluido desde la FAMP.
- Te recomendamos -
