SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado el pasado miércoles en una jornada de trabajo en la que se ha reflexionado, junto con el resto de actores del ecosistema local, sobre la nueva fiscalidad del tratamiento y la gestión de los residuos y vertederos municipales.
Según un comunicado enviado por la Federación, la Escuela Internacional de Servicios Públicos y las empresas Lipasam y Prezero han participado también en dicha jornada. La misma ha contado con una asistencia de más de 170 personas, provenientes de municipios, mancomunidades, empresas y entidades gestoras de residuos, en la que se ha abordado y analizado este tributo que afecta a las corporaciones locales.
La gestión de servicios públicos, la recogida y el tratamiento de los residuos municipales preocupan a los Gobiernos locales andaluces tras aprobarse la Ley 7/2022, de 8 de Abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular , que unido a una creciente sensibilización de lo opinión pública sobre el impacto ambiental que pueden generar, suponen un factor de tensión importante en las ciudades y pueblos de Andalucía, así como en todos los actores que participan de forma activa en la gestión de los residuos, según ha informado la FAMP.
En este sentido, la secretaria general de la FAMP, Teresa Muela ha avisado “sobre las repercusiones de este tributo en la recogida municipal” ya que “en el caso de los residuos municipales, y dado que la recogida, transporte y tratamiento de los mismos corresponde a las entidades locales, éstas serán las contribuyentes del impuesto, siendo el hecho imponible la entrega de residuos para su eliminación en vertederos autorizados, de titularidad pública o privada, que gravará los residuos municipales con una cuota íntegra de 40 euros por tonelada si los residuos se entregan sin tratamiento previo, o de 30 euros por tonelada si se tratan de residuos previamente tratados procedentes de rechazos de residuos municipales”.
Asimismo, ha señalado que este impuesto, por tanto, “supondrá un mayor coste de gestión de los residuos municipales para las entidades locales, por lo que, si desean minorar dichos costes, habrán de incentivar la recogida separada de residuos y maximizar al máximo las opciones más favorables de gestión de los residuos conforme al principio de jerarquía de residuos: prevención, preparación para su reutilización, reciclado y valorización”.
La secretaria de la federación ha subrayado que “desde la FAMP hemos recogido la preocupación generalizada de las entidades locales que gestionan la recogida de residuos municipales sobre la especial dificultad de aprobar los presupuestos municipales para el año 2023 en el que debe contemplarse la contribución a este impuesto sobre vertederos, sin que los municipios hayan tenido tiempo de rediseñar sus tasas para poder repercutirlo sobre las mismas, lo que viene a gravar la situación financiera, sobrecargando aún más a las arcas municipales; de ahí que se pidiera incluso una moratoria para que la tasa comenzara su andadura en 2024”.
Además, la fecha en la que se aprobó la nueva Ley de Residuos y el calendario previsto dificultó a los municipios la adaptación de sus ordenanzas en tan poco plazo, por lo que la FAMP solicitó la dilación de la entrada en vigor del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, hasta el 1 de enero de 2024. La FAMP considera que el tributo creado debe tener una consideración finalista y que su recaudación debe invertirse y contribuir en la mejora la recogida selectiva de residuos en cada municipio.
Por último, Tudela ha recordado que la FAMP “recomienda a los municipios que revisen de forma prioritaria las ordenanzas municipales” con el objeto de implantar sistemas de pago por generación de tal forma que se incentive la recogida separada de residuos y se maximice las opciones más favorables de gestión de los residuos conforme al principio de jerarquía de residuos: prevención, preparación para su reutilización, reciclado y valorización. De tal forma que con la priorización de esta forma de gestión se reduzcan los aportes a vertederos y los costes que por este tributo de generen.
MEDIDAS DE FINANCIACIÓN
Por su parte, la teniente de alcalde delegada del Área de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, María Sonia Gaya Sánchez, ha manifestado que la “implantación del impuesto sobre vertido e incineración, debería ir acompañado de las medidas de financiación o compensación económica necesarias para dar apoyo a los entes locales en la asunción de los sobrecostes que se van a producir en la gestión de los servicios de tratamiento, y en el desarrollo de las inversiones necesarias para cumplir los objetivos de recogida separada y reciclado”.
En este sentido, ha abundado que, en el informe económico financiero del Presupuesto de Andalucía, la Junta prevé recaudar por este impuesto, en 2023, y sólo referido a 3 trimestres, 94,6 millones de euros. “Cantidad que debería ir a parar a las arcas municipales, este año, y no ser utilizada para otros fines que no sean dotar de infraestructuras a los ayuntamientos para avanzar en la estrategia de economía circular.
“Recordemos que este es un impuesto medioambiental y que su finalidad no es meramente recaudatoria, sino conductual, por lo que sus objetivos sólo pueden alcanzarse invirtiendo en infraestructuras que nos permitan reducir y minimizar la cantidad de residuos municipales que depositamos en vertederos o incineramos”, ha matizado.
Por todo ello, resulta fundamental e imprescindible, poner a disposición de los ayuntamientos, instrumentos de apoyo económico, con la finalidad de facilitar el tránsito hacia este nuevo modelo fiscal local en materia de residuos”, ha resuelto en su intervención.
Por su parte, el consultor Vicente Galván ha apuntado que, “a diferencia de otras legislaciones que han avanzado sensiblemente durante el periodo reciente, la legislación medioambiental no ha evolucionado como debería haberlo hecho, lo cual dificulta sensiblemente el papel que los ayuntamientos tienen que jugar en la aplicación de este nuevo impuesto, al no encontrar el necesario respaldo legislativo para sus actuaciones”.
Finalmente, el director regional de PreZero España, Pablo Caballero, ha subrayado que “estamos convencidos de que esta nueva normativa contribuirá a reducir el consumo de materias primas, alargar su ciclo de vida y convertir los residuos en recursos. Este nuevo impuesto ayudará a cumplir los ambiciosos objetivos europeos de reciclaje”.
CONCLUSIONES DE LA JORNADA
Las conclusiones de esta jornada han sido, entre otras, que “este impuesto tiene un carácter censal”, con el objetivo fundamental de que se contamine menos, o al menos que pague más quien más lo hace. Pero durante la sesión, también, han surgido dudas razonables sobre quién es finalmente el sujeto pasivo de este impuesto, o cómo debe liquidarse en cada caso esta tasa. Donde sí hubo más coincidencias por parte de todos los participantes asistentes, ha sido en la conclusión de que “este impuesto debe tener un carácter finalista”, tal y como ha reivindicado la FAMP que ha solicitado codiseñar la hoja de ruta conjuntamente con la Junta de Andalucía.
Ese carácter finalista implicaría que lo recaudado tiene que revertir en las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras para la gestión de residuos en general y en este proceso deben tener un papel protagonista las entidades locales. También hubo coincidencia en la necesidad de conciliar las actuaciones por parte de los tres niveles de la administración, estatal, autonómica y local, así como por parte de los actores privados que participan activamente en esta industria.
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