SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha recibido este lunes, procedentes del Tribunal Supremo, las actuaciones relativas a la resolución de los recursos de casación formulados contra la sentencia de dicha instancia sobre el procedimiento específico a través del cual fueron canalizados fondos autonómicos para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas. Una vez recibidas las actuaciones, la Sección Primera de la Audiencia llevará a cabo la fase de ejecución de su sentencia, que condena al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel por malversación.
Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), después de que el Tribunal Supremo comunicase el pasado 26 de julio su decisión de desestimar la mayoría de los recursos de casación formulados contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, condenatoria respecto a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta juzgados por este asunto.
Especialmente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial exclusivamente por prevaricación.
En ese sentido, ante los recursos de casación formulados ante esta sentencia inicial, el Supremo ha resuelto absolver a tres secretarios generales técnicos también condenados por la Audiencia y reducir la condena del exdirector general de Trabajo Juan Márquez por apreciar la atenuante analógica de reparación del daño.
Más al detalle, si bien la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó a Juan Márquez a siete años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta; el Supremo redujo su pena de prisión a tres años, más siete años y medio de inhabilitación absoluta.
El Supremo, en esta sentencia cuya resolución hizo pública el pasado 26 de julio y notificó formalmente a las partes la semana pasada, ha resuelto así confirmar el resto de las condenas.
Pero en la sentencia del Supremo pesa especialmente el voto particular emitido por dos de los cinco miembros de la Sala Segunda, encargada de resolver los recursos de casación formalizados contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia.
En ese voto particular, las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación; y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente en el reparto final de los fondos.
“Una cosa es asumir y aprobar todo un sistema específico para ‘agilizar’ y para lograr una ‘mayor rapidez’ en la concesión y pago de las ayudas sociolaborales a los trabajadores y a las empresas en crisis (…) Y otra cosa muy diferente es que los acusados ajenos a la referida consejería (de Empleo) tuvieran conocimiento de que parte de esos fondos estuvieran siendo distribuidos de forma dolosamente fraudulenta”, señalan estas magistradas, considerando que la actuación de cinco de los condenados por malversación, entre ellos Griñán, “no cubre la tipicidad subjetiva” que requiere el delito de malversación, en alusión al dolo, “ni aun en la modalidad de dolo eventual apreciada por la Audiencia de Sevilla”.
LA SITUACIÓN DE CINCO DE LOS CONDENADOS
Tal aspecto incide especialmente en las tipificaciones aplicadas a Griñan, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, todos ellos condenados por malversación en la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia.
En cualquier caso, la familia de Griñán ha formalizado ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto parcial con relación a su pena de cárcel.
Los familiares del expresidente andaluz fundamentan su petición de indulto parcial, respecto a la pena de cárcel derivada del delito de malversación, “expresamente en razones de humanidad y equidad”, esgrimiendo que el expresidente andaluz es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.
También ha formalizado una petición de indulto la familia del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo; sobre el que pesa una pena de siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
EL VOTO PARTICULAR DE DOS MAGISTRADAS
En su petición de indulto parcial, la familia de Vallejo menciona especialmente el citado voto particular emitido por dos de los cinco miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada de resolver los recursos de casación interpuestos contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.
“Para tres magistrados, Vallejo ha cometido el delito de malversación y es condenado a siete años de prisión, para dos magistradas, no ha cometido delito de malversación y debe ser absuelto, como si una persona pudiera ser al tiempo semiinocente y semiculpable o semiabsolvible o semicondenable”, analiza la familia del exconsejero Vallejo en su petición de indulto parcial.
En cualquier caso, la familia de Vallejo defiende que “la contundencia de los argumentos que refleja el voto particular no puede ser desconocida a la hora de pronunciarse sobre la concesión del indulto”, recordando que las magistradas autoras de este voto particular consideran, textualmente, que “el tribunal de instancia (la Audiencia) ni siquiera ha razonado probatoriamente que los acusados ajenos a la Consejería de Empleo realizaran el tipo objetivo de la malversación”; y que por ello se habría incurrido en una “vulneración con su condena al derecho fundamental a la presunción de inocencia”, entre otros aspectos.
MENOS CÁRCEL PARA MÁRQUES
También ha solicitado el indulto la familia del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez; después de que ante su recurso de casación a su condena inicial a manos de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el Supremo acordase reducir su pena de cárcel al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño, como ha sido señalado.
Igualmente, ha solicitado el indulto ante el Ministerio de Justicia la familia del ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, condenado a seis años y medio de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación; al objeto de impedir su entrada en prisión.
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