Tampoco accede a desestimar la petición de la Fiscalía para que declare como testigo el exconsejero Antonio Fernández
SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este jueves el juicio de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, correspondiente a la pieza separada de las pólizas de seguro de rentas suscritas y pagadas por la Junta de Andalucía con relación al Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), por presunta prevaricación y malversación; figurando entre los acusados José Antonio Gómez Romón, conocido como “Pizo” Gómez, exfutbolista del Osasuna y Atlético de Madrid.
En concreto, los acusados en este juicio son el exdirectivo de la consultora Vitalia Vida Antonio Albarracín, contra el que pesan “40” causas en piezas separadas de la macrocausa de los ERE por su papel en la citada mediadora, pesando que este mismo jueves ha sido condenado a tres años de cárcel por el juicio correspondientes a las ayudas de la Junta para los despidos en la empresa sevillana Surcolor; el ex director gerente de la empresa Cenforpre Miguel Errecalde Treviño y José Antonio Gómez Romón, quien además de exfutbolista del Osasuna y Atlético de Madrid fue trabajador de la citada empresa.
Los hechos investigados son la suscripción del exfutbolista como asegurado con fecha 1 de agosto de 2007 de pólizas de rentas de supervivencia, a pesar de que tanto él como su jefe, Miguel Errecalde Treviño, eran conscientes de que no tenía derecho a recibir tales rentas que ascendieron a 491.424 euros, abonados a partir del 1 de enero de ese año hasta agosto del siguiente, mediante transferencias a la cuenta corriente de José Antonio Gómez.
Según las actuaciones de la juez de instrucción María Núñez Bolaños, esa cantidad era debida por la Consejería de Empleo a Cenforpre por los cursos de formación que dicha empresa había impartido, que normalmente eran abonados por transferencia bancaria.
LA PÓLIZA DE “PIZO” GÓMEZ
Sin embargo, el curso impartido sobre divulgación de riesgos laborales entre 2004 y 2006 no podía pagarse a través de este sistema por falta de presupuesto, por lo que Errecalde y responsables de la Dirección General de Trabajo idearon que se iba a abonar a través de una póliza de rentas, en la que debía aparecer como beneficiario una persona física, en concreto “Pizo” Gómez, según la instrucción judicial del caso.
En este marco, el juicio ha comenzado con las cuestiones previas de las partes, fase en la que el abogado defensor de “Pizo” Gómez, el letrado José María Calero, junto con el resto de defensas, ha alertado de que en este caso pesaría la situación de “cosa juzgada”, bajo la premisa de que estos hechos ya fueron abordados en la sentencia del Tribunal Supremo desestimatoria del recurso inicial de casación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, contra la sentencia de la propia Sección Primera de la Audiencia que le condenó por prevaricación y malversación en el “procedimiento específico” de financiación autonómica de los mencionados ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas.
En ese sentido, Calero ha avisado de que sobre este asunto “hay una decisión de fondo ya tomada” y, en el momento procesal oportuno, fue posible “haber llamado” como investigado a aquella causa principal a su defendido, agregando que con relación a los 491.424 euros transferidos por la Consejería de Empleo para una póliza de rentas con “Pizo” Gómez como beneficiario, la propia Sección Primera de la Audiencia ya dictaminó que el exconsejero Fernández incurrió en “prevaricación y malversación al disponer de estos fondos concretos” de la manera descrita y “ahora no puede decir lo contrario”.
Calero ha remarcado así que la sentencia del Supremo relativa al recurso de casación de Fernández contra su condena inicial por la misma Sección Primera de la Audiencia con relación al “procedimiento específico” ya incorpora los aspectos correspondientes a Cenforpre; mencionado además la sentencia del Tribunal Constitucional que admite parcialmente el recurso de amparo del exconsejero y anula la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia, ordenando a la misma que dicte una nueva resolución ceñida a su nuevo criterio sobre el asunto.
Porque según el TC, “no cabe considerar que la participación en la aprobación de anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación como proyectos de ley pueda ser calificada como resoluciones recaídas en asunto administrativo”.
ASUNTO YA “EXCLUIDO” POR EL TC
Esta misma sentencia del Constitucional con relación al exconsejero Antonio Fernández, según ha puntualizado el letrado defensor de “Pizo” Gómez, ya “excluye de la inconstitucionalidad” los aspectos relativos a Cenforpre; lo que le ha llevado a insistir en que en este caso concurre una situación de “cosa juzgada”.
También ha invocado la sentencia del Tribunal Supremo que estima los recursos de casación de Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Márquez contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia que les condenaba por la pieza separada de la macrocausa relativa a las subvenciones autonómicas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).
En ese sentido, y merced a la petición de la Fiscalía, el Supremo determinó en esa sentencia invocada ahora que todas las ayudas socio-laborales y disposiciones de fondos concedidas incluidas en el programa 31L están comprendidas en la estimación de la vulneración del derecho a la legalidad penal del Constitucional, en alusión a la decisión del TC de estimar parcialmente los recursos de amparo de los principales condenados en la causa del “procedimiento específico”, anular las sentencias iniciales de la Sección Primera de la Audiencia y ordenar a la misma que dice nuevas resoluciones incorporando su nuevo criterio sobre el asunto.
LAS “TRES IDENTIDADES”
Así, la defensa del exfutbolista ha aseverado que en el caso pesan “las tres identidades” necesarias para la situación de cosa juzgada, desgranando estas identidades “de hecho, de sujeto y objetiva”. “No son hechos diferentes, sino los mismos”, ha enfatizado, sumándose a esta tesis el resto de defensa; mientras las acusaciones ejercidas por la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP se han opuesto, toda vez que tras analizar el asunto durante más de media hora, el tribunal ha anunciado que “no ha lugar” a la admisión de estas cuestiones previas, por aspectos que quedarán documentados en la sentencia que se emita en su momento.
Otra de las cuestiones previas de las defensas que ha sido desestimada es la relativa a la petición de la Fiscalía para que declare como testigo el exconsejero Fernández, avisando los abogados defensores de que dada su sitación, esperando la nueva sentencia de la propia Sección Primera, “va a tener un interés en lo que diga como testigo”.
Tras ello, ha comenzado la comparecencia de los inculpados, comenzando por Miguel Errecalde Treviño, quien ha declarado por videoconferencia; mientras la defensa de Albarracín anunciaba que su patrocinado no respondería a otras preguntas que las suyas propias.
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