El fiscal general había señalado que era necesario dirimir “si corresponde informar a la Fiscalía del Supremo o a Anticorrupción”
SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, órgano emisor de la sentencia inicial sobre el “procedimiento específico” de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, ha emitido una nueva providencia, dando cuenta de que ha remitido un oficio al Tribunal Supremo; al objeto de que el mismo informe sobre la competencia “para informar sobre los indultos solicitados”, entre ellos el del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por malversación, una pena actualmente suspendida merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal.
En esta providencia emitida este pasado jueves y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Primera de la Audiencia obra así “antes de proceder al traslado para informe del Ministerio Fiscal”; recordando que su sentencia original sobre el caso, saldada con condena sobre 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán; aunque el primero de ellos sólo por prevaricación y por ende sin pena de cárcel; fue objeto de sentencia por la Sala Segunda del Supremo, resolviendo los recursos de casación interpuestos contra la resolución inicial.
A tal efecto, recordemos que el pasado mes de octubre, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, señalaba que el informe que debe aportar el Ministerio Público sobre los indultos solicitados por los condenados por el “procedimiento específico” de financiación de los ERE aún no había sido emitido, estando aún pendiente de resolver una disyuntiva competencial dirigida a dirimir cuál de las instancias de la Fiscalía debe elaborar el informe.
UNA “CUESTIÓN COMPETENCIAL”
“Hay que resolver una cuestión competencial sobre si le corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a la Fiscalía Anticorrupción, cuyos delegados están en Sevilla”; manifestaba el fiscal general del Estado.
Actualmente cumplen pena de prisión por el mecanismo específico de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas arbitrarias el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.
El exdirector general de Trabajo Juan Márquez, también condenado a cárcel por malversación, tiene actualmente suspendida su pena después de que a la hora de resolver los recursos de casación, el Supremo rebajase su condena a tres años de cárcel.
LA PENA DE CÁRCEL DE GRIÑÁN ESTÁ SUSPENDIDA
En el caso del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel, el pasado mes de junio, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acordaba suspender durante cinco años su entrada en prisión merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal.
El exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza de su lado del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión.
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