SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un Decreto Ley para dar cumplimiento al acuerdo que alcanzó con el Gobierno en agosto para evitar que recurriera la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) el Tribunal Constitucional (TC) por invasión de competencias.
El acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno se alcanzó en agosto en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y llevó a la Junta de Andalucía a tener que adaptar 42 artículos de la Lista que la Administración del Estado estimó que invadía sus competencias del Estado.
La Administración autonómica ha debido adaptar su norma las referencias a la legislación básica estatal.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que la Junta de Andalucía ha elaborado “también un Decreto Ley” para ejecutar el pacto con el Estado, al margen de la aprobación este mismo martes del Reglamento General que desarrolla la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.
Decreto ley que deberá someter a la convalidación del Parlamento de Andalucía. Carazo ha hablado de un Decreto Ley “en paralelo” para implementar ese acuerdo que “no afectaba al contenido de la ley”.
Preguntada en la rueda de posterior, la consejera de Fomento se ha quejado de que “el Estado lo recurre todo”, para lo que ha puesto como ejemplo “el decreto de viviendas irregulares”, diatriba con el Estado de la que ha apuntado que luego se solventó con “una disposición”.
Ha reiterado que el acuerdo sobre la Lista es para “dar cumplimiento a la legislación básica del Estado”, así como que “no afecta al contenido sustancial”, antes de asegurar que “otras comunidades autónomas han tomado el camino de la Lista, de la seguridad jurídica”, así como que “el propio Estado” procederá a modificar “la Ley Básica, en el sentido de evitar la nulidad completa de los planes generales”.
Ante la cuestión del recurso que permanece en el Tribunal Constitucional que presentó Unidas Podemos, junto con otros grupos del Congreso de los Diputados como ERC, la consejera de Fomento ha estimado que ese recurso “pierde fuerza una vez que tenemos el acuerdo con el Estado”, para redundar en la idea de que “no tiene sentido” después de que el Gobierno y la Junta de Andalucía “hemos acordado la legalidad y constitucionalidad del texto”, por lo que ha colegido que el recurso pendiente de resolver de Unidas Podemos “no va a poner en duda un acuerdo que afecta a la legalidad” y ha pedido que “se dé un paso atrás” tras el acuerdo alcanzado.
ACUERDO EN AGOSTO Y PUBLICACIÓN EN SEPTIEMBRE
El Gobierno andaluz acordó en agosto con el Estado la reforma de los 42 artículos de la Ley 7/2021 que el Gobierno había señalado como susceptibles de ser objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), así como la Disposición Final quinta y la Disposición Adicional Novena, después de aceptar la prevalencia jurídica de la legislación básica del Estado.
El acuerdo, cuyo desenlace el Gobierno andaluz ya avanzó el 25 de agosto, se reveló en su integridad con su publicación el 19 de septiembre en el BOE y el BOJA del pacto de ambas administraciones en el seno del grupo de trabajo creado dentro de la Subcomisión de Seguimiento Normativo.
El acuerdo señaló que “ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada” y “comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos” en la ley reguladora de este órgano.
Las discrepancias del Estado con la Junta de Andalucía se han centrado, entre otros aspectos, en materias como la invalidez de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, la colaboración público-privada, el suelo rústico, contenido urbanístico de la propiedad del suelo, derechos y deberes de la propiedad del suelo urbano y rústico, principios básicos para la ordenación del litoral, la declaración de interés autonómico o el proyecto de interés autonómico.
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