SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
Beneficiarios de los contratos de recualificación Margarita Salas de las universidades de Córdoba, Jaén, Sevilla, Málaga, Huelva y Granada se han coordinado para “luchar por unas condiciones laborales justas y dignas en las universidades andaluzas”, apuntando que sus becas, convocadas como “una oportunidad inigualable”, se han convertido “en un anzuelo para conseguir trabajadores cualificados a coste cero”.
Según explican a través de un comunicado, estas becas, “oportunidad inigualable para los jóvenes doctores para la realización de estancias de dos o tres años en centros españoles o extranjeros”, han acabado “provocado la renuncia de varios investigadores por las malas condiciones laborales, fomentando aún más la fuga de cerebros que sufre nuestro país en general y nuestra comunidad autónoma en particular”.
“Los que continúan, son personal altamente cualificado que realiza labores docentes e investigadoras a coste cero para las arcas de sus universidades tanto de origen como receptora”, han sostenido en la nota, en la que denuncian que los rectores andaluces y sus equipos de gobierno “interpretaron la convocatoria oficial del Ministerio de Universidades de forma arbitraria, perjudicando los derechos laborales de los investigadores”.
En este sentido, apuntan que la convocatoria inicial “se ha convertido en un anzuelo para conseguir trabajadores cualificados a coste cero” y ahora “los investigadores beneficiarios se enfrentan a unas universidades blindadas legislativamente y que responden con largos silencios administrativos”.
Como ejemplo del perjuicio señalan la deducción de la cuota patronal de las ayudas percibidas, “que representa el 30% de su salario”. Al respecto, explican que las convocatorias del Ministerio y universidades andaluzas ofrecían salarios brutos, pero con una cláusula que reflejaba que los investigadores pagarían la cuota empresarial, lo que abona la empresa a la Seguridad Social por su trabajador.
“No obstante, hay universidades que sirven de buen ejemplo y que realizan los procedimientos correctamente como la Universidad de Salamanca, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III o la Universidad de Cantabria, las cuales han respetado el bruto de la convocatoria del Ministerio de Universidades, o al menos han compensado los salarios de sus investigadores mediante ayudas propias o reduciendo las retenciones de IRPF para aquellos que realizan su labor en el extranjero”, han indicado en el comunicado.
Otro aspecto que señalan es que “pese a existir una sentencia del TSJA a favor de los investigadores, estas universidades no están pagando los complementos por antigüedad”. “De esta forma, personas que antes de ser beneficiarias de este programa cobraban los trienios, al cambiar de contrato han dejado de cobrarlos. Lo mismo ocurre con las subidas salariales a los empleados públicos, estos investigadores no las están percibiendo”, critican.
Las consecuencias para los investigadores Margarita Salas, de entre 30 y 40 años, “se vean obligados a compartir piso, recurrir a sus ahorros o a ayudas familiares temporales, sobre todo para aquellos que han realizado parte de sus contratos en centros de investigación de alto prestigio internacional localizados en países con una renta alta”. “En estos países un investigador de la misma categoría profesional podría cobrar más del doble que los investigadores Margarita Salas. Para todos los investigadores Margarita Salas nacionales e internacionales, se crea un agravio comparativo entre compañeros de distintas universidades”, han lamentado.
Estos investigadores afectados han asegurando que “se ha intentado entablar diálogo” con los respectivos vicerrectores de investigación de cada universidad andaluza “para que empatizaran con sus trabajadores”, pero “en la mayoría de los casos, o no han recibido respuesta –llevan meses esperando a que se les escuche–, o las universidades no revierten esta situación”.
Ante la situación, los afectados han pedido al consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, y a los rectores que aborden la situación “con urgencia”. Los afectados reclaman que se les abone la cuota patronal, los complementos por antigüedad y las subidas salariales correspondientes con carácter retroactivo, y que haya “una transparencia” en las siguientes convocatorias, ya que entienden que los rectores “deben ser los primeros interesados en ofrecerles condiciones dignas a sus empleados” y consideran que cuando un empleador ofrece un salario bruto no se le incluye la cuota que debe pagar la empresa.
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