CÓRDOBA, 13 (EUROPA PRESS)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han presidido este lunes en el Centro Penitenciario de Córdoba la entrega de diplomas a los internos que han superado con éxito los cursos de formación profesional que se imparten en la Administración Penitenciaria en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
“La reinserción social es una de las prioridades de la administración penitenciaria”, ha manifestado Grande-Marlaska en su intervención, en la que ha destacado los recursos formativos como “herramientas esenciales” para culminar ese objetivo. “Son especialmente importantes aquellos recursos que dotan de destrezas profesionales y permiten a los internos alcanzar la plena capacitación en un oficio o una profesión que dé respuesta, también, a las múltiples necesidades que plantea la sociedad”, ha añadido.
Mientras, la ministra ha agradecido “el trabajo de todos los funcionarios públicos, de los funcionarios de instituciones penitenciarias, de todas las entidades que colaboran con nosotros para hacer factible este convenio y que la formación profesional de los internos y de las internas sea una realidad”.
Ambos se han dirigido a los 72 internos que han recibido este lunes su diploma y han agradecido el trabajo colectivo de todas las instituciones y el personal participante “por su capacidad transformadora” y por el mensaje que trasladan a la sociedad. “La acreditación es parte de un camino que habéis emprendido para integraros en el mundo laboral tras haber desarrollado vuestras competencias y capacidades, y os reportará innumerables beneficios”, han aseverado.
A la entrega, que ha tenido lugar en el salón de actos de la prisión de Córdoba, han asistido, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente; la directora gerente de la Entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), Ana Belén Ayuso, y el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez.
CONVENIO PARA EL IMPULSO DE ACCIONES DE FORMACIÓN
Con carácter anual, la Entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal suscriben el convenio para el impulso de acciones de formación profesional en los espacios en los que residen las personas privadas de libertad. El documento, renovado a finales de 2024, cuenta con una dotación de 4.826.500 euros.
En los últimos 12 meses, la colaboración entre ambas instituciones ha permitido la programación de 206 cursos para 3.286 alumnos y alumnas en los centros penitenciarios y centros de inserción social dependientes de la Administración General del Estado. El total de personas que ha superado con éxito la formación, que se imparte en los mismos términos que en el exterior, asciende a 2.611, lo que supone un incremento de un seis por ciento respecto al año anterior.
El objetivo es la cualificación profesional de las personas privadas de libertad, de manera que puedan ver reforzadas sus posibilidades de inserción laboral una vez finalizado el cumplimiento de la condena. Las especialidades más programadas están vinculadas a las áreas de albañilería, gestión ambiental, panadería, pastelería, restauración, jardinería y confección.
Casi un tercio de los 206 cursos se han impartido en los establecimientos penitenciarios de Andalucía, donde 719 personas han obtenido la acreditación correspondiente. En el caso del Centro Penitenciario de Córdoba, 63 alumnos han superado la formación en 2024. Los cursos se han centrado en operaciones auxiliares de confección industrial y de pintura, operaciones básicas de recogida y tratamiento de residuos municipales e industriales, actividades auxiliares de cocina y operaciones básicas de panadería y bollería. Al acto de recogida de diplomas han asistido 72 alumnos de los cursos de 2023 y 2024 aún presentes en el centro penitenciario.
PETICIÓN DE MEDIDAS
Por su parte, el sindicato CSIF se ha concentrado junto a la prisión, coincidiendo con la visita al centro de los ministros para criticar “la dejadez y las faltas de respeto de la Administración central con el personal penitenciario” y reclamar “la mejora de la seguridad de estas instalaciones tras el aumento de las agresiones a los funcionarios que se han producido en los últimos meses”.
La central sindical ha destacado en una nota que ha sido la única que ha salido a la calle con este motivo. Representantes del sindicato en la prisión han mantenido previamente una reunión con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, a quien han transmitido varias reivindicaciones a fin de que “las plantillas se sientan más protegidas a la hora de llevar a cabo su labor”.
Entre las peticiones se encuentra “la necesidad de que estos trabajadores sean considerados agentes de la autoridad, tal y como se comprometió el ministro Marlaska en su primera intervención de esta legislatura en el Congreso de los Diputados”, ha recordado Teresa López, delegada de CSIF en la prisión de Alcolea, quien ha exigido que “se adopten medidas urgentes, como es la dotación de un mayor número de recursos humanos y materiales, para reducir el número de agresiones a los profesionales, que, según las últimas estadísticas a nivel nacional, suponen que cada 17 horas se produce un episodio violento de este tipo en los centros penitenciarios”.
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