SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
El Gobierno central y la Junta de Andalucía han iniciado “negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas” en relación con un artículo del Decreto-ley 5/2024, de 21 de mayo, que el Ejecutivo de Juanma Moreno aprobó para modificar distintas disposiciones normativas –como la Ley de Función Pública o el decreto de medidas de simplificación administrativa aprobado en febrero– con el objetivo de dar cumplimiento a acuerdos alcanzados al respecto entre la Administración andaluza y el Gobierno central.
En concreto, las “discrepancias” entre el Ejecutivo central y el andaluz se centran en el artículo 5 de dicho decreto, según se detalla en un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía consultado por Europa Press tras su publicación, este pasado viernes, tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En concreto, la referida subcomisión acordaba el pasado 26 de julio “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el artículo 5 del Decreto-ley 5/2024, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 21 de mayo, por el que se da cumplimiento a los Acuerdos de 30 de diciembre de 2022 y de 13 de febrero de 2024, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma, y se modifican otras disposiciones normativas”.
De igual modo, el Gobierno y la Junta acordaron en julio –aunque el acuerdo de la subcomisión se publicaba este pasado viernes, 20 de septiembre– “designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda”.
Ambas administraciones decidieron también “comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional” –que regula la interposición de recursos de inconstitucionalidad–, así como insertar el mismo en el BOE y en el BOJA.
De esta manera, con este acuerdo –firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz–, se busca alcanzar una solución entre ambas administraciones que evite la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central.
El artículo 5 del decreto del Gobierno andaluz con el que el Ejecutivo central ha expresado “discrepancias” gira en torno a una modificación del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía.
Entre otras cuestiones, dicho artículo modifica parte del contenido de normativas como el Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, y el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía.
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