CÁDIZ, 27 (EUROPA PRESS)
Facua Andalucía ha solicitado a la Consejería de Política Industrial y Energía explicaciones sobre las causas que provocaron el apagón “de casi cuatro horas” en la sierra de Cádiz el pasado 23 de enero y que afectó a “cerca de 140.000 vecinos de varios municipios, tanto de Sevilla, como de Málaga y Cádiz”, según esta entidad.
En una nota, ha señalado que este hecho tiene “especial importancia” para los usuarios que son “electrodependientes”, ya sea por el uso de respiradores o por cualquier otro aparato que necesite estar enchufado a la corriente eléctrica.
Ha recordado que “en abril de 2021” la distribuidora anunció “una inversión de 23,2 millones” en la provincia de Cádiz, para el trienio 2021-2023 en las redes de distribución eléctrica de la provincia, “la cual venía a dar cobertura a algunos de los pueblos afectados por el apagón”. En concreto, alguna de las mejoras incidían en la automatización de la red de media tensión y la instalación de telemandos, ha añadido Facua.
Esta entidad ha considerado que “el principal beneficio” de este sistema es “reducir el tiempo de restablecimiento del servicio eléctrico en caso de incidencia”, al poder realizar maniobras a distancia y acortar el periodo de reposición del suministro hasta “en un 20%”.
En ese sentido ha indicado que desconoce “la efectiva ejecución” de este proyecto y si la empresa ha justificado “de algún modo” el apagón que sufrieron los vecinos de la zona y a la que “obviamente no ha dado una respuesta adecuada”, ha apostillado. Ante esto, ha recordado a los usuarios que se vieron afectados por este corte de luz que tienen derecho a una indemnización “por los daños que hayan sufrido como consecuencia del apagón”.
Para poder reclamar, según han explicado, es necesario contar con las facturas o recibos de compra de los objetos dañados o de los gastos efectuados y, en el caso de desperfectos sufridos en algún electrodoméstico, “es conveniente solicitar a un servicio de asistencia técnica un informe en el que conste la causa de la avería y el coste de su reparación”. “Si no es posible reparar el aparato averiado, se debe aportar un presupuesto o factura proforma en la que se indique el coste de la compra de un nuevo aparato de características similares al siniestrado”, ha añadido Facua.
Según esta entidad, el artículo 42 del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, establece en su punto segundo que “las redes de distribución deberán ser dimensionadas con capacidad suficiente para atender la demanda teniendo en cuenta las previsiones de su crecimiento en la zona”.
Por eso, ha exigido a la Consejería de Política Industrial y Energía que facilite información sobre las causas del apagón y que se realicen “las gestiones oportunas” para garantizar la información y efectivo cauce de las reclamaciones por daños y perjuicios que se pudieran derivar “por esta falta de cumplimiento contractual”. Además, ha pedido cuentas sobre las acciones que se están llevando a cabo para solucionar la incidencia, así como el grado de cumplimiento de los parámetros de calidad en la zona y del grado de ejecución del plan de inversión de la distribuidora.
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