SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
Facua Andalucía ha lamentado que la Junta “vuelva a dejar fuera a la banca de su Plan Anual de Inspección de Consumo 2025”. Dicho plan, según la federación, incluye la realización de 19 campañas y alrededor de 9.000 controles en los sectores de alimentación, productos industriales y servicios.
Como ha extendido la federación en una nota de prensa, este 2025 “será el tercer año consecutivo que la Administración andaluza deje sin inspeccionar un sector que, cuando ha sido objeto de análisis, ha presentado un porcentaje muy elevado de irregularidades e incumplimientos”.
Han continuado recordando que En 2022 –último año en el que la Dirección General de Consumo incluyó a la banca en su Plan Anual de Inspección de Consumo– se formularon cinco procedimientos sancionadores con multas por valor de casi cuatro millones de euros.
Asimismo, han reiterado que en 2020 y 2021 “tampoco se llevaron a cabo inspecciones en este sector pese a que en 2019 se habían detectado numerosas irregularidades”, que supusieron “multas de decenas de miles de euros a varios bancos”.
“Al igual que años anteriores”, la federación remitió en octubre de 2024 a la directora general de Consumo, sus propuestas para que “fuesen incluidas en el Plan Anual de Inspección de Consumo 2025”. En el documento “se reincidía en la necesidad de incluir inspecciones a la banca, entre otros sectores, de acuerdo a los problemas que aglutinan un mayor número de quejas y reclamaciones de los usuarios”.
De este modo, Facua planteó “inspeccionar la posibilidad de retroceder los recibos cargados por la propia entidad, el control de empresas o establecimientos financieros que ofrecen tarjetas en centros comerciales, la supervisión en los casos de cobro por reclamación de posiciones deudoras o realizar una labor de inspección en la publicidad y el clausurado de los créditos ‘revolving’ y minicréditos”.
La Junta “ha hecho caso omiso a estas peticiones”, según la federación. La asociación ha calificado de “grave error esta decisión”, ya que “año tras año es uno de los sectores contra el que más reclamaciones presentan los consumidores”. “Ante esta inacción”, las empresas del sector “no se sentirán vigiladas”, y por tanto “no harán nada para revertir o eliminar aquellas prácticas o conductas que suponen la vulneración de los derechos de los consumidores”.
De este modo, Facua “ya expresó” el año pasado a la Junta “su indignación” por este tema, y “pese a ello han optado por ignorar la solicitud expresa de la organización y desentenderse ante las posibles irregularidades y abusos”.
“MAYOR DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y VOLUNTAD POLÍTICA”
Al hilo de esto, la federación “lleva años solicitando a la Junta que incremente la partida presupuestaria destinada a Consumo”, pues es “cada vez más necesario el fortalecimiento e incremento de las labores de inspección para que los consumidores se vean menos inseguros en el mercado”, garantizando por tanto “un mercado seguro y transparente”.
De igual modo, desde la asociación han asegurado que “entienden la limitación técnica y de personal que puede tener la Dirección General de Consumo a la hora de abarcar y controlar los diferentes sectores”, aunque ha lamentado esta “decisión política”.
De este modo, han recordado que el Defensor del Pueblo “ya abordó en 2016 de forma expresa la precariedad de la Administración de consumo”, y a su vez “alertó sobre la necesidad de dotarla de medios económicos y humanos”, ya que “se ven desbordados e imposibilitados para atender adecuadamente sus funciones”.
Por todo ello, Facua ha considerado que “en un contexto de incremento de los abusos a los consumidores y de debilidad de las estructuras administrativas para hacerle frente, la acción de lo público debería verse reforzada presupuestariamente”.
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