La Audiencia completa las comparecencias de los peritos y del exsindicalista de CCOO acusado en la causa
SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla prevé finalizar previsiblemente este miércoles, el juicio emprendido el pasado mes de noviembre contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y un ex sindicalista de CCOO; por presuntos delitos de prevaricación y malversación en los más de 9,76 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía al margen del “procedimiento legal”, para pólizas de seguro de rentas de trabajadores andaluces de la empresa Fertiberia incluidos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) acometidos por tal entidad.
En concreto, para este miércoles están previstas las conclusiones definitivas de las partes y los informes finales de las mismas, después de que este martes hayan declarado los últimos peritos convocados y haya comparecido como acusado J.A.F.G., otrora secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CCOO, pues el restante inculpado, Daniel Alberto Rivera, ya prestó declaración al comienzo de la vista.
En su comparecencia, Rivera explicaba que cuando desembarcó en 2010 en la Dirección General de Trabajo, era María José Rofa, quien fuera asesora en dicho departamento, quien le “ponía los documentos a firmar”. Es decir que ella era “la persona técnica que fijaba las cantidades” de las órdenes de pago que él firmaba.
NO TENÍA “NINGUNA SOSPECHA”
Rivera defendía así que cuando firmaba las órdenes de pago, como las enjuiciadas en este caso, “pensaba que las ayudas estaban avaladas” y que no comprobó la documentación de las pólizas de seguro de rentas que sufragaba porque “daba por supuesto” que todo era correcto. Y es que según su tesis, él no tenía “ninguna sospecha” de que en tales procedimientos pesasen “irregularidades ni intrusos”, extremo que conoció meses después “por la prensa”.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía pormenoriza el ERE promovido en 2003 por Fertiberia para extinguir 166 puestos de empleo, exponiendo que aunque la empresa “no solicitó ningún tipo de ayuda directa o sociolaboral, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social” de la Junta y la entonces Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), le otorgaron una ayuda sociolaboral por valor de más de 2,26 millones de euros con relación a 14 extrabajadores prejubilados “por la extinción de su relación laboral”.
En este marco Fiscalía señala especialmente el caso de 12 trabajadores de Fertiberia que merced a la negociación del ERE aceptaron su traslado a otros centros de trabajo y, “apenas unos días después, por asesoramiento de sus representantes sindicales, solicitaron la baja incentivada finalizando así su relación laboral con la empresa entre marzo y mayo de 2004, cobrando un incentivo por traslado y posteriormente otro adicional por la baja incentivada”.
Estos 12 trabajadores, según la Fiscalía, “remitieron una misiva colectiva e individualmente” al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 y condenado por prevaricación y malversación en la sentencia del “procedimiento específico” de financiación de los ERE incentivados con fondos autonómicos y las ayudas arbitrarias y sin publicidad a empresas.
En su carta, según el Ministerio Público, solicitaban “colaboración ante las circunstancias especiales” que afrontaban “con el fin de obtener ayudas sociales y comprometiéndose a la entrega del cheque recibido correspondiente a la indemnización por despido”, con lo que a juicio de la Fiscalía, “se articuló una mecánica ilícita de solicitar el traslado de centro de trabajo para, al poco tiempo, obtener una baja incentivada y la inclusión de estos trabajadores como beneficiarios de las pólizas de seguro de rentas de jubilación, a través de las cuales se instrumentalizó el pago ilícito de las ayudas”.
EL PAPEL DEL SINDICALISTA
La Fiscalía señala el papel en los hechos del acusado J.A.F.G. como entonces secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias, Textil, Químicas y Afines de CCOO, “conocedor de la ilicitud de las subvenciones y la incorrecta actuación de la administración concedente”.
Según el escrito de acusación, los citados trabajadores y J.A.F.G. “materializaron el procedimiento descrito para conseguir las condiciones de prejubilación a las que no tenían derecho” estas personas, “eludiendo cualquier tipo de disciplina administrativa”, acordando el citado sindicalista “la inclusión de estos trabajadores” como beneficiarios de las pólizas de seguro de rentas de jubilación de Fertiberia, “con la participación de la mediadora Vitalia Vida”.
Así, en octubre de 2004 el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, formalizó un documento destinado a “abonar” 812.049 euros para costear la póliza de estos 12 extrabajadores de Fertiberia.
LOS “12 SUPLEMENTOS DE PÓLIZAS”
Ese mismo mes fueron suscritas las pólizas de seguro de rentas del ERE de Fertiberia de 2003 con una cuantía total de 2,1 millones de euros, con más de 540.000 euros a pagar por los trabajadores coincidiendo “con el importe de sus indemnizaciones” y el resto por la Junta, figurando “12 suplementos de pólizas que incrementarían la deuda” de la Junta hasta los 1,947 millones de euros; si bien en 2008 fueron suscritas dos pólizas más para otros dos empleados afectados por el ERE de 2003, con una cantidad final de 317.735 euros.
Ya en 2009, según la Fiscalía, Fertiberia promovió otro ERE para la extinción de 223 puestos de empleo, señalando que “el coste previsto de los despidos ascendía a 16 millones de euros, debiendo asumir la Junta el 50 por ciento de dicho importe y Fertiberia el resto.
Así, la Fiscalía detalla que en total, la Junta concedió a Fertiberia ayudas por valor de más de 9,76 millones de euros, en concreto 1,947 millones para el caso de los 12 mencionados trabajadores del ERE de 2003, más otros 317.735 euros para las primas de los otros dos trabajadores del despido colectivo de 2003 y 7,5 millones de euros para la póliza de seguro de rentas de 159 trabajadores del ERE de 2009, “de la que no consta ningún pago”; pesando en ello las diferentes órdenes de pago de Daniel Alberto como director general de Trabajo desde abril de 2010, a la agencia IDEA, con relación a tales ayudas concedidas.
SIN NINGÚN “PROCEDIMIENTO LEGAL”
“El destino de estas subvenciones era financiar el coste de la indemnización por despido colectivo acordadas entre la empresa y los trabajadores” y, según la Fiscalía, eran “verdaderas ayudas a la empresa, no constando ningún análisis económico realizado por la Junta” sobre su procedencia y que en su tramitación “se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal”, lo que “daría lugar a causa de nulidad de pleno derecho”, pesando que tampoco hubo “fiscalización” ni seguimiento del dinero concedido.
Así, la Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación con relación al acusado otrora sindicalista de CCOOO y de la misma naturaleza pero sin el carácter continuado respecto al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, reclamando para el primero siete años de cárcel, el mismo periodo de inhabilitación especial y 17 años de inhabilitación absoluta; y para Rivera cinco años de cárcel, el mismo plazo de inhabilitación especial y 12 años de inhabilitación absoluta.
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