SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha acusado este jueves al PSOE de “fabricar un escándalo aunque no haya nada” en materia de contratación pública, argumento que ha defendido durante una comparecencia parlamentaria en comisión.
España ha esgrimido también que la Dirección General de Contratación de su Consejería “no ostenta competencia alguna” en el control previo o posterior de los expedientes de contratación de “otros órganos de contratación” de la Junta de Andalucía en cuanto a tener que “controlar, supervisar, auditar o analizar” esos expedientes.
Ese centro directivo de la Consejería de Economía “solo es responsable de la contratación de su departamento y de la centralizada”, así como de la coordinación, para seguidamente explicar que esa atribución de control a nivel interno la ejerce la Intervención General de la Junta de Andalucía y de forma externa la Cámara de Cuentas.
La parlamentaria socialista Alicia Murillo ha sostenido que los informes de la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre división de contratos para tramitarlos como menores “solo es la punta del iceberg” al esgrimir que solo han fiscalizado los ejercicios 2020 y 2021, por lo que faltan por auditar los ejercicios 2022 y 2023, antes de recriminar al Gobierno andaluz y al Grupo Parlamentario Popular que “no han querido investigar esto en sede parlamentaria” con su rechazo a la creación de una comisión de investigación, para advertir que “ahora hay investigación judicial abierta”, en referencia a la admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción número 13 Sevilla de una denuncia del PSOE sobre adjudicación de 300 millones de euros en contratos.
La consejera de Economía y portavoz del Gobierno ha acudido al argumento político en su segundo turno de intervención, entre los cuales ha mencionado que el PSOE tiene “a finales de noviembre un congreso nacional donde hay que hacer méritos para repetir candidatura”, por lo que ha blandido que la denuncia socialista sobre fraccionamiento de contratos para convertirlos en menores “no va a tapar la corrupción de la etapa socialista”, de manera que esos escándalos son “una losa que es complicado para seguir avanzando” el PSOE.
“Los andaluces no van a olvidar” esos escándalos socialistas, entre los que ha incluido “los enchufes masivos en la Faffe”, fundación disuelta hoy integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), para preguntarse de forma retórica si “los enchufes masivos en la Faffe se hizo con contratos menores o de emergencia” y concluir con una exclamación “ah, no, que eran por email”.
Ha defendido que el informe de la Cámara de Cuentas sobre la contratación de la Junta de Andalucía del ejercicio 2020 concluye “el cumplimiento de la legalidad con salvedades”, mientras ha proseguido considerando como “muy duro” que el PSOE andaluz tenga que defender “la financiación privilegiada para el independentismo”, así como afirmar que “Andalucía no está infrafinanciada”, junto con “el pacto con Bildu” o “poner en la calle a los asesinos de Martín Carpena, Luis Portero o Muñoz Cariñanos”.
Ha inferido que la denuncia socialista sobre la contratación de emergencia de la Junta “es una cortina humo para tapar el olor nauseabundo” de la corrupción socialista, para retomar de nuevo la idea de “fabricar un escándalo como sea”, y ha reclamado que “dejen de engañar a los andaluces, déjennos trabajar, que Andalucía se está despertando de la pesadilla socialista”, antes de concluir que en contratación han sido “errores administrativos para salvar vidas”.
Ha acusado al PSOE de “manchar el nombre de esta tierra para tergivesar”, ha recordado “el 96% de contratos menores del señor Espadas cuando era consejero de Vivienda”, ha defendido que “en el ámbito sanitario es complicado anteponer la burocracia antes que la vida”, antes de retomar la acusación al PSOE de que “está vendiendo España a los que quieren romper a España” y reclamarle a los parlamentarios socialistas que “se dediquen a pedir para Andalucía las mismas inversiones que para Cataluña”, donde ha incluido “1.200 millones de euros del Consejo de Ministros para rodalíes y carreteras”, para pedir que “dejen de atacar, manchar el nombre de Andalucía, y dejen que Andalucía levante el vuelo”.
La consejera de Economía y portavoz ha aludido a algunas de las medidas adoptadas en contratación por el actual Gobierno andaluz, donde ha mencionado el Decreto ley 3/2021 sobre medidas de racionalización administrativa, la creación de la Oficina Técnica de Coordinación de la Contratación con fondos europeos, diferentes instrucciones sobre los órganos colegiados de contratación con fondos europeos, la actualización de 28 modelos de pliegos sobre actuación de los órganos gestores, la elaboración de la plantilla sobre el modelo de contratación anual que se debe publicar, la elaboración de la Estrategia Integral Corporativa de Contratación, o la Instrucción 1/2021 sobre contratación de emergencia con medidas adicionales a aumentar las garantías, los controles y la publicidad para mejorar la contratación de emergencia, para expresar su convencimiento de que “la calidad de la información es cada vez más positiva”.
PSOE: SÍ TIENE QUE DECIR SOBRE LO QUE ESTÁ PASANDO
La diputada socialista ha asegurado, sobre el argumento de la consejera de que ya había protagonizado comparecencias en Pleno y comisión en 2023 acerca de la contratación pública autonómica, que “me ha sonado a que no quiero hablar del tema”, así como ha rebatido la idea de la limitación competencial de Economía en el control de la contratación de la Junta de Andalucía para sostener que “algo sí tiene que decir sobre lo que está pasando”, y argumentar aquí que suman 758 millones “el otorgamiento de contratos a dedo bajo sospecha”, donde ha sumado 300 millones concedidos en contratos de emergencia y los 458 millones en contratos fraccionados.
Murillo ha reprochado a la consejera y portavoz “que no ha dicho lo que dice la Cámara de Cuentas” acerca del “tiempo medio en publicar”, que hay expedientes con más de 600 días de retraso, y que “publicar tarde es lo mismo que no darle publicidad al contrato”.
Ha reclamado a España que el Gobierno andaluz “comparta con los grupos la información que remita al juzgado” dentro de su denuncia del “traspaso de fondos a la sanidad privada”, ámbito donde ha puesto de manifiesto que esa cantidad ha aumentado un 55%, así como que las listas de espera de la sanidad andaluza ha aumentado un 26%, mientras ha espetado a la consejera de Economía si “está segura de que se pueden gastar fondos europeos en publicidad institucional”, una conclusión a la que ha llegado a través del “buscador de licitaciones” y el hallazgo de numerosos patrocinios institucionales sin publicidad.
Esta afirmación la ha replicado España diciendo que “los contratos de patrocinio son privados para eventos contratados” y que “tiene el OK de la Comisión Europea”.
El portavoz adjunto del Grupo Popular Pablo Venzal ha sostenido que “el fraccionamiento de los contratos puede ser legal cuando están justificados y tienen razón de ser, no pueden ser ilegales”, para recordar que el informe de la Cámara de Cuentas “pone de manifiesto que no hay un ilícito penal”, planteamiento del que ha inferido que “es una denuncia sin recorrido” del PSOE.
La diputada de Vox Cristina Jiménez ha asegurado sobre “las noticias que hemos conocido nos pone en prevención” sobre la contratación de la Junta, para plantear que “una cosa es equivocarse, errar y otra usar procedimientos excepcionales como ordinarios”, para esgrimir que “tenemos que exigirle que son ustedes los que gobiernan y que deben dar cuenta de su gestión”.
- Te recomendamos -
