SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
El Gobierno andaluz ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la segunda corrección de errores que hace del Decreto 3/2024, de 6 de febrero, el último decreto de simplificación administrativa, y que acomete en el plazo de quince días de diferencia entre una y otra.
En este caso se circunscribe, además de una precisión de un importe de 7 euros de la tasa y precio público del análisis de fibra de algodón y algodón bruto, a la revisión del grado de dependencia.
Así, si antes se apuntaba como posibilidad para revisar ese reconocimiento la solicitud por “empeoramiento de la situación de dependencia y haya transcurrido menos de un año desde que se haya dictado la anterior resolución por la que se reconozca el grado de dependencia, salvo que se acredite el empeoramiento, mediante el informe del profesional médico y/o de enfermería sobre condiciones de salud del sistema sanitario público o del sistema de protección sanitaria que corresponda y que acompaña a la solicitud de revisión, según el modelo normalizado que figura en el Anexo VII”, ahora ese punto se sustituye por otro más sintético, donde se establece que la revisión será posible en el supuesto de “error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente instrumento de valoración”.
También corrige el supuesto para inadmitir la revisión de la dependencia, que sigue siendo para el empeoramiento de personas que tengan acreditado un grado III, de gran dependencia, mientras que ahora precisa, sobre la anterior versión, la posibilidad de que el informe lo rubrique o bien el profesional médico o bien de enfermería.
La anterior corrección de errores, publicada en el BOJA de 22 de abril, fue de mayor enjundia que ésta de este lunes, que es de dos páginas, por cuanto aquella entrañó una corrección de 20 páginas y fue objeto de la protesta de los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces celebrada el miércoles 24 de abril, órgano donde reclamaron la elaboración de un informe sobre el alcance de esos cambios.
Fue la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, la que lideró ese trabajo de los servicios jurídicos, iniciativa a la que se sumaron PSOE-A, Vox y Adelante Andalucía, para evaluar la afectación al contenido del decreto-ley después de publicarse “20 páginas de correcciones” de su contenido.
Nieto remarcó que eran “20 páginas” de “correcciones” que motivan “más de 50 cambios” en el referido decreto, que tachó de “decretazo” y del que advirtió que ahora “se parece lo que un huevo a una castaña” en lo relativo a los puntos que se ven modificados con esos cambios.
La portavoz de Por Andalucía sostuvo que eso “debe de tener algun tipo de afección y consecuencia” respecto al decreto que convalidó el Parlamento, por lo que justificó la demanda que “los servicios jurídicos de la Cámara hagan un informe sobre cómo queda ese decreto una vez que se incorporan esas modificaciones” y “qué consecuencias tiene” eso.
Nieto reclamó un posicionamiento de todos los grupos para evitar que fuese sólo una solicitud de Por Andalucía.
Ante las discrepancias del portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, zanjó la cuestión señalando que son “cuatro grupos” los que finalmente solicitan ese informe de los servicios jurídicos.
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