SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y Ocio (Aaeeco) ha criticado la “paralización” por parte de la Junta de Andalucía de las actividades extraescolares que “no podrán empezar” en octubre, una situación que afecta a más de 1.660 centros y más de 72.000 usuarios, según el Dossier de Cifras y Datos publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en el curso pasado.
Así lo ha indicado la asociación en un nota de prensa, en la que precisa que las más de cien entidades homologadas para prestar este servicio en Andalucía solicitan a la Junta que “pongan una solución y más recursos” para poder formalizar los más de 2.000 contratos que se requieren y que “no llegarán a plazo si no se dispone de más medios públicos para garantizar a las familias un servicio complementario para poder conciliar vida laboral y familiar, a pesar de estar avalado por el Decreto de Servicios Complementarios que garantiza este derecho a las familias desde octubre, mes en el que deberían iniciarse”, concretamente el lunes 2, un extremo que aseguran “nunca ha pasado”.
“La falta de previsión en los plazos de adjudicación de este servicio deriva a una falta de garantías en las familias, que desconocen del problema, ya que desde los centros y las entidades homologadas no disponen de una información clara y transparente de dichas circunstancias”, aseguran desde Aaeeco.
Pero, “bien se sabe que si la consejería, a través de la Agencia Pública Andaluza (APAE), empresa pública que gestiona este servicio, no dispone de mas recursos, las familias no podrán contar con este servicio en octubre”. Además, desde la asociación advierten que “esto puede ser fatídico para las empresas porque si los padres no pueden organizarse con las extraescolares del cole, buscan una actividad externa al centro, con lo cual están empobreciendo el recurso público por no ser previsibles”.
Por tanto, la asociación apunta que esta “falta” de planificación y recursos “se traduce en un daño y perjuicio” a entidades homologadas, una “falta de recursos públicos” a los centros, un derecho de conciliación “vulnerado” a las familias y “una pérdida de empleo y adquisición destruyendo más de 7.000 puestos de trabajo que se generan en torno a este servicio”.
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