
SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)
El Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) en la que solicita “la adopción de nuevas condiciones más exigentes para el reconocimiento de universidades privadas en la comunidad” autónoma.
Así lo ha anunciado el PSOE-A este lunes en una nota tras advertir de que las medidas propuestas en el borrador del anteproyecto de Ley de Universidades del Gobierno andaluz “siguen siendo insuficientes para garantizar la calidad académica y científica del sistema universitario andaluz”.
De esta manera, el Grupo Socialista propone una batería de requisitos adicionales orientados a “reforzar el compromiso de las futuras universidades privadas con la equidad, la investigación, la transferencia de conocimiento y la responsabilidad territorial”.
Entre las propuestas, desde el PSOE-A destacan como “medida inédita en Andalucía” la exigencia de que las universidades privadas “prioricen en su admisión a los estudiantes solicitantes con mejores calificaciones en la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU), en aquellos grados con nota de corte en el sistema público, como por ejemplo el Grado en Medicina”.
Según el portavoz socialista de Universidad, Antonio Ruiz, con estas propuestas “intentamos garantizar el principio de mérito y evitar vías paralelas de entrada a titulaciones altamente demandadas”. “Esta medida busca asegurar que el rendimiento académico sea el principal factor de acceso a estudios de alta competitividad, en igualdad de condiciones con el sistema público”, ha añadido el parlamentario socialista.
Asimismo, el Grupo Socialista propone también que las universidades privadas “no puedan ofertar grados que estén ampliamente representados en el sistema universitario público andaluz, salvo aquellos que cuenten con una alta demanda en el mercado laboral y buenos índices de inserción profesional”.
PLANES HABITACIONALES
De igual modo, se introduce “la obligación de presentar un plan habitacional asociado al campus universitario –como mínimo una residencia o colegio mayor– para facilitar el acceso al alojamiento estudiantil y garantizar un modelo universitario más integral y comprometido con su entorno”.
La propuesta del Grupo Socialista establece, asimismo, otras condiciones, como que las futuras universidades privadas en Andalucía “deban dedicar un porcentaje de su presupuesto –no inferior al cinco por ciento– a programas propios de becas y ayudas al estudio, teniendo en cuenta principalmente las circunstancias socioeconómicas del estudiantado”.
Dicho porcentaje “será independiente del dedicado a becas por el canon que una universidad privada abona por la concesión de terrenos públicos”, según recoge la PNL, que aboga igualmente por que se destine otro 5% a programas de investigación, y un 5% a iniciativas de transferencia de conocimiento, “asegurando así una implicación real con el servicio público universitario”.
Además, se plantea que los programas de doctorado se impartan obligatoriamente en sus propios campus, “evitando su externalización a estructuras ajenas al sistema andaluz, como, por ejemplo, escuelas de doctorado radicadas en Madrid”, y que el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria sea “vinculante como condición para iniciar su procedimiento de reconocimiento oficial”.
Por último, la iniciativa socialista “rediseña el futuro órgano de coordinación universitaria previsto en el borrador del anteproyecto de la futura Ley de Universidades de Andalucía”. Las universidades privadas, según esta propuesta, “podrán formar parte del futuro Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria (CACU), pero no como miembros del Pleno, sino integradas en una comisión específica para universidades privadas”.
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