CÁDIZ, 24 (EUROPA PRESS)
El diputado nacional y coordinador provincial del PP de Cádiz, Ignacio Romaní, ha reclamado que el Congreso impulse la tramitación de proposición de ley, presentada por el Grupo Popular, para endurecer las penas por delitos de narcotráfico y que incluye tipificar como delito la actividad de los ‘petaqueros’ de proveer combustible al narcotráfico.
En una nota, Romaní ha criticado que “el PSOE y sus socios están paralizando en el Congreso iniciativas presentadas por el Grupo Popular para contribuir a la lucha contra el narcotráfico en la provincia, como es el caso de la citada ley cuyos plazos de tramitación han sido prorrogados en seis ocasiones, o la Ley de Reconocimiento de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera que se ha demorado en 24 ocasiones”.
Así, ha acusado al Gobierno de “negacionismo” en referencia a la magnitud que está tomando el problema del narcotráfico con “situaciones cada vez más graves y agresivas que, además, se están extendiendo a toda la costa de Andalucía”.
“Es un problema que se está enraizando, pero el Gobierno y el PSOE no quieren reconocer la herida que está generando el narcotráfico y la forma de hacerlo es silenciar el debate, decir que aquí no pasa nada y ocultarse tras estadísticas que chocan con la realidad, tratando así de aplicar la normalidad de que se está luchando con éxito”, ha afirmado el diputado del PP.
Además, ha incidido en el “abandono del Gobierno a la hora atender las reivindicaciones en la lucha contra el narcotráfico” y, como ejemplo, ha lamentado que demoren iniciativas que vendrían a contribuir a la lucha contra el narcotráfico .
El diputado ha señalado “al ministro Marlaska, que se presentó como diputado por Cádiz, y a la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y diputada gaditana por Sumar, Esther Gil, que ni uno ni otro dejan que se debatan estas iniciativas y evitan así que se aprueben”. También se ha referido a la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, que “debería liderar las reivindicaciones en la lucha contra el narcotráfico en la provincia, aunque su silencio es atronador”.
Respecto a la Ley para endurecer las penas por delitos de narcotráfico, ha recordado que el PP presentó la propuesta a través de una proposición no de ley que fue aprobada, con el voto en contra del PSOE, por la Comisión de Interior hace un año y que, igualmente, el Senado aprobó y envió al Congreso una proposición de Ley que es la que ahora se está demorando con hasta seis ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas para evitar así su debate y dilatar su puesta en marcha.
En concreto, según ha explicado, en la iniciativa se plantea penar con hasta ocho años de prisión a los petaqueros, las personas que proveen de combustible a las embarcaciones que transportan droga. El Código Penal no recoge esta actividad como delito y su sanción se limita al abono de una sanción administrativa, por lo que se propone tipificar el almacenamiento y la tenencia de gasolina como delito autónomo cuando supere ciertas cantidades y fuera de las personas autorizadas debidamente para su almacenamiento o transporte legal.
Además, según ha señalado, se pide que se castigue con las penas superiores en grado a quienes ataquen con embarcaciones a agentes de la autoridad y que el tráfico de drogas se condene con penas de prisión de dos a cuatro años, frente al de uno a tres años actual.
Romaní ha destacado, tal y como se recoge en la proposición, que el endurecimiento de la legislación contra el transporte y el almacenamiento de combustible es una reclamación recurrente de los jueces y de las fuerzas de seguridad implicados en la lucha contra el narcotráfico. “Todos sabemos de la presencia continua de narcolanchas en nuestras costas y de cómo la provincia se está convirtiendo en el surtidor de combustible de las mafias, es una realidad que hay que abordar en profundidad y combatirlo con medidas más contundentes”, ha afirmado.
En cuanto a la proposición de Ley del Partido Popular para declarar profesión de riesgo a la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera ha indicado que “se han producido 24 prórrogas en el Congreso y esta Ley, que podía estar aprobada desde el verano pasado, está metida en un cajón en la mesa del Congreso por el abandono y el maltrato de los socialistas”.
“Están discriminando y abandonando a los agentes de Guarida Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera que se juegan la vida en las calles al permitir que no sean declarados como profesión de riesgo, y mientras que otras profesiones como policías locales, mossos, ertzaintzas sí están reconocidos como tal los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado no, algo incomprensible e injusto”, ha concluido.
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