SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el acuerdo por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal la concesión de una subvención de 50 millones de euros para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Andalucía. “Los servicios públicos de empleo se enfrentan al desafío de dar estabilidad en el empleo y respuesta a los retos laborales tanto estructurales como coyunturales promoviendo nuevas actuaciones que, con respaldo social, permitan fortalecer la empleabilidad sobre todo entre los trabajadores que más lo requieran”, ha sostenido el Gobierno en una nota de prensa.
El Plan Integral de Empleo de Andalucía ha de contribuir al fomento y mantenimiento del empleo, así como a la generación de riqueza por parte del tejido productivo y en el que se establezcan medidas para facilitar la recuperación y mitigar los efectos sobre el empleo de la reciente crisis y los factores de incertidumbre económica internacional.
En esta edición, el Gobierno destaca la inclusión en el convenio de la necesidad de mejorar la “gobernanza bilateral” entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la comunidad autónoma de Andalucía que tendrá que remitir trimestralmente al SEPE las actuaciones puestas en marcha y el avance de resultados de las mismas.
El Plan Integral de Empleo de Andalucía permitirá financiar, entre otras, actuaciones de formación en el trabajo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional, así como de formación en alternancia que permitan a los beneficiarios, tanto ocupadas como desempleadas, adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para incrementar su cualificación y facilitar su inserción laboral.
Igualmente, sufragará actuaciones que tengan por objeto incentivar la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el mismo; en particular, los de atención prioritaria para la política de empleo previstos en el artículo 50 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero.
Servirá también para desarrollar planes de empleo social en actuaciones coordinadas con las distintas administraciones públicas para mejorar la empleabilidad de los colectivos especialmente vulnerables, y para dar apoyo para la contratación y creación de equipos expertos en desarrollo local que generen material sobre el empleo local, la capacidad de transformación de los municipios. Por último, podrán aplicarse fondos en nuevos modelos económicos en el ámbito local como, por ejemplo, la economía circular o la economía social.
Los fondos tienen como objetivo poner en marcha actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de desempleados; mejorar e impulsar la modernización de los sistemas públicos de empleo que “redunden en una mayor eficacia reforzando su dimensión local”.
Asimismo, la partida se dedicará a actuaciones de mejora para la introducción de herramientas de análisis para la identificación y clasificación de las personas desempleadas respecto a sus necesidades para la mejora de su empleabilidad; acciones y medidas destinadas a garantizar el principio de igualdad de oportunidades, mejorando la tasa de empleo femenina, la integración laboral de los colectivos en riesgo de exclusión y la integración laboral de las personas con discapacidad; y para actuaciones que fomenten la práctica profesional en un entorno laboral, prioritariamente para aquellos desempleados en busca de su primera experiencia profesional.
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