SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, a iniciativa del Grupo Popular, posicionarse a favor de que el Gobierno de España “facilite la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego, como medida fundamental de apoyo a los agricultores andaluces”.
Así lo ha acordado el Parlamento al aprobar una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Popular ha defendido este jueves en el Pleno relativa a la doble tarifa eléctrica para el regadío andaluz, que ha contado con los apoyos de Vox y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que el PSOE-A y Por Andalucía se han abstenido.
En concreto, en virtud de esta iniciativa, el Parlamento de Andalucía ha manifestado “la necesidad de que el Gobierno de España cumpla lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria de 2021 y facilite la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego”.
Se trata, según defiende la iniciativa aprobada, de una “medida fundamental de apoyo a los agricultores andaluces en el contexto actual de incrementos desorbitados de sus costes de producción y, en concreto, de los costes energéticos y de la factura eléctrica”.
Además, y tras incluir una enmienda planteada por Vox, el Parlamento ha acordado instar al Gobierno andaluz a que a su vez inste al de España para que “establezca un tipo reducido del 5% del IVA en la factura eléctrica del sector agrario, al igual que se aplica para los suministros domésticos”.
El parlamentario del PP-A Manuel Andrés González ha sido el encargado de defender esta proposición no de ley que relata en su exposición de motivos que la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, establece que el Gobierno de España facilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego.
“UNA OBLIGACIÓN LEGAL”
“Por tanto, la doble tarifa eléctrica es una obligación legal para el Gobierno de España, no solo porque así lo haya establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria de 2021, sino porque también está establecido en otras leyes estatales desde 2018, y es una de las medidas que mayor repercusión tendría para reducir los elevados costes de producción a los que están haciendo frente los agricultores andaluces”, sostiene la iniciativa ‘popular’.
Desde el PP-A han defendido que el establecimiento de dicha tarifa “contribuiría a potenciar la generación de riqueza y empleo en las comarcas eminentemente agrarias que dependen de actividades económicas estacionales como la agricultura, y supondría indirectamente una medida de lucha contra la despoblación al incidir directamente en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias, vitales para el mantenimiento de la población en zonas rurales”.
Además, desde el PP-A han reivindicado que “el establecimiento de la doble tarifa eléctrica es una medida más necesaria que nunca en el contexto actual de asfixia de los agricultores por los altos costes energéticos, que, como denuncian organizaciones agrarias, se han incrementado más del 90% en el último año”.
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