SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A y de Vox, tomar en consideración la proposición de ley registrada el año pasado por el grupo Por Andalucía para reformar la Ley andaluza de Incompatibilidades. La iniciativa ha sido apoyada por los grupos de PSOE-A y Mixto-Adelante Andalucía.
Se trata, en concreto, de la Proposición de Ley relativa a refuerzo de la obligación de exclusión de altos cargos en situación de incompatibilidad en empresas licitadoras de contratos públicos, que Por Andalucía anunció el año pasado que registraría para “endurecer” la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos.
El Consejo de Gobierno andaluz ya manifestó el año pasado su criterio contrario a la toma en consideración de esta iniciativa, que no ha salido así adelante merced al rechazo a la misma que han plasmado en el Pleno el Grupo Popular, con la mayoría absoluta, y Vox.
La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha sido la encargada de intervenir en el Pleno en defensa de esta iniciativa que cuenta con un único artículo destinado a cambiar el artículo 9 de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración andaluza para “reforzar la protección” legal ante las “puertas giratorias” que puedan protagonizar ex altos cargos de la administración, según defendió el grupo que integra a Podemos e IU, entre otras formaciones de izquierdas, cuando presentó esta proposición de ley.
Desde Por Andalucía defendieron entonces que el objetivo de esta iniciativa es “proteger el interés general cuando la ley se incumpla”, para lo cual planteaba, de un lado, recuperar la redacción del artículo 9 de la citada Ley 3/2005, que fue “modificada vía decreto” por el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A), según subrayaron desde la coalición.
Así, desde Por Andalucía explicaron que, antes de dicha modificación, “una empresa que aspiraba a ser adjudicataria debía certificar desde su órgano de dirección o administración que no contaba con ninguna persona que pudiera estar incumpliendo la ley de incompatibilidades”, pero tras dicha reforma “ya sólo se requiere una declaración responsable de alguien que represente a la empresa en el proceso”.
TRAS EL CASO DEL EXVICECONSEJERO DE SALUD
Por Andalucía registró esta iniciativa tras conocerse el nombramiento de Miguel Ángel Guzmán como director médico de una aseguradora sanitaria, “apenas tres meses después de su renuncia a la Viceconsejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía”, según criticó el grupo.
Posteriormente, a finales de mayo de 2024, el Gobierno andaluz aprobó un decreto ley que modificó la referida Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta para regular el procedimiento que debe seguir un ex alto cargo durante los dos años posteriores a su cese en el caso de que vuelva a ejercer tras el mismo una actividad privada.
El decreto ley, que fue convalidado posteriormente por el Pleno del Parlamento con los votos de PP-A y Vox, planteó una “modificación puntual y quirúrgica” en la norma de la Junta para que, durante los dos años siguientes a su cese, los altos cargos no puedan realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas –incluidas las que pertenezcan al mismo grupo societario– relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo.
Además, y en virtud de esta reforma, durante los dos años tras el cese tampoco podrán firmar, ni por sí mismas ni a través de entidades participadas por ellas directa o indirectamente en más del 10%, contratos administrativos o privados de cualquier naturaleza con la Junta y sus entidades dependientes, en las que hubieran prestado servicios, siempre que guarden relación directa con las funciones ejercidas.
CRITERIO CONTRARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Respecto a la iniciativa de Por Andalucía, el Consejo de Gobierno acordó el 30 de abril de 2024 manifestar su “criterio desfavorable” para la toma en consideración de esta proposición de ley al entender que no resultaba “procedente”, en primer lugar, por no compartir “que la sustitución de la certificación por una declaración responsable –para acreditar la no existencia de situación de incompatibilidad– sea indiferente desde el punto de vista de las cargas administrativas”.
De igual modo, el Gobierno del PP-A subrayó para justificar su rechazo a esta iniciativa que la comunidad autónoma andaluza “carece de título competencial para poder modificar el régimen de las prohibiciones de contratar, extendiendo los efectos de la misma a los supuestos pretendidos en la proposición” de Por Andalucía, que, de este modo, el Ejecutivo andaluz consideró que “ha de descartarse en cuanto a la falta de consecuencias que se derivan de la firma de una declaración responsable inexacta o falsa”.
DEBATE EN EL PLENO
En el debate para la toma en consideración de esta iniciativa, la parlamentaria del PP-A Berta Centeno ha justificado el voto en contra de su grupo a la tramitación de esta proposición de ley porque “duda de la buena intención” de la misma, porque cree que desde Por Andalucía “pretenden” con esta iniciativa “intentar tensionar la vida política de Andalucía y contaminarla con el ambiente político crispado en España”, así como porque albergan “enormes dudas sobre la técnica legislativa” elegida por el grupo de Inma Nieto, y por “las nefastas consecuencias” que, en su opinión, se podría derivar de esta iniciativa “si se aprobara”.
Por su parte, el diputado del PSOE-A Rafael Márquez ha trasladado la “posición favorable” del Grupo Socialista a que “se debata” esta proposición de ley en el Parlamento para poder “enmendarla, mejorarla y reforzarla” para “conseguir el objetivo que persigue, que no es otro que el de garantizar el interés público y el de que el régimen de las incompatibilidades sea eficaz y no simplemente papel mojado”, según ha abundado antes de lamentar que “la mayoría absoluta” y el “rodillo” del PP-A iba a “impedir” la tramitación de esta iniciativa.
Al hilo, ha sostenido que al PP-A “no le interesa este debate” porque, por un lado, concibe el Parlamento andaluz como un instrumento “exclusivamente al servicio” de sus “intereses electorales y partidarios”, y porque sus “intereses” están “dirigidos exclusivamente a debilitar al contrario, en este caso al PSOE”, y “todo lo demás le sobra”, según ha criticado.
Por parte de Vox, su diputada Cristina Jiménez ha señalado que “deberían aprobarse auténticos códigos de conducta, de ética pública y política” para intentar “alejar la corrupción de la esfera política”, desde la premisa de que “no solamente es necesario prohibir el ejercicio de actividades en el ámbito privado incompatibles una vez se deja de ostentar cargo público si realmente no se aplican medidas sancionadoras con carácter disuasorio”, porque “no podemos olvidar que las puertas giratorias son una realidad”, según ha sostenido.
Además, ha remarcado que “ha pasado casi un año” desde que el Parlamento convalidó el decreto ley de la Junta para reformar la Ley de Incompatibilidades, y ha preguntado al Gobierno andaluz “si va a cumplir con la palabra dada” y a “abordar la regulación completa que afecta a los altos cargos de la Junta, para saber a qué atenernos”.
Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha valorado como “buena” la iniciativa de Por Andalucía para “intentar mejorar” el funcionamiento de la administración, y ha emplazado a quien considere que “no es necesario reformar la incompatibilidad de altos cargos de la Junta” a explicárselo “fuera a cualquier andaluz”.
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