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El Parlamento rechaza con la mayoría del PP-A urgir a la Junta un aumento de financiación del coste-plaza de residencias

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SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del Grupo Popular, una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE-A con la que la formación socialista quería, entre otras cuestiones, que desde la Cámara se instase al Gobierno andaluz a “incrementar de forma inmediata la financiación del coste/plaza de los centros residenciales” de la comunidad autónoma “en un porcentaje, como mínimo, igual al aumento del IPC acumulado”.

La iniciativa, que se ha votado en dos bloques de puntos, no ha salido aprobada pese a los apoyos recibidos por parte de los grupos Por Andalucía y el Mixto-Adelante Andalucía –y también, en algunas de sus reivindicaciones, de Vox, que ha votado en contra de dos puntos–, al contar en su totalidad con el voto en contra del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta.

El Grupo Socialista justificaba la reclamación de aumento de financiación que ha sido rechazada “para garantizar los refuerzos humanos y materiales necesarios” en dichas residencias, “repercutiendo directamente en las retribuciones del personal que presta estos servicios, y garantizándose que dicho incremento no supondrá un aumento del importe que abonan las familias de las personas usuarias”.

En segundo lugar, la PNL socialista que ha sido rechazada planteaba que el Parlamento instase a la Junta a “impulsar la equiparación salarial y condiciones de trabajo de los profesionales que prestan sus servicios en los centros residenciales al resto de profesionales de su misma categoría en otros sistemas como el sanitario, y ajustar los precios/plaza al aumento en dichas retribuciones”.

También quería el Grupo Socialista con esta iniciativa que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno andaluz a “establecer las ratios de profesionales en las residencias, tanto personal sanitario como cuidadores, por personas usuarias en número y presencialidad durante las 24 horas, que garantice los criterios de calidad en la asistencia y cuidados exigidos”.

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Que el Parlamento instase al Gobierno de la Junta a “establecer mecanismos de control y auditorías en su gestión en relación con las residencias que proporcionen una mayor transparencia en la toma de decisiones y la adopción de medidas para la mejora de la prestación de sus servicios” era otra de las reclamaciones de esta iniciativa socialista.

A estas reivindicaciones había que sumar la de que el Parlamento inste a la Junta a “aumentar el número de plazas residenciales financiadas” por la Administración andaluza, “mediante la licitación oportuna, y a cubrir de manera inmediata las plazas concertadas que se encuentran sin ocupar en este momento en los centros residenciales que cuentan con estas plazas concertadas durante este mismo año, y a estudiar una modificación de la normativa que establezca el abono de las plazas que queden vacantes a partir del mes siguiente de la comunicación de dicha vacante por parte de la entidad”.

Además, el PSOE-A quería que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno a “establecer un programa económico para compensar el incremento del coste de los precios máximos de los servicios de comedor en los centros de participación activa de Andalucía para que los mayores sigan abonando el mismo precio de 2022, y que estaba establecido en 4,83 euros”.

Finalmente, la iniciativa socialista quería instar a la Junta a “promover la creación de un grupo de trabajo con participación de profesionales, usuarios, entidades, técnicos y grupos parlamentarios que se centre en la actualización de la normativa autonómica en materia de residencias, que eleve los estándares de calidad y respuesta del sistema ante cualquier eventualidad y que garantice su sostenibilidad mediante el cálculo de costes reales de estos cuidados y su financiación pública, para impulsar un modelo de centros residenciales más humano y de más calidad, que se convierta en un referente en toda España”.

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POR UN “NUEVO MODELO DE CENTROS RESIDENCIALES”

En defensa de la iniciativa, el parlamentario del PSOE-A José Luis Ruiz Espejo ha reivindicado la necesidad de “un nuevo modelo de centros residenciales basado en los valores europeos comunes de dignidad, igualdad y respeto por los derechos humanos, así como en el pilar de los derechos sociales en términos de accesibilidad, calidad y sostenibilidad”.

De igual modo, ha dicho compartir “la preocupación manifestada por familiares de usuarios de personas de residencias en Andalucía”, y de “organizaciones como FOAM, por la situación en la que se encuentran nuestras residencias ante la nueva ola de aumentos de los contagios por Covid y la preparación de estas tras la experiencia de olas anteriores” de la pandemia, “y las reivindicaciones de profesionales y personas usuarias”.

Al respecto, ha dicho echar “de menos la adopción de medidas” por parte de la Junta en las residencias andaluzas “dirigidas a reforzar el aumento de personal y a mejorar sus condiciones laborales y salariales, como mejor opción para garantizar la fidelización de los profesionales y de su dedicación”, así como apuesta por “destinar los recursos suficientes para garantizar que las ratio de profesionales por personas usuarias sean más razonables en atención a los cuidados que deben prestarse, así como de las provisiones y materiales adecuados”.

PP-A DEFIENDE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE MORENO

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PP-A María Isabel Lozano ha señalado que resulta “difícil entender qué es lo que quieren trasladar” desde el PSOE-A “a la sociedad con esta iniciativa”, tras lo que ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno ha subido el precio-plaza de las residencias en los últimos cuatro años “por encima del IPC”, al contrario que los socialistas, que, cuando gobernaban en la Junta, “no subían, y congelaban” ese precio, además de que “no pagaban”, según ha denunciado la parlamentaria, que ha resaltado además que, del año 2015 al 2018, con el anterior gobierno socialista andaluz, se crearon “283 nuevas plazas” en residencias, frente a las “2.583” impulsadas bajo la presidencia de Moreno, 671 en el pasado año 2022, según ha especificado.

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La parlamentaria de Vox Ana María Ruiz ha criticado que esta iniciativa venga “de la sucursal andaluza del Gobierno socialcomunista” –en referencia al que preside Pedro Sánchez– que, “en momentos de mayor dificultad para los mayores, no ha tomado decisiones ejemplares y eficientes para ayudarles”, y al que ha reprochado la “insensibilidad y negligencia de sus nefastas políticas”, que “han sido responsables de la situación por la que están pasando las personas más vulnerables”, según ha denunciado antes de apostillar que, no obstante, su grupo “nunca se negará a las mejoras” en materia de dependencia.

Por último, el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha valorado “de manera positiva” la presentación de esta PNL que plantea “cuestiones de sentido común” que “hay que tener en consideración”, y ha aprovechado para reivindicar la necesidad, a su juicio, de “repensar” desde el Parlamento “el modelo de cuidados que queremos llevar a cabo”, partiendo de la premisa de que el actual es “insostenible” y hay que plantear “una alternativa diferente” basada en la “humanización” y con una “planificación pública lo más correcta posible”.


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