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El Parlamento ha aprobado la solicitud de aumento de agentes de Policía y Guardia Civil con los votos del PP-A, Vox y Por Andalucía

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SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Partido Popular que reclama al Gobierno una defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los funcionarios de prisiones y de vigilancia aduanera.

Esta iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del grupo proponente, el Popular, así como de Vox en Andalucía, y Por Andalucía, mientras que ha cosechado la abstención del Grupo Socialista y el voto contrario del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, salvo en un apartado de la iniciativa que sí ha apoyado.

El PP-A ha incorporado a su texto inicial tres enmiendas de Vox con las que reclama también al Gobierno el uso de drones para la vigilancia del río Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a Sevilla, así como la creación de un servicio marítimo de la Guardia Civil en el puerto de Sevilla.

A esto ha sumado el aumento de las plantillas de ambos cuerpos, así como de los funcionarios de aduanas y de prisiones, junto con la declaración de Zona de Especial Singularidad por “especial incidencia de la criminalidad” como son los casos del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz en su conjunto.

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La iniciativa declara la adhesión del Parlamento a “las reivindicaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil ante el Gobierno de España”, así como un reconocimiento a su labor “para salvaguardar nuestra libertad y nuestro Estado de derecho”.

Reclama del Gobierno “cumplir con los compromisos adquiridos” con estos cuerpos y con agentes de aduanas acerca de “la declaración como profesión de riesgo, de mejoras laborales”, junto con “corregir la injusta discriminación que sufren en el acceso a la jubilación anticipada” y el reconocimiento formal “a los integrantes del cuerpo de funcionarios de prisiones la condición de autoridad pública”.

Demanda al Gobierno que “atienda todas las necesidades y déficits de medios personales” de ambos cuerpos, así como de los agentes de aduanas y funcionarios de prisiones para que puedan ejercer “su trabajo con seguridad y efectividad”.

Quiere de la Administración del Estado que promueva en las Cortes Generales “las reformas legales necesarias” para “fortalecer el principio de autoridad” y con ello que agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y de aduanas “puedan prestar su servicio con todas las garantías”.

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Exige al Gobierno dotar a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de aduanas y funcionarios de prisiones de “los medios materiales suficientes y acordes con la peligrosidad de sus funciones”, entre los que incluye, vehículos pesados y todoterrenos, patrulleras modernas; tecnología adecuada para las labores de vigilancia, detección y prevención de los delitos de tráfico de drogas en Andalucía, en los que incluye drones, GPS o cámaras térmicas, y medios de defensa y el chaleco antibalas y los guantes anticorte.

La defensa de la iniciativa la ha asumido el diputado por Sevilla José Ricardo García Román, quien ha defendido un texto para “volver a exigir al Gobierno de España que cumpla con las demandas históricas de unos colectivos que, con medios absolutamente precarios, ponen diariamente en riesgo su vida”.

El PP-A ha recordado que en abril la Asamblea autonómica ya aprobó -también a instancias del Grupo Popular- una Proposición no de Ley (PNL) en Pleno para la declaración como profesión de riesgo y equiparación salarial a la Guardia Civil y Policía Nacional, y que recibió la abstención del PSOE.

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La iniciativa del PP-A sostiene que la provincia de Cádiz vive una realidad muy castigada por esta lacra, pero que la situación se ha extrapolado a otros territorios como Málaga, Huelva, Almería o a lo largo del río Guadalquivir.

Por ello, el PP andaluz entiende que es “indispensable” mejorar las condiciones, los medios y los recursos que permitan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “desempeñen su trabajo con dignidad y con garantías, poniendo especial énfasis en aquellos lugares en los que existe una situación de peligrosidad como son aquellos en los que narcotraficantes u otra tipología de crimen organizado actúan con total impunidad”.


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